Historia y cultura

La historia y la cultura son dos elementos que coexisten en la trayectoria político-jurídica de un texto constitucional. No se tratan de factores marginales porque resultan indispensables para la cohesión e identificación de la ciudadanía con su orden constitucional; en otras palabras, se trata de poder identificar la síntesis de un acuerdo fundamental sobre el cual desea conducirse una comunidad política. Se podría decir que, en medio de muchas opciones a tomar, tras esa decisión fundamental los gobernantes observan sus principios y reglas cuya función se asemeja a la brújula que siempre indica el norte a seguir por la comunidad política.

Las decisiones fundamentales de optar por una República, un Estado unitario y un régimen presidencial, que con el paso del tiempo adquirió matices particulares a fines del siglo XIX, marcaron los primeros pasos. Luego, hacia el primer cuarto del siglo XX, el tránsito hacia un Estado Social y Democrático de Derecho demandó un conjunto de políticas públicas todavía inacabadas. La Economía Social de Mercado y la autonomía del Banco Central de Reserva, y de otros órganos constitucionales bajo similar condición, es quizá la más palpable por el surgimiento de una vigorosa clase emprendedora, pero también incompleta por la ausencia de necesarias leyes antimonopólicas y contra los oligopolios que no se han discutido en los primeros treinta años de la Constitución de 1993.

El signo más distintivo de las dos últimas constituciones del siglo XX, las cartas de 1979 y 1993, ha sido la adopción de un amplio catálogo abierto de derechos fundamentales, un conjunto de garantías para su protección y la instauración de un Tribunal Constitucional consolidado a inicios del siglo XXI para su interpretación y defensa, así como el derecho para acceder a los organismos supranacionales agotada la jurisdicción interna; sin embargo, las propuestas electorales para la solución de problemas de coyuntura política sostienen la necesidad de restauración de la pena de muerte y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales manifiestan una ruptura del compromiso internacional que también forma parte del bloque de constitucionalidad.

A la luz de todo lo anterior, ¿cuáles son las razones que impiden identificar un acuerdo fundamental? La respuesta inmediata es la misma: la historia y la cultura. La historia republicana ha carecido de una manifiesta resistencia civil contra los regímenes antidemocráticos. La clase política nacional no independizó al país sino las corrientes libertarias del sur y norte del continente, lo cual generó una libertad "concedida" y no "conquistada". Si bien existen corrientes histórico-literarias (indigenismo) y movimientos sociales que luchan por derechos básicos, no lo hacen bajo el lenguaje técnico-cultural del constitucionalismo liberal y social. En otras palabras, la necesidad de un palpable mestizaje cultural entre ambas corrientes se encuentra todavía en formación.

Nuestra historia republicana se fue gestando en medio de promesas y retrocesos, uno de los más palpables fue la pugna por instaurar un ejecutivo fuerte emulando al virreinato (corriente conservadora) y el deseo de consolidar la dirección política mediante un Congreso (corriente liberal). Una discusión que encontró un punto de equilibrio con la Constitución peruana de 1860, pero sin complementarse con un sistema de partidos y una representación política dimensionada en el Congreso. En la actualidad, la fragmentación de la representación parlamentaria, sumada a un gobierno con mínima o nula bancada oficialista, produce erróneas interpretaciones sobre la mutación hacia un parlamentarismo. Una forma de gobierno que lleva esa denominación porque el primer ministro procede de la mayoría política en la asamblea legislativa elegida por voto popular.

El constitucionalismo y sus consecuencias (acuerdo fundamental, Imperio de Derecho y los valores democráticos) solo cristalizan en comunidades sensibles al significado de conquistar las libertades ciudadanas y la igualdad de oportunidades. En conclusión, el problema no es el texto constitucional sino la textura histórica de la sociedad. Una cultura política en proceso de interiorizar los valores de igualdad y libertad como conquistas propias.