¿Qué candidato denuncia que el peor enemigo de los pobres es la descentralización fallida?

En el Perú existen alrededor de 11 millones de personas que carecen de servicios de agua potable y alcantarillado, no obstante que el Estado ha gastado varias veces la cantidad de dinero que podría haber resuelto este terrible flagelo en una sociedad de ingreso medio. La conclusión es incuestionable: el Estado, las regiones, los municipios, están repletos de dinero que aporta el sector privado a través de los impuestos; sin embargo, el dinero de las inversiones se saquea a través de los gobiernos subnacionales.

En el Plan Nacional de Competitividad del 2019 se calculó que para resolver los problemas de agua, desagüe, escuelas, postas médicas y carreteras en los próximos cinco años se necesitaban S/ 117,000 millones. Y para los siguientes veinte años la brecha demandaba S/ 363,000 millones. En el periodo entre el 2019 y el 2025 el Estado gastó alrededor de S/ 312,000 en proyectos; sin embargo, las brechas se mantuvieron, y en casos como agua potable y alcantarillado aumentaron en más de 1%. ¿Adónde se van los impuestos que se paga en el sector minero, en las agroexportaciones, en pesquería y otras actividades económicas?

En algunas regiones pobres –como Cajamarca, Loreto, Puno, Ayacucho y Huancavelica– los niveles de informalidad de la economía y la sociedad sobrepasan el 80% y la falta de agua y desagüe supera el 40% de la población. ¿Cómo puede existir tanta barbarie pese a los recursos aportados por los privados que financian el 80% del ingreso nacional?

Como todos sabemos, de cada tres soles de inversión pública en el Perú dos se gastan a través de los gobiernos subnacionales (regiones y municipios), que desarrollan las inversiones sin considerar criterios técnicos y en medio de irregularidades y corruptelas que, sin exageraciones, llevan a afirmar que a través de la descentralización se están saqueando los recursos destinados a los más pobres.

Ninguno de los candidatos que participan en el actual proceso electoral han tenido pronunciamientos categóricos frente a esta tragedia nacional que desata la descentralización. ¿Acaso no se entiende que la anemia que afecta al 43% de los niños peruanos tiene que ver con la imposibilidad de cerrar las brechas en infraestructura de los más pobres? Claro, sin considerar los ministerios progresistas de la Mujer y del Midis, que tienen una terrible responsabilidad en la anemia infantil.

Es incuestionable entonces que desde el 2026 está situación tiene que cambiar. Una salida, una posibilidad, es centralizar todos los proyectos regionales y nacionales de infraestructuras básicas, de manera que puedan ser licitados por el gobierno central en busca de operadores nacionales e internacionales.

Por ejemplo, si en una región hay carencias de decenas de colegios y otras decenas de postas médicas, se debería establecer criterios de construcción, tipos de material y otras tecnologías de acuerdo a las condiciones climáticas y de suelos de la región para estandarizar la construcción de cada unidad a construir. El objetivo: conseguir operadores internacionales de manera que –en Cajamarca y Puno, por ejemplo– los niños tengan escuelas y postas médicas con estándares mundiales.

El fracaso de la descentralización fallida, que no ha podido resolver las brechas de infraestructuras básicas confirma una tesis de este portal: el problema del Perú, del modelo, está en el Estado y no en el sector privado como suele afirmar la izquierda antisistema. 

Reformar el Estado, entonces, es la condición para relanzar el Perú.