Una ley que institucionaliza la mediocridad académica

Sobre la intervención estatista en las universidades

Siempre es bueno constatar la rebeldía de la mente joven contra la injusticia y el abuso. Resulta siempre alentador comprobar que a pesar de los individualismos que ganan terreno, estos mismos pueden convertirse en causa común cuando se percibe un servicio deficiente o la negación de derechos fundamentales. Esto lo hemos visto recientemente en las protestas estudiantiles contra algunos rectores que pretendían perpetuar gestiones –por decir lo menos- dudosas.

Sin embargo –y esto es lo que penoso- se ha pretendido que la justa indignación estudiantil en algunas universidades se convierta en apoyo a la reciente Ley Universitaria. Aquel que se oponía a la ley referida -con argumentos académicos- terminaba por ser un enemigo de la calidad educativa y amigo de Cotillo y de la corrupción.   

“Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia”, decía en uno de sus párrafos el Manifiesto Preliminar de la Reforma Universitaria que dio origen al Grito de Córdoba en defensa de la autonomía universitaria.

Estoy más que seguro de que los indignados jóvenes a los que hacemos referencia adherirían al contenido del párrafo citado. Como estoy más que seguro de que no aceptarían la absurda tiranía de la intromisión del Estado regulando la vida universitaria; y como estoy más que seguro de que tampoco aceptarían la falsa dignidad y la falsa competencia. Y menos convalidarían el hecho de que la administración y gestión universitarias se ejerciten “en beneficio de determinadas camarillas”. Reclamo también de los estudiantes de Córdoba.

Pues bien. La ley impone la absurda tiranía del Estado. Pues en la SUNEDU el Estado tiene cuatro miembros nombrados por el Ministerio, sobre siete. Y entre sus funciones tiene: “Normar y supervisar…el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios…” (artículo 15.5). Asunto complementado con la inclusión de la expresión “…de acuerdo a los estándares establecidos por la SUNEDU”. El alumno universitario de hoy, que conoce acerca de la calidad y eficiencia del Estado y del modo en que la burocracia se inserta allí, ¿aceptará que cuatro iluminados –y finalmente el Estado- decidan sobre su vida universitaria, personal y humana?

La ley menciona mucho el término calidad educativa. Y, sin embargo –en el artículo 30- dice: “El proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario, es voluntario…”. Se cierran las puertas a lo que sí constituiría garantía de la calidad educativa –la acreditación- y se reafirma el poder discrecional de los cuatro iluminados para determinar qué es calidad y cuándo la hay.

La situación de la universidad peruana es mala. Pero estos remedios tenderán a acentuar los vicios de la ANR y las “camarillas” elegidas –ostentando, claro, una “falsa dignidad y falsa competencia”- podrán seguir perpetuando las repartijas de puestos, favores, consultorías, tarjetas de crédito y demás gollerías.

Debió crearse una Comisión de Promoción de la Universidad. Encargada de atraer inversiones nacionales e internacionales para la universidad pública y fomentar la investigación. Bastaba con que la Contraloría siguiese de cerca la calidad del gasto en la universidad pública. Bastaba con que la SUNAT ejerciese el seguimiento del régimen tributario a las privadas. Y era suficiente  que INDECOPI velase por el cumplimiento de los derechos del estudiante. No había necesidad de entrometerse en la autonomía académica. Tanto por razones de principio como de tramitología y eventual corrupción.

Y claro. Si no se quería institucionalizar la mediocridad en la vida universitaria, la acreditación internacional era LA herramienta. ¿O la burocracia iluminada estará en condiciones de suplir el trabajo de estas entidades especializadas? ¿Alguien cree que las tres universidades privadas que reúnen al mayor número de alumnos y cuya educación es deplorable serán clausuradas? ¿Alguien cree, de veras y de corazón, que esta ley bastará para llevar a la universidad pública al nivel que debe tener?

Eduardo E. Zapata Saldaña