Impostergable modernización de nuestro poder aéreo

Escribía la célebre activista política Flora Tristán; feminista combativa y conspicua exponente del llamado socialismo utópico; en su obra “Peregrinaciones de una paria” (París, 1838) que: “el pueblo del Perú es antimilitarista. Todos aborrecen la situación del soldado”. Frase que encuentro tan lapidaria como reveladora. Si hoy estuviese vivía doña Flora; a quien retrata muy bien don Mario Vargas Llosa en su novela “El paraíso a la vuelta de la esquina” (2003) junto a su nieto, el también célebre pintor impresionista –o postimpresionista como algunos autores lo clasifican– Paul Gauguin; no tengo la menor duda que sería una feroz adversaria de quienes defendemos valores e instituciones del estado patriarcal como hoy lo llaman despectivamente sus herederas ideológicas. 

Aun siendo una extranjera –francesa de raíces peruanas– algo de certeza habría que concederle, dada nuestra indolencia en asuntos militares y en otros de trascendencia desde época ya tan lejana. En efecto, intuyo que aquel desprecio o falta de interés por los temas militares, más allá de los cuarteles, no debió de escapar al escrutinio de tan aguda y famosa escritora. Y ello, pese a que durante parte importante del Virreinato y de las primeras épocas de la República, la presencia de militares en familias importantes o de mejor posición social en ciudades como Arequipa, fue un factor característico de su composición, situación que inició su declive tras la derrota de la guerra con Chile.

De ahí que pienso, que en el Perú jamás hubo vocación por constituir un poder militar preponderante, desde que los conquistadores se impusieran en los antiguos dominios del Sapa Inca para avasallarlos, a pesar de las directrices al respecto de los Habsburgo, quienes reinaban en las Españas. Más allá de ello, el llamado reino del Virú representaría para miles de almas fenicias, desde entonces y hasta hoy, la encarnación del botín.

Las armas tanto en tiempos de los encomenderos peninsulares, como en el de los caudillos republicanos jacobinos, a decir de Víctor Andrés Ponce, fueron empleadas principalmente para hacerse del poder político y así eliminar a los rivales. Es importante destacar que la presencia de milicias coloniales en el virreinato estuvo muy lejos de constituir un ejército de línea. En efecto, durante el virreinato en el Perú, hubo escasa presencia de tropas regulares.

La falta de un ejército de línea pudo deberse a que, para las autoridades imperiales de la llamada América española, no era necesario contar con un gran poder militar en los virreinatos de México y Perú, y tampoco después en los del Río de la Plata y de Santafé, ya sea por sus altos costos o por las pocas probabilidades de emplearlos en su conjunto.

Los señalado en el párrafo precedente cambiaría tras la rebelión de Túpac Amaru II y los subsiguientes movimientos emancipadores, en la medida que las ideas liberales revolucionarias fueron inundando los dominios en América de la Corona de los Reyes Católicos

En muchos casos, como bien ha señalado en una reciente conferencia el abogado e historiador Mauricio Novoa Cain, las unidades militares existentes en el Perú prerepublicano, solían ser equipadas por acaudalados terratenientes en diferentes lugares del territorio de Nueva Castilla y no constituían un ejército. Por su parte el Virrey en Lima, contaba con unidad militar, que era una suerte de guardia pretoriana, la más importante del virreinato.

Más bien las extensiones territoriales que cumplieron las funciones de núcleos de poder militar en la América española, fueron las Capitanías Generales, ubicadas en Chile, Venezuela y Guatemala, las mismas que por su ubicación estratégica, cubrían los flancos los virreinatos con el propósito de disuadir o neutralizar las incursiones hostiles de potencia rivales al imperio español.

Con estos antecedentes puede uno encontrar algunas ideas sobre las causas que condujeron al Perú de su primera hora, a la pérdida de extensas áreas geográficas al Perú.

En efecto, la dimensión territorial de nuestro país poco tiempo después de consolidarse la independencia, cambió dramáticamente. Entonces resultaba indispensable que el Perú, desmembrado y exánime tras veinte años de guerras civiles, comprendiese a cabalidad que todo lo llamaba a convertirse en una potencia militar, como más tarde lo sería Argentina, e incluso Chile a las postrimerías del siglo XIX. Esta tragedia en términos geopolíticos en mi opinión, sumado a lo dicho líneas arriba, tuvo su asidero en la falta de una elite dirigente en la república naciente, capaz de sostener firmemente el timón ante la presencia de los primeros vendavales que inevitablemente habrían de embestirnos. En contraste con la realidad geopolítica del momento, hubo de imponerse la disputa intestina, entre caudillos que vieron en las armas el único medio para alcanzar la codiciada jefatura del estado. El resto era secundario. Terreno fértil para los mercantilistas que gozaron del Festín de Baltazar, a decir del gran don José de la Riva Agüero (Paisajes Peruanos, 1912,) acicateados por la pugna entre caudillos y por el abolido control peninsular. Todo ello fue la receta perfecta para la anarquía y el caos que tendría su trágico epílogo en 1879.

Pocos, como el Mariscal Castilla aleccionado por los resultados geopolíticos de la guerra de la Confederación Perú–Boliviana con Chile, comprendieron la necesidad de hacer del Perú una potencia militar –terrestre y marítima– lo que incluía el control político de la Amazonía a través de la Armada.

