Regalitos cargados

En una jugada muy astuta, el presidente Vizcarra anunció que otro —el MEF— evalúa los aumentos de sueldos para alcaldes de todo el Perú. Si bien la noticia sugiere un acto presidencial, en los hechos se trata de una solicitud al MEF. Y dadas la velocidad y restricciones burocráticas que lo caracterizan, solo sería otra solicitud de más gasto a este frondoso ente burocrático y como propuesta para el primer trimestre del año.

Adicionalmente, el presidente se cuida de destacar que su decisión solo reflejaría las peticiones de aumentos de sueldos de muchos alcaldes que aluden que sus sueldos resultan muy bajos (tal como lo hace también el 99.9% del resto de la burocracia, y con fundamento igual de discutible).

Aquí, sin embargo, emerge el efecto comparación. Los alcaldes encontrarían sus salarios muy bajos no en comparación a lo que registra su historia salarial, sino en comparación a lo que hoy reciben magistrados que no saben redactar, ministros poco conocidos y otros afortunados ignotos. Frente a esto, emerge lo discriminatorio: el presidente decide corregir esta situación solo para los alcaldes. Como resulta previsible, de materializarse los aumentos a los alcaldes, se abre una caja de Pandora para decenas de otros burócratas deseosos de aumentos de sueldos.

Merece destacarse que la decisión se hizo pública dentro del primer Encuentro Nacional de los Gobiernos Locales y su Congreso Eleccionario (en el que se definirían alcaldes afines y hostiles), aunque no llegó como un lonche gratis. Vizcarra mostró su rechazo por el proceder de algunos municipios que han dispuesto incrementos ilegales —según él— de sueldos; a solo un mes de haber llegado al botín… perdón, de haber asumido funciones.

También puntualizó subsecuentemente que estos actos, además de inválidos, les podrían generar problemas con la Contraloría y otras autoridades.

Nótese finalmente que, dado de que esta no es una medida popular —ni entre los demagogos electos y no electos, ni entre el grueso de los peruanos— el cumplimiento de la oferta resulta cuando menos incierta. Pero vayamos al fondo de esta discusión: ¿es una buena idea el aumentar los salarios de los burgomaestres de todo el Perú? ¿Combate la corrupción hoy rampante a todos los niveles burocráticos en este Perú post velasquista?

La primera pregunta tiene una respuesta directa: no. Elevar los salarios a rajatabla a los burgomaestres de todo el Perú implica: elevarle los ingresos a personas de diferentes bagajes (historia salarial, prontuario, etc.). En la mayoría de los casos, es elevarle los ingresos a personas que en sus campañas por la alcaldía han gastado recursos muy difíciles de compatibilizar con sus ingresos legales previsibles como alcaldes, y que operan en un entorno incentivador de la corrupción en todos los niveles de la burocracia peruana (la verosimilitud de obtener rentas mucho mayores a través de las coimas y diezmos). En el fondo, este asunto no implica educación o valores personales, sino incentivos favorables para la corrupción. El aumento de sueldos aislado (lo cual es el caso hoy) solo eleva el botín.

No es sorprendente descubrir en los últimos días muchos alcaldes vociferantes que se oponen al aumento. El detalle aquí pasa por preguntarnos: ¿cómo recuperarían los recursos de las costosas campañas que los llevaron a la alcaldía? Si el móvil presidencial es combatir la corrupción burocrática en los gobiernos locales, la iniciativa debe ser descartada. Es contraproducente.

Antes de esos aumentos se debería depurar los gobiernos locales sobre la base de un marco legal implacable y una policía, una fiscalía y una judicatura completamente renovadas (despidos masivos acompañados de las jubilaciones penitenciarias a las que hubiera lugar). Después se debería investigar los financiamientos de campaña, y solo sobre lo que quede entonces, hablar de aumentos de salarios justificados por historias salariales auditadas. Nada de homologaciones o botines por puesto, que son lo mismo. Hacer lo que hoy se plantea se parece mucho a distribuir dádivas y asegurar clientela política en los gobiernos locales.