Un velasquismo muy sospechoso

Tras de cuernos, palos. Circula en estos días un proyecto legislativo (5892-2023-CR), suscrito por un congresista de una agrupación liderada por un ex fujimorista. Esta plantea una “nueva” Ley de Industrias. Increíblemente, un penoso calco de la Reforma Industrial de la dictadura militar setentera. De hecho, junto con las desastrosas Reforma Agraria y la Banca de Fomento estatal, uno de sus núcleos económicos.

Antes de enfocar la aburrida estructura del proyecto, los invito a regresar en el tiempo. No lo olvidemos. Si algo tuvo de rescatable la corrupta dictadura que administró el país entre 1968 y 1992 –primero, directamente con los generales Velasco Alvarado y Morales Bermudez y luego, indirectamente, vía su espuria Constitución Política– es que al menos tuvo una minoría de colaboradores que de verdad pensaban que nos estaban llevando hacia un socialismo nórdico. Pero fracasaron, con un estrepitoso costo social y envueltos por atraso y rampante corrupción burocrática.

Hoy, ex post, dada la secuela de retroceso, corrupción burocrática y empobrecimiento que lo caracterizó en sus dos etapas - la dictatorial (1968-1981) y la semidemocrática (1982-1990)- abrazar o intentar repetir sus acciones solo puede asociarse a creencias ideológicas poco reflexivas o… a afanes nada santos. El tránsito hacia un socialismo-mercantilista muy sospechoso, atractivo tanto para aventureros irresponsables (de esos que se enriquecen en su paso por el Estado) cuanto para fanáticos de izquierda. 

Para toda persona de bien –que hubiese estudiado la materia con un mínimo de diligencia– repetir el todo (o parte) de una receta económica importada, de corte socialista-mercantilista, profundamente ilógica y que, con su propia evidencia genocida el 5 de febrero de 1975, nos colmó de resultados económicos, políticos y sociales tan costosos como destructivos.

Repetía Joseph Schumpeter que lo primero que hace una persona por defender su punto de vista, es mentir. Y los vendedores de cebo de culebra en política nunca escatiman vender buenas intenciones ex ante y… mentiras, ex post. Así pues, no son pocos los que aún repiten que la dictadura de marras (y los gobiernos sellados por su espuria constitución) fueron justicieros, poco corruptos y que con ellos mejoró la distribución del ingreso a favor de los marginados. Una prédica tan ilusa como asumir que, en las sociedades norcoreanas actuales o en el desvanecido incanato, la gente es, o fue, feliz. Pero saltemos las narrativas. Vayamos a las cifras. Y téngalas muy en cuenta.

Con la dictadura y su Constitución, entre 1968 y 1993, nuestro país se hundió económicamente. Y con ello fallecieron cientos de miles por hambre, por violencia y otras causas asociadas al atraso económico y a la corrupción burocrática. Nos estancamos consistentemente (ver figura Uno) mientras la economía mundial crecía.

La economía peruana se detuvo respecto al alto crecimiento del PBI real por persona registrado en el periodo 1942-1967. Desgraciadamente, entre 1967 y 1992, estuvimos embelesados por las mentiras de la retórica socialista-mercantilista. Tocados por la CEPAL y los asesores yugoslavos y cubanos, interiorizamos un cuento engañoso. 

Se avasalló y humilló desde el Poder Judicial a la policía, incluyendo la autonomía de instituciones financieras como al Banco Central de Reserva, o la entonces Superintendencia de Banca y Seguros y se estafó a los peruanos con ritmos de emisión de dinero superiores a trillones de puntos porcentuales (ver Figura Dos). 

A la usanza de los espantosos consejos de Vladímir Ilích Uliánov, -emitiendo irresponsablemente moneda- se robaron sostenidamente, jubilaciones, ahorros y capital de negocios. Se redistribuyó regresivamente el ingreso a favor de los burócratas y mercaderes. Esto habría sido el velascato, injusto, empobrecedor y, sobre todo, muy corrupto.

Por un lado, se debilitó la libertad política de los peruanos y por otro se infló el gasto estatal (el botín) con más impuestos, mayor emisión de moneda, nuevas deudas y expropiaciones vergonzosas. A como dé a lugar. Y tuvo mucho de la influencia de ideólogos intelectualoides, como Galeano o Prebisch. El Perú (ver Figura Tres) también dejó de crecer y pasó a empobrecerse escandalosamente, con nuevas fortunas para sus allegados, urbanizaciones ostentosas en Lima para la cúpula militar y dejando a dos tercios de la población fuera de Lima en la pobreza (estimados propios). Hoy defender esta desgracia política o usarla para llegar al poder resulta algo de lo más sugestivo.

Así las cosas, la iniciativa de un regreso al núcleo del proyecto legislativo auspiciado por la gente de los escabrosos, Salaverry y Viscarra, resulta esclarecedora por sí misma. Plantean repartir recursos y tratamientos especiales a privados -por Ley- dizque para iniciar un proceso de industrialización en el país. Sí; como en los años setentas y ochentas.

Para ello establecen tres ejes de desarrollo o planos de dádiva –etiquetados iluminadamente como sectorial, territorial y de sostenibilidad– en materias de incentivos y presupuestos sobre ámbitos tributarios, laborales, subsidios a privados (los llaman apoyo a las cadenas productivas), financiero con un Fondo de Desarrollo Industrial (esa palabreja asociada a cuantiosos déficits cuasi fiscales y alta corrupción burocrática en nuestro pasado reciente) y cierran la borrachera mercantilista con tratos preferenciales para ciertos privados (para empresas que usan bienes “nacionales”).

Nótese que la evidencia empírica global contrasta que las naciones no se industrializan repartiendo regalitos como plantea el proyecto de marras. Resulta el resultado endógeno de décadas de alto crecimiento económico, al estilo australiano… o nórdico.

Un proyecto a todas luces torpe e improvisado. Abiertamente inconstitucional y contraproducente por sus lineamientos. Algo así como una nueva planta para fabricar más pobres y enriquecer a algunos. Y este es justamente el punto. En estos días, cuando algunos congresistas lucen conscientes de su extrema impopularidad, poco parece importarles el bien común. Actúan a rajatabla formando sus propias coaliciones de interés económico. Y saben que pueden terminar promulgando -por asistencia- cualquier disparate.

No dudo que los implicados saben que se trata de una propuesta que no industrializará nada. Que generará ineficiencias sectoriales no sostenibles y pobreza para las mayorías, pero enriquecerá a algunos pocos (beneficiarios de las dádivas). Y este es -me temo- el quid del asunto. Con sombras de corrupción institucional a la enésima potencia. Lo lamentable del tema es que podrían alcanzar los apoyos necesarios.