Yo gasto mejor que tú, cholito

Algunas cosas de nuestra idiosincrasia nunca dejarán de sorprenderme. Nos quejamos continuamente de que el grueso de los servicios públicos ofertados por la burocracia peruana resulta sistemática y hasta históricamente brindados en forma deplorable. Deplorable no solamente por su ineficiencia, sino también por su corrupción. Aquí no solamente hablamos de la rapiña, la irresponsabilidad y la colusión en todas sus formas, sino de arbitrariedad, abuso y hasta lenidad.

El escandaloso caso Lava Jato, que ocupa titulares periodísticos desde hace varios meses, resulta emblemático. No es solo que no sucede y nadie espera que los fiscales acusen sólida y oportunamente o que los jueces no resulten lo implacables y predecibles que la causa amerita, lo sugestivo aquí plantea dos aceptaciones públicas. La primera implica que algo que todos repetimos: masivamente carecemos de jueces y fiscales con las capacidades y trayectorias requeridas. Mientras que la segunda implica la aceptación de que mantenemos un statu quo legal cómplice de la corrupción. En medio de la maraña legal peruana, cualquier pillo puede salir bien librado, y muchos honestos pueden ser implacablemente castigados.

Pero esto no solo implica las impunidades de los casos recientes de enjuiciamientos por corrupción burocrática. Implica también la generalidad de los planos judiciales y de servicios públicos en áreas de seguridad ciudadana, regulación, educación, salud o saneamiento. No nos proporcionan en forma adecuada nada de los que nos quitan hoy vía impuestos, tasas y contribuciones y, mañana, por pagos de deuda o señoreaje del instituto emisor. La oferta pública de servicios estatales en el Perú actual es hoy una visible estafa para el común de los peruanos.

Un ciudadano podría usar en este caso el mismo argumento aplicado en el caso de los llamados “fonavistas”: los pagos extraídos no se condicen con lo que nos entregan y no corresponden a lo que la Constitución Política de nuestro país indica. Sí, un ciudadano puede litigar por la devolución de sus recursos (impuestos o expropiaciones) ante una burocracia que no oferta los servicios y bienes por los que les pagamos.

Pero estableciendo esto, emerge la contraposición entre frustración por lo que la burocracia nos ofrece y el deseo facilón de que esta nos brinde todo: seguridad, salud, educación, etc. Y esto nos recuerda el núcleo económico del discurso del primer ministro Villanueva y sus solicitudes en materia económica. Particularmente en lo referido a la reforma del impuesto a la renta. Hoy el reciente Gobierno nos dice que no subirían una sola tasa impositiva y que solo plantean modificar la Ley del Impuesto a la Renta. Esto, a efectos de fomentar la inversión, otorgar seguridad jurídica, reducir la evasión y elusión tributaria, y ampliar la base tributaria. Es decir elevar la recaudación. Para ello modifican el sistema tributario, profundizan su progresividad, avasallan las posibilidades de arbitraje y alteran por enésima vez la normativa de los regímenes simplificados. A rajatabla. Algo así como yo gasto mejor que tú, cholito.

Asumiendo las complejidades politiqueras de reducir exoneraciones seriamente y con cero reformas, se intenta asegurar mejoras en la calidad del gasto. Pero eso de la reducción de gasto corriente omite un detalle crucial: el gasto estatal peruano es institucionalmente determinado; ergo, endógeno. Siendo así las cosas: ¿cuáles son los efectos previsibles de que el Congreso —muy cómodamente— vuelva abdicar de sus responsabilidades de legislar en materia tributaria?

Primero, dado que básicamente pretenden elevar cargas a formales personas naturales y jurídicas, en una fase de virtual colapso inversor, es esperable una mayor recaudación por mayores cargas a ciertos “formales”, de la mano con mayor informalidad. Efecto recaudatorio nulo en el mediano plazo. Eso sí, se elevaría la informalidad tributaria y se bloquearía la recuperación de la inversión privada. Un fallido cuadro de crowding-in, diría un keynesiano educado.

Fracasando estas iniciativa como resulta previsible, ¿se atreverán a tocar los fondos de las AFP a nombre de una justiciera reforma previsional (como planteaba el titular actual del MEF cuando no era ministro)? Tremenda y peligrosísima interrogante.