La geopolítica, disciplina que asusta a muchos al creerla exclusivamente asociada al expansionismo y a los golpes de estado en la región, ha evolucionado notablemente. Después de un considerable letargo, antiguos preceptos han vuelto a ser de mucho interés así como otros nuevos por lo que resulta indispensable estudiarla y practicarla. En el Perú se adolece mucho de pensar estratégica y políticamente, y pese a que hemos tenido importantes pensadores como el General Mercado Jarrin, Emilio Castañon o Jaime Castro Contreras, entre otros, conservamos el desdén por temas que no sean la macroeconomía o las tasas de interés.

No aprendimos de la historia, de la geopolítica ni de la realpolitik y tras el fin de la llamada guerra del Guano y del Salitre, no supimos trazarnos como objetivo nacional convertir al Perú en una potencia militar para que hechos tan aciagos no volviesen a repetirse jamás.

Un siglo después, tras el conflicto de 1981 conocido como Falso Paquisha, el gobierno del Presidente Constitucional de la República Fernando Belaunde Terry firmó los contratos Júpiter I y II para la adquisición de 26 cazas de combate Mirage 2000 con sus respectivos sistemas de armas. Desafortunadamente, antes de que se concretase toda la adquisición (solo llegaron 12 cazas al Perú), el gobierno de Alan García el mismo que sucedió al de Belaunde, irresponsablemente y haciendo gala de alevosa demagogia aun estando de por medio la seguridad nacional, anuló la compra de los 14 restantes y sus respectivos sistemas o armas de guerra electrónica, y otros. Algo parecido hizo con la modernización de los cruceros ligeros Grau y Aguirre. Y como en una réplica casi sarcástica del destino a tamaña irresponsabilidad lindante con la traición, apenas diez años después los peruanos tendríamos que lamentar aquella decisión a la que muy poca oposición hubo en su momento, tal como los menciona en su libro Pájaros de alto vuelo (1993), el fallecido senador de la República, Carlos Malpica. Los Mirage 2000, desprovistos de sistemas de armas, no pudieron actuar en el llamado Conflicto del Cenepa en 1995. De ahí que surgen estas preguntas: ¿cuántas vidas de peruanos se hubiesen salvado si esos 26 cazas con sus respectivos sistemas de armas y electrónica hubiesen estado en capacidad de combatir en 1995? Y ¿no sería acaso un cinismo estratosférico sostener que tal “ahorro” sirvió para paliar la crisis económica existente que pronto habría de convertirse en catastrófica? Las respuestas a ambas preguntas son evidentes, pero lo olvidamos con presto entusiasmo. Uno de los grandes males que aquejan al Perú es nuestra consabida desmemoria.

Recientemente se ha producido un debate por la impostergable modernización del poder aéreo mediante la adquisición de cazas de combate de última tecnología. La oportuna y prolija información brindada en diferentes medios de prensa y redes sociales, por el señor General del Aire Carlos Enrique Chávez Cateriano, Comandante de la Fuerza Aérea del Perú y por el señor Teniente General FAP Julio Valdez Pomareda, ex Jefe de Estado Mayor General y representante de ADOGEN (Asociación de Oficiales Generales y Almirantes), han puesto en claro no solo la necesidad urgente de tal adquisición que se debió de hacer ayer (sic), sino las particularidades que tendrá el proceso internacional de compra, cubriendo todas las interrogantes razonables, que con todo derecho cualquier ciudadano puede hacer ya sea que esté a favor o en contra de la referida modernización.

Sin duda, tanto el Gobierno como el Congreso de la República, han cumplido su deber en asignar los recursos necesarios para llevar a cabo esta gran inversión pública, que es fundamental para la seguridad y defensa nacional, lo cual es consecuente con uno de los principales lineamientos de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030 aprobada con DS 005-2021 DE del 23 julio 2021, que señala: “fortalecer las capacidades destinadas a la defensa de la soberanía e integridad territorial y protección de la población y del territorio frente a los conflictos y amenazas del ámbito externas”.

Esta apuesta por la renovación del poder aéreo, impostergable como insistimos, como era de esperarse, ha encontrado detractores, que, en todo su derecho, han manifestado su oposición a tal inversión. Uno de ellos, don Diego García Sayán, gran “amigo” de las FF.AA., ha señalado en dos artículos en un diario local, que la renovación del citado material de defensa es sinónimo de corrupción, que es inmoral, y que incluso traiciona al pueblo, es decir aquellos miembros de las fuerzas armadas que presentan al poder político sus requerimientos motivados por la ética profesional, el patriotismo y por el cumplimiento al artículo 165 de la Constitución Política del Perú que refiere que las FF.AA. “de garantizar la soberanía y la independencia e integridad territorial”, según este antojadizo parecer son traidores. Para ello se apela al viejo y simplón maniqueísmo de cañones o mantequilla (hospitales, colegios, y otros), no importa si existe un fondo exclusivamente destinado a la renovación del material. Curiosamente estas voces sólo se dejan oír las escasas veces que se solicita presupuesto para modernizar nuestro poder militar.

Esperemos que la inversión destinada a garantizar la superioridad aérea se concrete por el bien de la seguridad nacional y del futuro del país el 2025.