Derogatoria de la ley de promoción agraria y retroceso en debate económico

Cuando estaba vigente de la Ley de Promoción Agraria –al lado de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio– las tasas de crecimiento del sector agroexportador eran de los niveles más altos del planeta; incluso iguales o superiores a las de China cuando está economía se expandía a todo vapor, desatando la admiración mundial. En ese entonces se comenzaba a construir un consenso: la nueva ola de reformas en la economía peruana debía focalizarse en extender el régimen tributario especial y el sistema de flexibilidad de los contratos de trabajo que se habían establecido en la Ley 27360, también llamada Ley de Promoción Agraria. El debate, como se dice, iba para adelante.

Y es que las cifras alcanzadas por el régimen promocional agrario eran impresionantes. Las agroexportaciones en dos décadas se habían multiplicado de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones de la actualidad; se habían captado US$ 20,000 millones en inversiones y se promovía una incesante reinversión de utilidades; el empleo formal se había incrementado de 460,000 en el 2004 –entre directos e indirectos– a más de un millón de la actualidad y en las regiones agrarias la pobreza había bajado muy por debajo del promedio nacional (Ica tiene 6% de pobreza y a nivel nacional el promedio supera el 27%).

Todos los economistas apuntaban, pues, a generalizar el régimen tributario y laboral a toda la economía. Si algo así hubiese sucedido es evidente que el Perú habría avanzado a todo vapor a convertirse en una economía desarrollada a través de otras reformas que se habrían implementado casi por inercia: un Estado sin burocracia, un sistema tributario simplificado y con tasas bajas y flexibilidad laboral en los contratos de trabajo a semejanza de todas las naciones desarrolladas. Convertirnos en un Singapur continental habría dependido de nuestra capacidad de desarrollar una audaz reforma educativa, de una transformación del sistema de salud y de la solución de todos los problemas acumulados de infraestructuras.

Sin embargo, se hizo todo lo contrario. El Estado se siguió burocratizando con nuevas sobrerregulaciones y oficinas innecesarias mientras aumentaba el gasto corriente del Estado. Más tarde llegó el gobierno de Pedro Castillo, continuaron los irresponsables rescates financieros de Petroperú, el aumento del gasto público y, durante el gobierno de Dina Boluarte, el déficit fiscal se descontroló y llegó al 3.6% del PBI.

En este contexto un sector de economistas –con sentido de responsabilidad– señala que nuevas exoneraciones tributarias pueden poner en peligro la trayectoria fiscal del país y la relación con las calificadoras internacionales. Asimismo, las izquierdas y sectores mercantilistas comienzan a proponer zonas francas de aquí por allá de tal manera que, de pronto, cualquiera percibe que se está creando forados que cambia radicalmente el modelo de economía de mercado.

Vale recordar que el régimen agrario promocional en el Perú siempre fue parte del modelo económico de las últimas dos décadas y que gran parte de las clases medias y la prosperidad desde Ica hasta el norte del país no se explicaría sin el milagro agroexportador. Por otro lado, no solo crecieron las agroexportaciones, no solo se incrementó el empleo formal y se redujo la pobreza, sino que también aumentó la recaudación fiscal en el sector agroexportador: de S/ 97 millones se pasó a más de S/ 826 millones anuales. Es decir, ocho veces más. Sin la derogada ley la recaudación hubiese sido de S/ 2,200 millones, pero con el régimen promocional se recaudó S/ 9,100 millones. En otras palabras, S/ 7,000 millones más para el Estado.

Finalmente cabe señalar que el único sector que justifica un régimen promocional en el Perú y en cualquier parte del mundo es el sector agrario porque su actividad tiene que ver con seres vivos expuestos a enfermedades y plagas y eventos climáticos que ninguna estrategia de productividad y competitividad puede controlar.