¿Quiénes son los antimineros en el Perú?

Es una pregunta que se hacen millones de peruanos que no entienden por qué la minería —que aporta aproximadamente US$ 12,00 millones de ingresos al Estado y que puede atraer inversiones por más de US$ 50,000— tiene tanta oposición política. Incluso algunos politicastros desinformados señalan que somos un país agrario, sin saber que tenemos una superficie de 128.5 millones de hectáreas, de las cuales solo 7.6 millones tienen capacidad para la agricultura. Solo están sembradas 5.4 millones de hectáreas (6%) y las 2.2 millones de hectáreas restantes no son utilizada. Tenemos 17 millones de hectáreas de tierras de pasto (13%), 48 millones de hectáreas de tierras forestales (38%) y 55. 2 millones de hectáreas son santuarios, parques nacionales y reservas protegidas (43%); Además, el minifundio hace inviable  la agricultura moderna en los Andes. 

No hay que ser muy zahorí para darse cuenta de que en el Perú existen tres grupos antimineros que sabotean, consciente e inconscientemente  el desarrollo nacional. El primero es el Estado, representado por el presidente de la República Martín Vizcarra, que administra pero no gobierna. El ministro de Energía y Minas parece un fantasma desconectado de la realidad social y económica de los pueblos. El Gobierno no acompaña a las empresas mineras y  tampoco defiende a los pueblos y comunidades andinas y nativas para armonizar intereses con los inversionistas. Entonces, no queda otro camino que vacarlo por incapacidad y convocar a elecciones generales adelantadas, y evitarle al país conflictos sociales sangrientos que agravan más la crisis política nacional.  

El segundo grupo antiminero más organizado e “ilustrado” es la llamada burocracia corporativa empresarial, representada  en la CONFIEP y la SNMPE. Sus dirigentes pontifican sobre el mercado, el crecimiento económico, el medio ambiente, etc. desde sus cómodas oficinas limeñas, alejadas de los diversos países que habitan el territorio peruano. Tienen presencia en el cartel mediático limeño, pero no se dan cuenta de que son percibidos como los poderosos que explotan a los pueblos. No entienden que tienen que hegemonizar la lucha política y convertirse en una verdadera clase empresarial, y no en un grupo  de frívolos fenicios que busca siempre que el Gobierno de turno defienda, de oficio, sus intereses económicos.

El tercer grupo son las organizaciones políticas de izquierda y algunas oenegés ecologistas que usan el miedo de los campesinos y  de la población a la contaminación ambiental. Estos partidos y colectivos ambientalistas reciben financiación de los países que compiten con la minería peruana, y que quieren que el país fracase para lucrar con su miseria. En Cuba serían declarados traidores al pueblo por evitar que el Estado capte más divisas para financiar la educación y salud. Muchas de estas organizaciones de izquierda defienden los derechos civiles de las comunidades LGTB y la ecología como un pingüe negocio. Además,  algunas organizaciones de izquierda creen que el Perú debe ser una sociedad de agricultores y pastores pobres que viva del turismo comunitario en los Andes y la Amazonia. 

Somos un país minero, y la evidencia es que la minería informal e ilegal  se expande en todo el Perú. Aproximadamente un millón de mineros informales buscan crear riqueza con sus propias manos y sus propias leyes, como en el viejo oeste americano. Frente a esta minería que contamina nadie se pronuncia, nadie denuncia el daño ecológico que causa, menos la miseria social que produce. El Perú necesita una revolución social para defender a los peruanos, una revolución social que ordene la actividad minera,  que es imprescindible para acabar con el déficit de infraestructura social y productiva. Lo demás es demagogia de los politicastros que oculta sus viles negociados.