El BETA agrario promueve la informalidad y destruye empresas

La manera cómo los sectores progresistas se oponen al nuevo régimen promocional tributario en el agro sorprende sobremanera. El argumento es la defensa de la estabilidad fiscal, sin embargo, ¿alguien puede defender la estabilidad fiscal si no dice nada frente al Estado burocrático, la multiplicación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones? El Estado burocrático es la principal causa de cualquier déficit fiscal.

Sin embargo, el relanzamiento de la productividad y competitividad de las agroexportaciones nacionales no será posible si no se eliminan todas las sobrerregulaciones que han hecho desaparecer la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Antes de la derogación de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, por el gobierno provisional de Francisco Sagasti, la informalidad laboral en el agro se situaba en el 80%. Hoy se calcula que el 93% del agro es informal. En otras palabras, las empresas formales más pequeñas y enganchadas con las agroexportaciones simplemente han tenido que abandonar la formalidad.

La derogatoria del régimen de flexibilidad laboral establecido en la anterior Ley de Promoción Agraria detuvo en seco el mayor proceso de formalización de empleo en las últimas décadas. En el 2004, por ejemplo, en el sector agrario existían alrededor de 460,000 empleos formales entre directos e indirectos. Después, hasta antes de la derogatoria del régimen de flexibilidad laboral, se habían creado 1.5 millones de empleos. Hoy se calcula que se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales.

¿Por qué se está produciendo semejante destrucción del empleo formal en el agro? Luego de la derogatoria de la anterior ley de Promoción Agraria, la ley 31110 estableció que el salario en el agro tendría un bono especial para el trabajador agrario (BETA) sobre el 30% de la remuneración mínima vital. ¿Por qué razón económica el progresismo implementó esta barbaridad? Nadie lo entiende. Solo puede deberse a la voluntad de eliminar a las agroexportadoras nacionales que compiten con otros países en los mercados mundiales.

Los salarios representan entre el 50% y 60% de los costos totales de las empresas agroexportadoras. El llamado BETA, simplemente, destruye la productividad y la rentabilidad de las empresas porque incrementa los costos laborales en cerca del 80% del total. En este escenario, las empresas más pequeñas recurren a la informalidad y las más grandes invierten en maquinaria para reemplazar la lógica del empleo masivo en el agro. 

Vale anotar que el anterior régimen laboral, basado en la flexibilidad de los contratos, era una ley abiertamente pro empleo. Por ejemplo, posibilitaba que las empresas contratarán entre 10,000 y 15,000 trabajadores, con todos sus derechos, por temporada de siembra, mantenimiento y cosecha.

Pero la ley del progresismo, la Ley 31110, no solo establece el BETA, sino que también promueve la sindicalización de los trabajadores, la negociación por rama y la contratación preferencial de los trabajadores previos. Es decir, pretende eliminar cualquier rastro de flexibilidad laboral.

El desarrollo de una agricultura moderna es uno de los caminos más precisos del país para llegar al desarrollo y expandir el bienestar. La multiplicación de la inversión y reinversión en el agro son condiciones necesarias para diversificar la economía, crear ciudades intermedias que terminen con la tugurización de la capital, desarrollar clases medias consolidadas en las provincias y las áreas rurales y, sobre todo, terminar con la pobreza.