¿Se viene un paquetazo tributario y previsional?

La ideología y la desesperación por sobrevivir políticamente son pésimas consejeras. Esta observación se aplica ajustadamente a la gestión del reemplazante de Pedro Pablo Kuczynski. Tras el accidente de corrupción burocrática que lo llevó al poder, Martín Vizcarra da la impresión de haber probado casi de todo. Desde coquetear con Keiko Fujimori y luego negar públicamente el coqueteo hasta posteriormente declararse la guerra; desde despreciar inicialmente a la abatida bancada oficialista hasta someterse a ella.

También ha probado ceder a cuanta idea demagógica que elevase su vidriosa popularidad. Y en eso se incluye cuanta alianza mercantilista pueda ser demandada. Me refiero aquí a su conexión con ciertos medios periodísticos que ya parecen estar sufriendo los dolores de la abstinencia (de financiamiento estatal), posterior a la ley Mulder. Aunque todas estas marchas —y contramarchas—le han comprado cierto aire, desde aquí al 28 de julio del 2021 podrían pasar muchas cosas. De hecho, sobrevivir en el entorno político y económico heredado requiere ser más que paranoide. Vivimos con un Poder Ejecutivo dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir, semana a semana.

Adicionalmente, dada la secuela ininterrumpida de noticias de corrupción, el panorama económico absorbe continuamente nuevos flujos de incertidumbre. No es solo el ruido asociable a la continuidad o no continuidad presidencial, o los disparatados cambios de reglas e iniciativas económicas que el Ejecutivo y el Legislativo puedan introducir en la impronta de sus querellas. Nos caen encima dos huaycos políticos superpuestos.

Por un lado están los cambios en el entorno institucional local asociables a una reforma política, electoral y judicial que —a la fecha— nadie sabe cómo serán ni a dónde nos pueden llevar. Por otro lado, emerge un fenómeno demográfico inesperado y de costo fiscal abultado. A la fecha, la escala de recepción de inmigrantes venezolanos quiebra cualquier afiebrada anticipación. Atenderlos con mínima responsabilidad humanitaria no solo conlleva hoy una factura fiscal, implica también un shock de oferta en los mercados laborales del país. Impacto que más de un demagogo —dentro y fuera del Gobierno— puede utilizar para atraer desconciertos.

En medio de este ambiente, tres cosas resultan muy claras en la economía peruana del 2018. El directorio del Banco Central de Reserva, a junio pasado, con una tasa de inflación significativamente menor a la mundial, está dando la talla. Parece estar enfocado en cumplir la única función que puede cumplir exitosamente: mantener una inflación baja. Aquí las cuentas externas y su dependencia de los precios externos juegan el rol de una ignota espada de Damocles.

La segunda cosa implica el mediocre ritmo de crecimiento de estos tiempos. Rebote caracterizado tanto por tasas que fluctúan entre el 3% y 4% anual (que no reducen pobreza significativamente) cuanto por la resignación —dada la ausencia de reformas de mercado y la opción explícita por elevar la escala estatal hasta donde se pueda— hacia una tímida recuperación de la inversión privada. Variable que —a junio pasado y a pesar de toda la bulla oficial en relación a la recuperación inversora— registra una escala anual 8.3% menor a la registrada a fines del 2013.

El tercer detalle de este ambiente es una suerte de bomba de tiempo. Para comprender cómo se está armando esta bomba es menester descubrir sus características. El progresivo desequilibrio fiscal heredado de las gestiones de Humala y PPK fue aminorado en los últimos meses gracias a la recuperación de la recaudación (que desde mediados de junio del 2016 a junio pasado creció en US$ 3,932 millones). Esto gracias al sostenido aumento de los términos de intercambio y las exportaciones tradicionales. En el medio de este marco, se da la rápida caída en desgracia del ex ministro Tuesta y la efímera postergación de sus afanes de elevar impuestos e introducir una sospechosa reforma previsional.

Así, como los precios de exportación quebraban precedentes (crecieron 27.0% entre junio del 2016 y el 2018), el déficit del Gobierno central se cerraba (hacia el 2.4% del PBI) y la inquina por recargarnos de impuestos se desvaneció temporalmente. Nótese aquí que la gestión peruana post humalista se caracteriza por gastar a como dé a lugar, o endeudándonos o recargando de impuestos a los formales, sin mover un dedo en materia de calidad o siquiera inteligencia en el manejo del gasto estatal.

Es aquí donde los eventos políticos de los últimos días empiezan a conectarse con lo económico. El nuevo ministro Tuesta empieza a dibujarse solo como un discreto sucesor. Cero énfasis en reformas de mercado, una desesperada opción por inflar el presupuesto del 2019 y el discreto retorno de las mismas iniciativas tributarias y previsionales de su defenestrado predecesor. Hoy hablan nuevamente de gastar mucho más para reactivar; y de la mano con esto, no hablan de lo que proyectan hacer al amparo de las facultades legislativas ya otorgadas.

Tengámoslo muy claro: hablamos de inflar el presupuesto politiqueramente y aplicar otro paquetazo tributario. Cero esfuerzos en mejorar la transparencia y calidad de un gasto estatal que ya superaría los US$ 70 billones. Un mayor gasto burocrático cuyo financiamiento implica mayor informalidad tributaria y que posterguemos cualquier pretensión de una recuperación de la inversión privada.

Resulta hoy, por lo tanto, abrumadora la responsabilidad de los achicados e impopulares congresistas de Fuerza Popular. A ellos les convendría recordar que fueron elegidos justamente para evitar que esta tragedia fiscal en ciernes impacte negativamente sobre millones de peruanos.