¿Y qué de las personas con discapacidad?

Para nadie es un secreto que nuestro Estado ha venido distrayendo grandes cantidades de recursos públicos para auspiciar consultorías, asesorías y campañas de imagen relacionadas con el enfoque de género, que de cualquier forma se ha pretendido imponer en la currícula educativa de nuestra nación. Pero, parece que ahí no queda la cosa porque, por lo que ahora se conoce, resulta que los recursos públicos también son utilizados para solucionar el problema de empleo de algunos que tienen históricos vínculos terroristas.

Entonces cabe preguntarnos: ¿Es que en nuestro país no hay sectores sociales que enfrentan problemas álgidos y que requieren ser atendidos en forma efectiva y eficiente? Y ante lo obvio de la respuesta (que sí) la conducta de nuestro Estado resulta indignante, por decir lo menos. No es justo que, en un país como el nuestro, se distraigan los recursos de todos los peruanos para satisfacer los engreimientos y caprichos ideológicos de unos cuantos privilegiados.

Uno de aquellos sectores sociales cuya problemática requiere de una atención adecuada, y de recursos para enfrentarla, es el de las personas con discapacidad. En dicho sector hay un nefasto círculo vicioso; es decir, a más discapacidad más pobreza, y a más pobreza más discapacidad. El llamado a romper ese círculo debería ser nuestro Estado, pero eso no se da, pese a que las personas con discapacidad contamos a nuestro favor con todo un marco jurídico, tanto internacional como nacional, que tiene rango constitucional. Un marco jurídico que no se impuso a las naciones mediante algún poderoso lobby de carácter financiero, ni tiene un espíritu totalitario.

Todo el mundo saluda la convención de nuestros derechos, el tratado tal o cual, la Ley 29973, su respectivo reglamento, etc. ¿Pero quién respeta, cumple y hace que estos instrumentos se cumplan? ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que se ocupan del tema de las personas con discapacidad? ¿Dónde está el Estado en este caso?

No puede ser que las personas con discapacidad no recibamos la atención que necesitamos, y que los políticos solo se acuerden de nosotros cuando llegan las elecciones. En tiempos de campaña escuchamos aquello de “¡Viva la inclusión!”, “¡Todos somos hermanos!”. Pero ¿y después qué?

Sin embargo, en cuanto a este tema no pretendo quedarme tan solo en el reclamo. Creo que, sobre la magnitud de la problemática de las personas con discapacidad, debemos dar una información adecuada y orientadora a los miembros de nuestra sociedad para que haya una real toma de conciencia al respecto. En tal sentido, me permito hacer una breve aproximación a nuestra realidad, recurriendo a algunos datos estadísticos, tomando como línea de partida o base referencial la ENEDIS (encuesta nacional especializada en discapacidad). Para el año 2012, el sector de las personas que aquí nos ocupan representaba el 5.2% de la población peruana. Es decir, que de un universo de 32 millones de habitantes, la población de personas con discapacidad llegaba a 1.58 millones. Haciendo una proyección a partir de dichas cifras, en el 2018 podríamos estar hablando de una población de 1.65 millones de personas con discapacidad.

En lo referente a la población económicamente activa del sector, la ENEDIS indicaba que esta llegaba al 21.7%, lo cual representaba alrededor de 316,000 personas. De ellas, el número de empleados es alrededor de 277,000. En esa misma PEA, los desocupados sumaban el 12%, cifra que representaba el doble de lo que se da en la PEA de personas que no tienen una discapacidad, y cuyo nivel de desocupación no va más allá del 6%.

La obtención de un empleo, en general, pasa por el requisito de contar con un cierto nivel de formación, y ello también se da en el sector de las personas con discapacidad. Sin embargo, en terrenos fundamentales como el de la educación, por ejemplo, dichas personas no cuentan con un apoyo eficiente. La falta de formación hace que la posibilidad de competir en el mercado laboral, por un puesto, se torne en más complicada.

Las personas con discapacidad no siempre han tenido la oportunidad de recibir una educación de calidad. Según la ENEDIS, el 40.5% tiene estudios primarios. Los que cuentan con estudios secundarios llegan al 23%. Los que han seguido estudios superiores (en universidades, escuelas o institutos) representan un 11.4%, y hay un 23.5% que no tiene ningún tipo de formación.

Las personas con discapacidad no tenemos por qué seguir en la situación en la que nos encontramos, mientras que nuestros recursos públicos son utilizados para otros fines totalmente ajenos (y podríamos decir contrarios) a la naturaleza del bien común. No merecemos permanecer al margen de la posibilidad de acceder al desarrollo en campos como el económico, el social, el cultural. No queremos que el Estado nos mantenga; queremos que cumpla con sus funciones y nos ayude a encontrar la oportunidad de laborar y mantenernos por nosotros mismos. ¡No nos regalen el pescado! ¡Nosotros sí tenemos la capacidad de pescar!