Visión de corto plazo

La semana pasada se desarrolló la 62° Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2024), en la que los empresarios dieron a conocer sus planteamientos para generar empleo y mejorar la calidad de la administración pública, los servicios de educación, salud y seguridad que brinda el estado para que, de esta manera, emprender un camino decidido hacia el desarrollo.

La respuesta del Gobierno 2.0 de las izquierdas (Castillo y Boluarte) fue la ausencia, cerraron los ojos ante una realidad que los sobrecoge. Y aprovechando el desconcierto ciudadano, en coordinación con otros sectores políticos en el parlamento, lograron que el cáncer de las actividades económicas ilícitas cuente con dos patentes de corso: una de ellas fue la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); y la segunda, la censura al ministro de energía y minas, Rómulo Mucho, alguien que conoce ampliamente la actividad y que en el pasado se desempeñó como viceministro.

Por supuesto, la inseguridad ciudadana sigue incólume, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, dijo que se iba si no mejoraba con la declaratoria de emergencia en algunos distritos de Lima. Sucede que la delincuencia hace caso omiso a las disposiciones de las autoridades y sigue campante ante la ola de crímenes que se suceden a diario en la ciudad.

Visión de corto plazo tienen el gobierno de la presidente Dina Boluarte y la representación parlamentaria, ambos sólo piensan en llegar al 2026. Algunos congresistas están pensando postular y reinsertarse en el Poder Legislativo, ocupando el cargo de senadores. Si son competentes, nadie se opone a ellos, pero si son todo lo contrario, el problema recaerá nuevamente en la ciudadanía.

Esta visión de corto plazo también la comparten algunos empresarios, quienes son capaces de otear el horizonte en cada uno de sus negocios para mantenerlos a flote. Pero que también han demostrado que no son capaces de analizar el bosque que está en llamas y podrá volver a colapsar tal como sucedió en el 2021.

A diferencia de lo que ocurre en democracias consolidadas, en el Perú los sectores formales de la economía carecen de representación parlamentaria directa. Algunos consideran que apelar a la “persuasión” para proteger sus intereses es la ruta más adecuada; sin embargo, la realidad está demostrando que ese camino es insuficiente. Los think tanks cumplen su función, están bien para el debate entre eruditos de una y otra esquina del espectro político, pero no garantizan que las decisiones que presenten se implementen.

Quien tiene representación parlamentaria ejerce la fuerza de sus votos y logra que el Poder Ejecutivo implemente sus decisiones. A la inversa, no suele ocurrir lo mismo; y cuando sucedió el desenlace fue la interrupción del sistema democrático o la creativa afirmación de “la denegación fáctica de la confianza”.

El Perú es resiliente, convive con la mediocridad de su clase política; empero, la indignación ciudadana avanza silente y nadie puede pronosticar cuándo se romperá el dique que la contiene. En el 2026 se requerirá de un gobierno que tenga claro el horizonte de crecimiento productivo, porque sin recursos económicos no se puede hacer justicia social. Esperemos que el empresariado esté a la altura de su responsabilidad política y decida conducir el barco denominado Perú hacia mares más calmos, transponiendo la tormenta que actualmente atraviesa.