¿Ejecutivo se enfrenta a mineros artesanales?

Los diferentes gremios de mineros artesanales —que suman alrededor de 400,000 productores— vienen desarrollando en los últimos días diversas reuniones para evaluar la conducta del nuevo Gobierno del presidente Martín Vizcarra con respecto al proceso de formalización minera. La pregunta que se formulan los pequeños mineros tiene que ver con lo siguiente: ¿Vizcarra continuará o no con la legislación promulgada por el gobierno de Ollanta Humala —que se mantuvo durante la administración PPK— que ha convertido el proceso de formalización en un verdadero fracaso?

Hay algunas señales de que el Gabinete Villanueva no producirá cambios importantes en el proceso de formalización. Por ejemplo, se acaba de conocer el nombramiento de Hernán Valdivia Misad como principal asesor del despacho de Energía y Minas. A Valdivia se le conoce como uno de los principales propulsores de las políticas de interdicción del ex ministro del Interior Daniel Urresti, quien se dedicó a bombardear los activos de los mineros artesanales. Asimismo hubo el intento de nombrar a la abogada Sandra Rossi como directora general de Formalización, no obstante que ella fue procuradora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente), que solo busca imponer sanciones y multas a los mineros artesanales, antes que promover políticas formalizadoras.

Todos estos hechos llevan a los mineros artesanales a considerar que el nuevo Ejecutivo no pretende desarrollar cambios legislativos y, de una u otra manera, acrecientan las posibilidades de un conflicto social. En este portal consideramos que la política formalizadora del Estado es un fracaso total porque de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 formularon una declaración de compromiso a favor del proceso, y solo 30,000 lograron pasar la etapa de saneamiento legal. Sin embargo, apenas 113 mineros artesanales alcanzaron la plena formalización.

Otros datos alarmantes nos revelan que solo 5,000 pequeños mineros tributan al Estado. Es decir, 395,000 están en informalidad. En el país se producen entre 3,000 y 5,000 kilos de oro mensuales sin facturar. Se calcula que desde el 2012 hasta la fecha el oro que se ha exportado informalmente del país suma US$ 15,000 millones. Resulta incuestionable, pues, que la política de formalización es un fracaso en todos los sentidos.

¿Cómo explicar el yerro estatal? El Decreto Legislativo N° 1100, promulgado por el ministro nacionalista Manuel Pulgar Vidal, señala que para formalizarse un minero artesanal debe presentar las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, el cálculo de las reservas probadas, los contratos de explotación de los yacimientos y el RUC correspondiente. Al pequeño minero se le exige los mismos requisitos demandados a la gran minería. ¿Alguien cree que la formalización puede funcionar? Imposible.

De otro lado, el Decreto Legislativo N° 1105, también promulgado por el nacionalismo, establece que bajo el tipo de “minería ilegal” se considera a los pequeños mineros que incumplen las regulaciones administrativas, ambientales, sociales y técnicas. En otras palabras, todos los mineros artesanales del Perú pueden ser calificados como mineros ilegales. Para cerrar el círculo de la exclusión, la administración PPK promulgó el Decreto Legislativo N° 1244, que señala que los delitos de minería ilegal deben ser considerados como parte de los delitos de crimen organizado.

Si a estas normas le sumamos el hecho de que entidades como la Sunat, la OEFA y la Policía solo priorizan las interdicciones, las multas, sanciones, embargos y pérdidas de dominio sobre cualquier política de Estado a favor de la formalización, entonces la imagen de un Estado abiertamente en contra de los mineros artesanales se completa.

En cualquier caso, el presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tienen la oportunidad de modificar la política de formalización y evitar un conflicto innecesario y, sobre todo injusto, con los mineros artesanales del país.