Solidario con tu plata

A fines del año pasado, a pesar de registrarse precios internacionales persistentemente elevados, el PBI por habitante crecía apenas el 1.7% en dólares constantes. Era un derrumbe severo en comparación al 7.5% de crecimiento anual registrado el año 2010. La explicación: los flujos anuales de inversión privada se habían reducido significativamente. Desde un promedio de crecimiento anual real de 12.4% en el periodo 2008-2013; hacia un promedio de -0.8%, en el periodo 2014-2019.

A inicios del 2020 estábamos embarcados en un sostenido retroceso económico con un Congreso ilegítimo y pateada de tablero incluida cuando todo cambió. La vida de los peruanos se complicó imprevista y drásticamente desde marzo pasado. Explosionó la pandemia del coronavirus gracias a su oscura distribución global desde la China. A la fecha, sin señales sólidas de achatamiento de la curva de infección y con sólida evidencia de recesión, resulta clave recordar que en el 2019 el sector público peruano venía gastando unos US$ 65,313 millones al año (US$ 47,478 resultarían gastos no financieros corrientes y US$13,906 gastos de capital). 

Teniendo en consideración lo presupuestado para este año –en sus diversos pliegos dentro y fuera del Gobierno central– y que atravesamos una cuarentena (donde el grueso de los ministerios, entes administrativos, empresas estatales, municipios y gobiernos regionales operan con restricciones, si es que no tienen las luces apagadas) existe mucho margen de reducción del gasto del sector público. Gasto burocrático que hoy no se está desembolsando… ni se podría hacerlo. Un monto factualmente ahorrado que posibilitaría que el MEF redirija sus gastos hacia la salud pública, subsidios directos y contención Social. Pero la burocracia dorada, enceguecida por sus medios, no lo hace.

Vale destacar que, en medio de la recesión por contención, la cuarentena habría afectado solo parcialmente la recaudación tributaria del Gobierno general; ergo, que los principales contribuyentes persisten aportando. A pesar de esto el MEF apuesta por lo fácil. Primero, dispuso a liberar fondos previsionales y CTS; luego procedió a tomar deuda cara (los publicitados bonos del coronavirus), pero no parece atreverse a enfrentar el desgaste político asociado a aplicar lo aconsejable: introducir drásticos recortes presupuestales en todo el sector público y reasignar esos fondos a la contención y reactivación. 

La propuesta de aplicar el llamado Impuesto de Solidaridad aparece en este confuso y politizado contexto. Uno discretamente caracterizado por la profundización del declive de la inversión privada. Pero, mucho cuidado. Nótese: la iniciativa de marras no implicaría un impuesto a los patrimonios millonarios. Tal vez sus proponentes ya saben que por esta senda no recaudarían mucho y que el efecto depresor sobre la inversión privada generaría una ulterior contracción de la recaudación tributaria agregada y neta. 

Ahora apostarían por algo más dañino: un impuesto de 10% a las planillas para sueldos mayores a S/ 10,000. Algo fácil, marxista y popular. Sus efectos directos implican el peor tipo de desplazamiento del gasto privado por gasto público (crowding-out); es decir cambiar gasto en salud, alimentación y educación de trabajadores calificados para distraer la incapacidad de reasignar presupuestos y asignar lo recaudado en iniciativas estatales cuyas irregularidades repletan la discusión mediática de estos días. 

Gracias a este impuesto a las planillas tendríamos menos fondos privados para gastos de salud y otros rubros en muchas familias afectadas. Resulta verosímil que esta medida contribuya a que la pandemia se enerve. Dañaría a miles a nivel nacional. Nótese que, gradual pero rápidamente, lo recaudado para la Pandemia y para la Contención se reduciría (ajustes futuros en los esquemas de pago en las planillas). Al final, prevalecería lo político. Ese no recortar presupuestos (por miles de millones de dólares) de otros sectores de la burocracia. 

Resulta pues una pésima idea que el Congreso –tal vez agradecido por su irregular elección– actúe como un ente sojuzgado y títere. Los congresistas digitados por los afortunados (Raúl, Antauro, Keiko, César, Miguel entre otros) deben preguntarse muchas cosas. No solamente si es una buena idea aplicar un impuesto técnicamente sobre las planillas de los trabajadores calificados. O por qué razones burocráticas o políticas no se reasigna el gasto con toda la prioridad debida hacia salud, ayudas y contención, sino ¿qué pasará con el Ejecutivo si todo esto se deteriora más? ¿Qué pasará con ellos?

No estamos en tiempos para que –adicionalmente a las desgracias de la pandemia– se castigue a los trabajadores y sus familiares con más impuestos a nombre de una solidaridad que pagan ellos. Esto, mientras la burocracia limeña y provinciana no prioriza y quiere seguir gastando abultadamente.