El Estado burocrático y el relato en contra de la inversión

En las últimas tres décadas el modelo económico triplicó el PBI, redujo la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia), y acrecentó el número de las clases medias como nunca en la historia republicana. El Perú pasó de ser una sociedad de ingreso bajo a una de ingreso medio. El crecimiento y el avance de la inversión privada se basaron en la desregulación de precios y mercados que sancionaron la Constitución y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país. Sin embargo, el Estado se convirtió en la rémora del crecimiento y en el enemigo de la sociedad, los ciudadanos y la inversión privada.

A nuestro entender dos factores organizaron el mayor fracaso estatal de nuestra historia, sobre todo considerando la cantidad de recursos que aporta el sector privado al fisco a través del pago de impuestos: la burocratización del Estado a través de sobrerregulaciones y procedimientos interminables y la regionalización que replicó, en 25 circunscripciones, la burocracia, la corrupción y la ineficiencia del Estado tradicional.

La burocratización del Estado, que afecta a los ciudadanos y a la inversión privada, a nuestro entender, es consecuencia directa de las ideologías y narrativas que pretenden empoderar al Estado, al burócrata, y restarle poder e iniciativa a la sociedad en general. Por ejemplo, allí están los relatos que demonizan la inversión privada, no obstante que el sector privado explica la reducción de dos tercios de la pobreza –a través de la creación de empleo–, como causa principal de las sobrerregulaciones en casi todos los sectores económicos.

Mientras se desarrollaba el modelo económico, en los últimos 30 años, las corrientes comunistas disolvieron los viejos partidos bolcheviques y se dedicaron a formar oenegés medioambientales con el objeto de demonizar las inversiones modernas en recursos naturales. A pesar de cumplir con todos los estándares mundiales para la preservación del medio ambiente, las compañías de minería y de hidrocarburos fueron satanizadas con leyendas y mentiras. El resultado: el Estado peruano se convirtió en uno de los más sobrerregulados en minería. 

Por ejemplo, en el Perú la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar exploraciones demora entre 18 y 24 meses, mientras que en Chile demanda tres meses y en Canadá cerca de dos semanas. El resultado es que cada vez hay menos exploraciones y, por lo tanto, menos proyectos de exploración, en comparación con otros países. En la actualidad el Perú tiene 64 proyectos en exploración, en tanto que Chile 200. El efecto en el mediano plazo será devastador para la minería.

La sobrerregulación que afecta a los ciudadanos, a las pequeñas y grandes empresas, entonces, convierte en letra muerta los principios desreguladores de la Constitución Política. Y la burocratización no se focaliza en determinados sectores económicos, sino que se extiende a toda la sociedad.

Otro ejemplo que se debe considerar es el de la legislación laboral. En el Perú las narrativas sobre “la explotación del trabajador”, sobre “la plusvalía y el robo del empresariado”, nos han llevado a tener una de las diez legislaciones más sobrerreguladas del planeta, según diversos rankings mundiales. Un fallo del Tribunal Constitucional, incluso, consagra una especie de estabilidad laboral absoluta al señalar que el trabajador despedido puede preferir regresar al puesto de trabajo antes que la indemnización. 

El Perú entonces ha preferido el camino de la legislación laboral de los países de la ex Unión Soviética y del régimen chavista de Venezuela, a diferencia de los países desarrollados que promueven la inversión y la creación de empleo. El resultado inevitable: más de dos tercios de los trabajadores están en informalidad sin sistemas de salud ni previsional.

La burocratización del Estado, pues, es el resultado directo de los relatos y narrativas que las izquierdas comunistas y progresistas han construido en las últimas décadas con el objeto de detener el crecimiento y la expansión de las libertades en el país.