¿Y el pueblo dónde estuvo?

Las elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio en México, producto de una reforma constitucional sin precedentes, nos dejan más preguntas que certezas. ¿Puede hablarse de una verdadera “democratización del Poder Judicial” cuando solo el 13% de los ciudadanos acudió a las urnas? Lo cierto es que estamos frente a un fenómeno revelador; la ciudadanía no solo se abstuvo, sino que dejó un mensaje claro. No creyó en la elección, no confió en el proceso y, quizá, ya no confía en sus instituciones.

El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA es demoledor: la participación fue bajísima, el voto nulo y no marcado alcanzó cifras alarmantes, y gran parte del electorado desconocía los cargos en disputa. Esta no fue una elección fallida desde el punto de vista técnico, el INE hizo su trabajo, sino desde el plano político e institucional. Y esa falla, lejos de ser anecdótica, revela una grieta en el contrato social.

Los impulsores de la reforma constitucional argumentaron que el nuevo mecanismo de elección judicial buscaba acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, fortaleciendo su legitimidad democrática mediante el sufragio universal. No obstante, la escasa participación electoral evidenció una profunda desconexión entre esa narrativa institucional y la percepción ciudadana. En un régimen republicano, la legitimidad popular no se decreta desde el poder constituido ni se sostiene en retóricas grandilocuentes o blindajes normativos que limitan el control constitucional. Se edifica, más bien, sobre la base de la participación efectiva, la transparencia del proceso y la confianza pública en las instituciones. En el caso analizado, estos elementos estuvieron ausentes.

Lo verdaderamente preocupante radica en que la ciudadanía no percibió como propia la elección judicial. La papeleta, lejos de representar una promesa de justicia independiente y accesible, fue interpretada por amplios sectores como la expresión de un proceso institucionalmente capturado. En esa línea, diversos actores señalaron a la Misión que los requisitos establecidos para integrar los comités de evaluación eran insuficientes y no garantizaban la experiencia ni la competencia técnica de sus miembros. A ello se suma la injerencia de poderes políticos, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, en la designación de dichos comités, lo cual comprometió la imparcialidad de una etapa clave como la calificación de candidaturas. Esta combinación de debilidad normativa e intervención partidaria alimentó la percepción de que el proceso electoral judicial fue diseñado más para consolidar cuotas de poder que para fortalecer la independencia judicial, profundizando así el escepticismo ciudadano.

En paralelo, la ciudadanía, a quien formalmente se le confería un mayor poder de decisión mediante el voto popular, respondió mayoritariamente con abstenerse de participar. Esta conducta no puede interpretarse como una manifestación de apatía cívica, sino más bien como una expresión de escepticismo frente a las instituciones. Lejos de ser un signo de indiferencia política, la baja participación refleja una desconfianza estructural en los fines y procedimientos del proceso electoral judicial.

De tal modo que, lo ocurrido en México debe servirnos como advertencia de que la legitimidad democrática no se fabrica mediante reformas, se construye con ciudadanía activa. Y para que haya participación, primero debe haber confianza. Sin ella, cualquier proceso electoral, así elija jueces, presidentes o alcaldes, se convierte en una ceremonia vacía, una coreografía sin pueblo.