Universidad pública avasallada

Sobre la supuesta “ley Cotillo” y la autonomía universitaria

Pedro Pablo Kuczynski acaba de declarar que “la Ley universitaria me preocupa porque puede interpretarse como una forma  de control de lo que se enseña y discute en las universidades. Puede ser vista como una ley contra la libertad de pensamiento y de enseñanza”. Y tiene toda la razón.

Si se analiza la estructura del sistema universitario creado por dicha ley y la composición de las instituciones que lo integran, queda claro que hay una voluntad política de imponer dos modelos únicos de universidad: una pública controlada por el estado desde el Ministerio de Educación, y una privada hegemonizada por grupos de interés y organizada bajo el esquema de ONG y protegida de cualquier competencia.

Con el gobierno controlando la universidad pública a través del MINEDU, nada garantiza la libertad de pensamiento y de enseñanza en los claustros universitarios estatales. Hablamos de una libertad fundamental en la construcción de toda sociedad democrática, que constituye el freno a la intromisión del “Gran Hermano” en el mundo académico. Esta es la razón de ser de la Autonomía Universitaria.

Los grupos de poder que están detrás de este proyecto autoritario han montado ahora una campaña para impedir que el Congreso de la República ponga alto a sus planes. Dicha campaña le atribuye a la intromisión del gobierno en las universidades públicas un supuesto fin noble de acabar con unos cuantos gobiernos universitarios que se resisten a la ley. Nada más lejos de la verdad.

Para empezar, la Ley Universitaria, en su Disposición Complementaria N°30220, dice: “la designación de las nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el periodo de mandato de las autoridades vigentes”, NO ordena que esas autoridades se vayan antes del 31 de diciembre. ¿De dónde salió entonces ese plazo?

De la Resolución de Consejo Directivo 002-2015-SUNEDU/CD -punto 6, acápite 1-, la cual dice que el cronograma electoral en esas universidades “debe contemplar la elección de todas las autoridades (rector, vicerrectores y decanos) en una sola fecha, la cual debe realizarse, indefectiblemente, antes del 31 de diciembre del 2015, de tal manera que la asunción del cargo se realice en dicha fecha, tal como lo estableció el Consejo Directivo de la SUNEDU en su sesión de fecha 19.06.2015”. He aquí la “madre del cordero”.

Surge entonces la gran pregunta que debe plantearse el Congreso: ¿Puede una dependencia de tercer nivel del gobierno, como lo es la SUNEDU, ponerle plazos perentorios a las universidades para que cambien a sus autoridades cuando la ley no lo establece? Claro que NO. Por eso de 31 universidades públicas solo siete han realizado elecciones en los últimos meses, pero no porque hayan obedecido a la SUNEDU sino porque estaba próximo a vencer el mandato legal de sus autoridades.

Ante la posición firme de las universidades públicas de hacer respetar su autonomía, la SUNEDU las amenaza con bloquearles sus fondos el próximo año, lo cual les obligaría a cerrar sus puertas por falta de recursos para operar. Este chantaje cruza todo límite de respeto a la autonomía y abona el terreno para que estallen conflictos sociales en los pueblos donde funcionan esas universidades.

Es falso entonces el cuento de la “ley Cotillo”. El proyecto de ley N° 4915 es una iniciativa democrática en defensa de la Autonomía Universitaria que debe ser reafirmada por las bancadas del Partido Aprista, Fuerza Popular y los congresistas independientes que lo presentaron.

El estado, gran responsable de la debacle institucional de la universidad peruana y del deterioro de su calidad educativa, pretende ahora ser el salvador del sistema, tomando el control de las universidades públicas mediante la SUNEDU, apéndice burocrático del MINEDU, con el apoyo de ciertas universidades privadas que no aceptan competir con la nueva generación de universidades privadas que brindan buena educación a cambio de pensiones más bajas.

Lamentablemente la Comisión de Educación se ha dejado presionar por una pequeña turba y ha cedido ante ella archivando el proyecto, pero bien puede reconsiderar esa decisión y aprobarlo, para evitar conflictos sociales que se vislumbran como inminentes si se impone la voluntad de la SUNEDU.

Por Víctor Robles Sosa