¡El nuevo gobierno y la guerra en contra de la minería ilegal!

Uno de los aspectos en que se reflejará, incuestionablemente, la recuperación de la gobernabilidad, el Estado de derecho y el principio de autoridad democrático, es en la lucha contra el desborde criminal que desangra a la sociedad, sobre todo en los sectores menos favorecidos. 

El asesinato de decenas de emprendedores, de padres de familia que trabajan en unidades de transporte público que no vuelven a casa y el cierre masivo de negocios ante la extorsión, tiene que acabar de una vez por todas. En ese sentido, el Ejecutivo debe convocar a todas las instituciones del Estado de derecho –Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, municipios y otros– y al sector privado a una gran convergencia nacional para derrotar a la ola criminal. 

Sin embargo, el avance del Estado de derecho en la recuperación de la gobernabilidad y contención de la criminalidad inevitablemente se reflejará en la contención de la minería ilegal; sobre todo, en oro y cobre. La minería ilegal ha sentado sus reales en siete regiones del país, destruyendo parques nacionales y zonas de reserva e invadiendo concesiones de las empresas formales. Y, en ese contexto llegan los pistoleros del crimen organizado.

Una de las cosas más desafiantes de la minería ilegal es que se pretende desarrollar un discurso social: se sostiene que la minería ilegal proviene de la exclusión de las grandes empresas de los pequeños emprendimientos. Sobre ese discurso social, incluso, existe una estrategia política que influye en las bancadas legislativas. Semejante estrategia social y política explica que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, un registro transitorio se haya convertido en permanente en la última década. De esta manera, las pequeñas unidades que desarrollan minería ilegal pueden evitar la ley porque el Reinfo les posibilita invadir y explotar concesiones formales y producir. ¡Están exonerados de las consecuencias penales!

La minería ilegal, pues, se ha convertido en una amenaza para la sociedad y el desarrollo de la minería moderna en el Perú, porque no solo destruye los parques nacionales y zonas de reserva, sino que invade las concesiones formales luego de años de inversión en exploraciones. Si el Estado de derecho y los partidos políticos del nuevo Legislativo no deciden enfrentar este fenómeno, entonces se derrumbará una de las columnas del modelo económico, sin necesidad de que Roberto Sánchez haya ganado las elecciones. ¿Cómo puede haber nuevas inversiones en esta realidad? Las exportaciones de la minería ilegal en oro ya tienen el mismo valor que las exportaciones formales, y las exportaciones ilegales de cobre no cesan de crecer por el superciclo de precios de los minerales.

Hablar de minería ilegal es hablar de áreas y zonas del país controladas por el crimen organizado que están conectados con la ola criminal que afecta a toda la sociedad. He allí la razón de por qué el nuevo Congreso debe aprobar una nueva Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) que establezca un real proceso de formalización minera de las pequeñas unidades y evite la absurda ampliación del Reinfo.

Para entender la magnitud de las cosas vale señalar que la minería ilegal ha sentado sus reales en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, y se ha extendido en el corredor minero del sur en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional. Si se duda, aquí hay un ejemplo que estremecería a cualquier observador internacional: Las Bambas, una de las minas más grandes de cobre del planeta y con una inversión de más de US$ 10,000 millones, tiene casi todo el tajo Sulfobamba invadido por mineros ilegales que suelen movilizar alrededor de 300 camiones diarios con el mineral ilegal.

El nuevo gobierno debería entonces iniciar una cruzada de formalización minera y, al mismo tiempo, desarrollar una ofensiva en contra de la minería ilegal, recuperando todas las áreas controladas por el crimen organizado y enfrentando con firmeza las propuestas legislativas de las bancadas que toleran la minería ilegal y que pretenden modificar el sistema de propiedad de minería con el objeto de legalizar las invasiones de concesiones formales.

Nunca debemos olvidar que el actual sistema de propiedad en minería es el mismo de Australia, Canadá, Chile y del propio Perú, es decir es el sistema que permite a los países convertirse en potencias mineras.