En las regiones agroexportadoras se vota por más inversión y empleo

Las agroexportaciones volvieron a confirmar durante el 2025 que constituyen uno de los principales motores del crecimiento económico peruano. El sector alcanzó un récord histórico de US$ 14,760 millones en exportaciones, 20% más que el año anterior, y concentró el 55.1% de todos los empleos generados por las exportaciones nacionales; es decir, más de dos millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos. Detrás de estos resultados se encuentran productos que hoy lideran los mercados internacionales: el arándano, con US$ 2,457 millones exportados y el Perú consolidado por sexto año consecutivo como el primer exportador mundial; la uva, que ya supera los US$ 2,000 millones en ventas externas; y la palta, con US$ 1,340 millones.

Sin embargo, estas cifras no solo reflejan el éxito de un sector productivo. También explican un fenómeno económico, social e incluso político que empieza a definir el mapa electoral peruano. Allí donde la agroexportación se consolidó, también crecieron el empleo formal, los ingresos familiares, la inversión privada y una nueva clase media que identifica claramente el origen de su prosperidad.

Las regiones de La Libertad, Ica, Lambayeque y Piura constituyen el mejor ejemplo de esta transformación. Gracias al desarrollo de grandes proyectos de irrigación, apertura comercial y seguridad jurídica para las inversiones, estos departamentos han construido durante las últimas décadas un poderoso corredor agroexportador que hoy compite exitosamente en los principales mercados del mundo.

La Libertad lidera la producción nacional de arándanos, paltas y uvas; Ica se ha convertido en uno de los grandes polos vitivinícolas y frutícolas del continente; Piura concentra una importante producción de mangos, limones y uvas; mientras Lambayeque ha experimentado un crecimiento extraordinario en la producción de arándanos durante la última década. En conjunto, estas regiones demuestran que cuando existen agua, infraestructura y reglas estables, la inversión privada es capaz de transformar desiertos en algunos de los territorios más dinámicos del país.

Los beneficios sociales son igualmente evidentes. Los salarios del sector agroexportador superan sistemáticamente la remuneración mínima vital, mientras miles de trabajadores acceden por primera vez a empleo formal, seguridad social y estabilidad laboral. Al mismo tiempo, alrededor de las empresas exportadoras florecen servicios de transporte, logística, mantenimiento, comercio, empaques, manufactura ligera y múltiples actividades complementarias que diversifican las economías regionales.

Los indicadores de pobreza reflejan con claridad ese proceso. Ica registra apenas 4.5% de pobreza, una cifra extraordinariamente baja frente al promedio nacional de 25.7% y comparable con economías mucho más desarrolladas. Lambayeque redujo su pobreza hasta 14.5%, convirtiéndose en una de las regiones con mejores indicadores sociales del país. Incluso en La Libertad y Piura, donde las cifras regionales todavía son elevadas debido a las provincias andinas, la franja costera vinculada a la agroexportación muestra niveles de desarrollo muy superiores al resto de sus respectivos territorios.

Esta realidad ayuda a comprender otro fenómeno igualmente relevante: el comportamiento electoral de estas regiones durante la última década.

Los resultados de las tres últimas segundas vueltas presidenciales muestran una notable consistencia. En 2016, Keiko Fujimori obtuvo en Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura porcentajes superiores a su promedio nacional. El mismo patrón volvió a repetirse en el 2021 frente a Pedro Castillo y nuevamente en el 2026 frente a Roberto Sánchez. En los tres procesos electorales, estas regiones respaldaron mayoritariamente a la candidata que representaba la continuidad del modelo económico basado en inversión privada, apertura comercial y promoción de las agroexportaciones.

No parece tratarse de una coincidencia. Allí donde la agroexportación ha generado empleo formal masivo y oportunidades de movilidad social, los ciudadanos han desarrollado un fuerte incentivo para preservar las condiciones que hicieron posible ese progreso. Es una lógica elemental: cuando un modelo económico mejora efectivamente la calidad de vida de millones de personas, estas tienden a defenderlo mediante el voto.

A diferencia de otras regiones cuya economía depende fundamentalmente del gasto público o de transferencias fiscales, en los polos agroexportadores el desarrollo proviene principalmente de la inversión privada, la innovación tecnológica y la integración a los mercados internacionales. Los trabajadores perciben directamente los beneficios del crecimiento económico a través de salarios, empleo estable y nuevas oportunidades empresariales.

La experiencia de estas regiones ofrece una lección de enorme importancia para el nuevo gobierno. El gran desafío ya no consiste únicamente en preservar los logros alcanzados, sino en extender este modelo hacia aquellas zonas del país donde todavía predominan la pobreza, la falta de infraestructura y la ausencia de oportunidades productivas.

Ello exige acelerar los grandes proyectos de irrigación pendientes, ampliar la red de carreteras, fortalecer las asociaciones público-privadas, abrir nuevos mercados internacionales y mantener un marco jurídico estable que continúe atrayendo inversiones de largo plazo.

Las regiones agroexportadoras han demostrado que existe un camino eficaz para reducir la pobreza de manera sostenida. Allí donde llegaron el agua, la inversión privada y la apertura comercial, surgieron empleo formal, crecimiento económico y una nueva clase media. La tarea pendiente consiste ahora en llevar esa misma fórmula de desarrollo a los territorios donde el progreso todavía no ha llegado. De ello dependerá que el crecimiento deje de ser una experiencia regional para convertirse, finalmente, en una realidad nacional.