La falacia del pequeño y el grande. ¡La estrategia de la minería ilegal!

En el debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas y el intento de convertir un registro transitorio en uno permanente ha surgido la narrativa acerca de que las grandes empresas y las grandes concesiones avanzan sobre la exclusión de los pequeños. Es un artilugio, un debate falso, porque no resiste el menor análisis.

Por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, en donde las comunidades indígenas de Alaska son propietarias de la superficie y del subsuelo, las señaladas poblaciones no desarrollan pequeña minería, sino que promueven contratos con grandes corporaciones intensivas en capital y tecnología. Es la única manera de garantizar productividad y cuidado del medio ambiente. Igualmente, en todas las experiencias estatistas la minería y la inversión en recursos naturales siempre se han desarrollado a través de grandes unidades que crean economías de escala.

En la minería moderna del siglo XXI entonces no puede haber una contradicción entre la gran minería con la pequeña. Cualquier país que pretende explorar el mineral con una alta productividad, crear riqueza y empleo formal y, sobre todo, preservar el medio ambiente para las siguientes generaciones, tiene que convocar a corporaciones de talla mundial, con gran intensidad de capital, con las tecnologías de punta, precisamente, para garantizar riqueza y limpieza ambiental. Así sucede en Canadá, Australia, Chile y en nuestro país.

En el Perú la teoría de “las concesiones ociosas o los acaparadores de las concesiones” pretende echar por tierra esta realidad con el objeto de legalizar las invasiones y asaltos que desarrollan mineros ilegales en las concesiones formales de las grandes unidades. Como ya lo hemos repetido hasta la saciedad, en el Perú solo el 14% del territorio corresponde a las concesiones otorgadas por el Estado. El resto es una enorme posibilidad para desarrollar minería. Sin embargo, los conflictos con la minería ilegal se producen en alrededor del 10% de las reservas probadas de mineral de las concesiones formales; sobre todo en el corredor minero del sur, en donde se produce el 40% del cobre nacional.

La estrategia de ampliar el Reinfo hasta las calendas griegas se explica porque la pertenencia a este registro exonera a quien comete el delito de minería ilegal (invadir concesiones formales en exploración y explotación y desarrollar minería en zonas, reservas y parques forestales) de las graves sanciones penales que se establecen para este delito. De esta manera los invasores que desarrollan minería ilegal, por ejemplo, pueden sacar más de 300 camiones diarios con el mineral ilegal en el llamado corredor minero del sur y desarrollar una minería en cobre que no paga impuestos, no genera empleo formal y destruye el medio ambiente para las siguientes generaciones.

Una de las estratagemas para legalizar las invasiones de las concesiones formales ha sido la narrativa acerca de la exclusión del pequeño por los grandes. Sin embargo, detrás de los mineros artesanales, detrás de las llamadas comunidades que desarrollan minería, siempre están los grandes acopiadores de cobre y oro que lavan el mineral ilegal y lo exportan de diversas maneras al exterior. En otras palabras, detrás de la estrategia del pequeño siempre hay un grande que pretende acumular riqueza saltándose la Constitución y las leyes nacionales, cometiendo diversos delitos.

El gran problema del Reinfo es que su continuidad hasta las calendas griegas puede convertirse en una herida de gravedad para la minería moderna que en las últimas tres décadas ha acumulado inversiones de  más de US$ 60,000 millones y crea alrededor de 1.5 millones de empleos entre directos e indirectos. Una actividad sin cuyo aporte no se explicaría el actual modelo económico.

El Legislativo entonces tiene una enorme y gigantesca responsabilidad a la hora de desarrollar la segunda votación con respecto a la continuidad del Reinfo.