Cae la minería y con ella el PBI nacional y el proceso de reducción de pobreza

Todas las proyecciones económicas señalan que la economía nacional apenas crecerá en 1% del PBI en el 2023. El resultado inmediato será el aumento de la pobreza. Vale recordar que el Perú antes de la pandemia, en las últimas tres décadas, había reducido la pobreza del 60% de la población a 20%. Luego del coronavirus, el Gobierno de Castillo y los anuncios sobre la constituyente y las nacionalizaciones, el Perú incrementó la pobreza en 27.5% (más de nueve millones de peruanos).

Con el casi nulo crecimiento que se prevé para este año el flagelo social de la pobreza seguirá aumentando porque no existen nuevas inversiones. Todas se han paralizado por el efecto destructor de Castillo. Con un crecimiento del 1% del PBI será imposible absorber la demanda de empleo de los casi 300,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. El motivo: cada punto de crecimiento de la economía genera 90,000 empleos.

El derrumbe del crecimiento y el aumento de pobreza coinciden con la caída de la inversión minera en el país, a pesar del ciclo mundial de precios altos de los minerales y pese a que el Perú es segundo productor mundial de cobre, plata y zinc. Es decir, una verdadera potencia minera mundial. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la inversión minera caerá en 16% en este año y el Banco Central de Reserva señala que la inversión de este sector vital para la economía se desplomará en 18% en el 2023.

Es incuestionable que la caída de la inversión minera tiene que ver con los efectos destructivos del Gobierno de Castillo y los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, sin embargo, desde antes del Gobierno de Perú Libre, la sobrerregulación se convirtió en la principal muralla contra la inversión y los nuevos proyectos. Por ejemplo, Miguel Cardozo, presidente del Instituto de Ingeniero de Minas (IIMP), asevera que en los últimos seis años la exploración minera creció en 65% a nivel mundial, mientras que en el Perú apenas creció 5%. ¿Cómo explicar esta barbarie económica?

Las corrientes comunistas, neocomunistas y progresistas, como parte de su estrategia para construir una cultura y sentido común anticapitalista, desarrollaron una serie de relatos y narrativas que pretendían demonizar a las empresas mineras como fuentes permanentes de contaminación ambiental. El tiempo y los hechos han demostrado que se trataban de leyendas y mentiras. Bajo esa ofensiva ideológica y cultural se construyó la sobrerregulación antiminera para “controlar a las grandes corporaciones”. Para confirmar esta tesis vale señalar que, en 1990, existían alrededor de siete entidades del Estado vinculadas a la actividad minera. En la actualidad existen más de 30 entidades. Igualmente, en el 2001 solo existían 12 procedimientos administrativos mientras que, dos décadas más tarde, se registraban más de 265. La barbarie regulatoria como expresión de la victoria cultural anticapitalista.

Sobre el tema vale señalar que la decisión del Congreso de establecer la devolución del Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Promoción Municipal durante la fase de exploración minera es una medida acertada debido a los altos riesgos de la actividad: de cada mil exploraciones solo una llega a convertirse en una mina de clase mundial, según el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemet). 

A pesar de estos cambios la sobrerregulación lo sigue asfixiando todo. Por ejemplo, para desarrollar una exploración minera se necesita desarrollar una consulta previa. ¿Cómo se pudo establecer semejante locura? Una exploración en minería tiene casi cero impacto ambiental para cualquier medio ambiente. ¿Por qué entonces el ecologismo radical pretende establecer las consultas previas? La respuesta es evidente: no se quiere más minería. Y, bueno, ya lo están logrando en el Perú.

El Ejecutivo y el Congreso deberían conformar una comisión bilateral que proponga la simplificación de todas las murallas construidas por las izquierdas para acabar con la minería moderna en el Perú. Es una manera de relanzar el crecimiento y defender el Estado de derecho frente a la amenaza bolivariana.