El cobre puede sacar a Cajamarca de la pobreza

Pese a la reducción de la pobreza registrada a nivel nacional durante el 2025, la región Cajamarca permanece entre las más pobres del país y acumula ya diecisiete años consecutivos formando parte del grupo con mayor incidencia de pobreza extrema. Pero no se trata de un territorio sin recursos naturales ni de una economía condenada por la geografía. Todo lo contrario, Cajamarca posee algunas de las mayores reservas de cobre del mundo y, sin embargo, continúa sin convertir esa riqueza potencial en bienestar para su población.

La explicación de esta paradoja no está bajo tierra, sino sobre ella. Durante los últimos años, el Perú ha sido incapaz de construir las condiciones políticas e institucionales necesarias para transformar inversiones mineras en desarrollo regional. Mientras el mundo atraviesa un superciclo del cobre impulsado por la transición energética, los vehículos eléctricos y la revolución tecnológica, Cajamarca mantiene inmovilizada una cartera minera superior a los US$ 16,000 millones.

En ese corredor se encuentran proyectos de escala mundial como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay. Si estas inversiones hubieran avanzado conforme a sus cronogramas originales, el Perú estaría hoy disputando el liderazgo mundial en producción de cobre y Cajamarca tendría una realidad económica completamente distinta. Solo el corredor cuprífero cajamarquino podría incorporar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año, volumen equivalente a cerca del 60% de toda la producción nacional actual.

Resultan particularmente oportunas, por ello, las recientes declaraciones de Samuel Ortiz, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Ortiz sostuvo que los sectores ambientalistas mantienen un preocupante silencio frente al avance de la minería ilegal y del crimen organizado en la región, mientras se oponen sistemáticamente al desarrollo de proyectos formales capaces de generar empleo, inversión y recursos fiscales. Asimismo, insistió en que Cajamarca necesita una articulación efectiva entre Estado, empresa privada y sociedad civil para romper un círculo de pobreza que se prolonga desde hace demasiados años.

La historia reciente confirma esa apreciación. La paralización del proyecto Conga en el 2011 marcó un punto de inflexión que deterioró la confianza de los inversionistas y proyectó una imagen de enorme incertidumbre sobre el desarrollo minero del norte del país. Desde entonces, numerosos proyectos permanecen detenidos precisamente cuando la demanda mundial de cobre ofrece una oportunidad histórica para economías con grandes reservas minerales como la peruana.

En este contexto, Michiquillay destaca como una de las iniciativas más relevantes para revertir años de estancamiento. El proyecto, adjudicado a Southern Perú, contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y prevé una producción anual de 225,000 toneladas métricas de cobre. De concretarse, su puesta en marcha permitiría incrementar en casi 10% la producción nacional del metal, fortaleciendo la capacidad exportadora del país y generando mayores recursos para el Estado.

Las cifras de Michiquillay adquieren una dimensión aún más relevante cuando se comparan con la realidad económica de Cajamarca. En una región que permanece desde hace 17 años entre las más afectadas por la pobreza extrema, una inversión de US$ 2,000 millones y una producción de 225,000 toneladas anuales representan mucho más que indicadores mineros. Constituyen una oportunidad concreta para generar empleo, atraer nuevas inversiones y convertir parte del potencial geológico de la región en bienestar tangible para su población.

Pero la importancia estratégica de Michiquillay trasciende incluso sus propios indicadores. Su desarrollo podría convertirse en la señal que el mercado necesita para destrabar el resto del corredor minero cajamarquino y recuperar la confianza perdida durante los últimos quince años. La puesta en marcha de estos proyectos permitiría además consolidar un verdadero clúster minero en el norte del país, articulando proveedores especializados, infraestructura logística, servicios de ingeniería, capacitación técnica y nuevas oportunidades para miles de pequeñas y medianas empresas.

La experiencia internacional demuestra que la minería moderna no genera únicamente exportaciones. Regiones como Antofagasta, en Chile, han construido alrededor de esta actividad ecosistemas empresariales altamente sofisticados que impulsan innovación tecnológica, servicios especializados, educación técnica y empleo formal de calidad. El Perú dispone de condiciones similares para replicar ese proceso, pero requiere estabilidad institucional, respeto al Estado de derecho y una estrategia coherente para promover inversiones de largo plazo.

A ello debe añadirse el enorme efecto multiplicador que caracteriza a la minería formal. Diversos estudios muestran que cada empleo directo generado por una operación minera crea entre tres y cinco puestos de trabajo adicionales en transporte, construcción, energía, metalmecánica, comercio y servicios. Es precisamente esa capacidad para dinamizar economías completas la que convierte a la minería en uno de los principales motores del desarrollo nacional.

Sin embargo, mientras persistan la incertidumbre jurídica, la conflictividad social mal gestionada, la expansión de la minería ilegal y la incapacidad del Estado para garantizar reglas estables, Cajamarca continuará exhibiendo la paradoja más dolorosa del Perú: una de las regiones con mayor riqueza mineral del planeta seguirá encabezando los indicadores nacionales de pobreza.