Un Estado fuerte

El ministro de educación, Morgan Quero, ha manifestado, en una reciente entrevista, que si queremos un sector privado fuerte requerimos un Estado fuerte. Efectivamente así es, pero eso no significa que el Estado necesariamente tiene que proveer servicios como los de salud, educación o desarrollo de la infraestructura.

Un Estado fuerte es aquel que recauda de sus ciudadanos proporcionalmente el fruto de su trabajo. Empero es un error colegir que el Estado por sí mismo debe brindar servicios, máxime si se reconoce que el Estado se ha enredado a sí mismo con la multiplicidad de procedimientos y trámites que traban todo tipo de inversión, sea pública o privada.

Los ciudadanos requieren de un Estado que recaude, financie y supervise la calidad de los servicios que la población necesita. Asimismo, de un sistema de justicia eficiente y oportuno, alejado de cuestionamientos surgidos por los actos de corrupción en que alguna o muchas veces se ven envueltos sus representantes.

El Perú también requiere del establecimiento de un sistema de seguridad ciudadana eficiente, capaz de combatir la corrupción al interior de sus instituciones para enfrentar con fortaleza moral los actos delictivos en que se ven envueltos tanto peruanos como extranjeros.

Se trata de atraer a personas probas a la administración del Estado, pero con normas que les den un rango de autonomía y flexibilidad en la toma de decisiones. Algunos dirán que la flexibilización de las normas puede exacerbar la corrupción; sin embargo, un diseño de administración pública basado en la desconfianza paraliza el estado. Puede haber un riesgo de error, efectivamente, como sucede en el sector privado, pero es preferible aprender de los errores para superarlos a la inacción que termina por desacreditar aún más la precaria institucionalidad en el país.

Si el Estado confía en los privados y les exige el cumplimiento de las tareas encomendadas dentro de un rango superior al que el mismo estado proporciona a los ciudadanos en la actualidad, el estímulo será para mejor.

Tengamos presente el proceso de modernización del Estado iniciado en los años noventa, pasamos del monopolio estatal de la telecomunicación que pedía a los ciudadanos esperar 10 años o más por la instalación de una línea telefónica a pocos días para contar con el servicio. Algo similar ocurrió con la empresa pública que brindaba el servicio eléctrico. ¿Hemos olvidado que los precarios niveles de cobertura nacional y la insuficiente calidad del servicio? ¿Cuántos años tuvieron que esperar los denominados pueblos jóvenes para que sus viviendas cuenten con iluminación?

Todo eso cambió cuando se optó por la concesión o la privatización de estos servicios. En la actualidad, el solicitante de alguno de estos servicios se acerca a las empresas prestadoras y en poco tiempo se convierte en usuario. La cobertura del servicio eléctrico en Lima alcanza al 100 por ciento de sus residentes.

¿Qué hacer con los servicios de educación y salud? Abrirlos a la competencia entre privados. El Estado debe demandar calidad y otorgar financiamiento y hasta un estímulo económico para aquellos que logren una mejor puntuación de parte de los usuarios. Sólo así accederán a mayores responsabilidades y, por consiguiente, a mayores ganancias.

De esta manera sí fortaleceremos el Estado y el sector privado se hará cada vez más eficiente.  Este último tendrá el estímulo de preparar a un recurso humano académicamente competitivo y en buen estado de salud.