¿Vamos hacia un narco-Estado?

La fragilidad de nuestras instituciones, la sospechosa actitud de las autoridades llamadas a investigar y sancionar a las organizaciones criminales, así como la creciente presencia de elementos ligados al narcotráfico en las altas esferas políticas, están sustentando el crecimiento inusitado de dicha lacra social —que de no actuarse con energía y en forma inmediata— nos conducirá hacia un “narco-Estado”, similar a lo que hasta hace poco fue Colombia y a lo que hoy es México.

En recientes declaraciones periodísticas Jaime Antezana, investigador y especialista en temas de narcotráfico, hizo una invocación al presidente Martín Vizcarra para que junto a la corrupción se enfrente también al narcotráfico y al lavado de activos, que se han convertido en lucrativos negocios de los cárteles y sus testaferros, instalados en estratégicas regiones del país.

Según dicho especialista, existen 62,000 hectáreas de cultivo de coca en 14 regiones, las que generan 520 toneladas de cocaína al año. Esta droga es exportada a Europa, Asia, África y a varios países de América Latina por un valor de US$ 2,500 millones; sin contar los envíos de amapola, marihuana y opio, por un valor cercano a los US$ 1,000 millones.

Estas ingentes ganancias ingresan a la economía formal a través del lavado de activos, con la creación de empresas de exportación, universidades, líneas aéreas, textiles, empresas de transporte pesado y de pasajeros, constructoras, hoteles, casas de juego, clínicas, colegios y equipos de fútbol, sin que las autoridades hagan nada para detener el crecimiento vertiginoso de este ilícito negocio.

Se habla mucho de la corrupción generada por Odebrecht, pero eso es solo la punta del iceberg. Más grave es el silencioso cáncer generado por el narcotráfico, que viene minando las bases de nuestra sociedad y que son la causa principal de la violencia, el sicariato y otras modalidades criminales que generan la cultura del miedo y la inseguridad ciudadana. Y que además ponen al ciudadano en la disyuntiva: “estás conmigo o contra mí”. Tal como sucede actualmente en el Callao o en Trujillo, por citar solo dos ejemplos.

Los capos de la droga se valen del poder político y económico para desarrollar redes que los protejan en sus ilícitas actividades. Y su misteriosa presencia se advierte en las campañas electorales, en las que algunos candidatos gastan ingentes sumas de dinero —que no tienen— para alcanzar el poder.

Según Jaime Antezana, el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, así como el congresista Moisés Mamani —recomendado por Ramírez para postular al parlamento— son algunas de las cabezas visibles de esta red que opera en el norte y sur del país.

Otros representantes de Fuerza Popular, que también se encuentran implicados en investigaciones judiciales sobre sus presuntas ligazones con el narcotráfico son Kenji Fujimori, ex socio de un narcotraficante en la empresa Limasa, en cuyos almacenes se encontró un contenedor con 100 kilos de cocaína, destinados a México; y el Congresista Edwin Vergara, también ex socio del narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina, capturado la semana pasada en San Juan de Lurigancho con 800 kilogramos de cocaína.

Sin embargo, ellos no son ni fueron los únicos políticos implicados en este flagelo social. Si miramos para atrás, por citar algunos sonados casos, encontramos el de la ex parlamentaria nacionalista Nancy Obregón, a quien se le acusó de haber colaborado con el cabecilla senderista Florindo Flores, alias Artemio, quien traficaba con miles de kilos de drogas en el Huallaga. Asimismo al parlamentario por La Libertad José León Rivera, de Perú Posible, quien alquiló su casa (en Huanchaco) al narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, donde se decomisaron siete toneladas de cocaína pura y listas para ser embarcadas al exterior.

Con todos estos antecedentes, el Gobierno de Martín Vizcarra y los otros poderes del Estado tienen que iniciar, en forma inmediata, una lucha implacable contra el narcotráfico y el lavado de activos —dos importantes factores que sustentan la inseguridad ciudadana, así como la corrupción generalizada en estamentos estratégicos del Estado—, si no queremos convertirnos en un nuevo narco-Estado.