Queréllame si puedes

Es verdad que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, porque frente a él se yergue el derecho al honor. Una aseveración no comprobada afecta no solo el honor del agraviado, sino también su reputación en cada ámbito de su vida. Los derechos fundamentales no son absolutos. Nos referimos en particular al caso del libro Plata como cancha del periodista Christopher Acosta, en el que narra diversos eventos en la vida del político César Acuña.

Acosta y su editor, Jerónimo Pimentel, fueron condenados, pero sin base jurídica de admisibilidad en el segundo caso. La difamación es un delito de comisión y no de omisión. “No me puedes condenar por lo que no dije”. Tampoco se acreditaría el dolo en este caso, que es la intención de afectar el honor de Acuña, máxime cuando no se acredita su participación intelectual en la concepción de la obra. No cabe la presunción de que existe mala fe contra el agraviado.

En el caso de Acosta, el rigor periodístico no se ubica al nivel de una investigación como tal, sino al de un cúmulo de referencias o citas a modo de un compendio que construye al personaje. En este caso la relación en el análisis es entre lo que dijo Acosta y la referencia física o documental de donde lo extrajo. 

Si la justicia admite con el caso Acosta la “penalización de las citas”, se abriría un precedente peligroso, tal como se precisa en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica (Corte Interamericana) donde se dice: “El efecto de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva una restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad”.

Si bien existen casaciones en la Corte Suprema que relativizan el derecho a la libertad de expresión cuando se afecta el honor, la interpretación extensiva es que las afirmaciones difamatorias no se comprenden en el universo de la diseminación de aseveraciones de terceros. En el caso Ulloa Herrera vs Costa Rica se sostiene que nadie está obligado a probar la veracidad de un relato. Extraemos que, por consecuencia, en las pruebas se admiten los documentos que verifican solo la existencia del relato y no la verdad detrás de él. Es allí cuando el juicio debió terminar con una sentencia absolutoria.

Se aplica en estos casos la doctrina del reporte fiel del caso Curry vs Walter. El periodista no responde por reproducir la información de una fuente. También la Corte Europea ha añadido material, al advertir que castigar a un periodista por asistir en la difusión de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución de la prensa en la discusión de temas de interés público (Eur. Court H.R., Case of Thoma v Luxemburgo, Judgement of 29 March, 2001, para, 62).

La extralimitación de la sentencia en el caso Acosta es lo que define que en tal sí hay vulneración de la libertad de expresión. Este no sería el criterio si es que alguna afirmación careciera de referencia o hubiera malicia en la reproducción de una cita. La malicia es el conocimiento de la falsedad de la declaración o el desinterés en descubrir la verdad de tal si es que es contrastable. Hay malicia si una afirmación se contradice con un documento público de presunto conocimiento (una sentencia, una partida registral…). No sería el caso de las aseveraciones de terceros en entrevistas, donde pueden confluir dudas, pero no la convicción de que la referencia es falsa y se reproduce a sabiendas. En realidad, no hay cómo saberlo.

Es un tema de interés público, el juez superior debe evaluar que una decisión indulgente con la sentencia de primera instancia generaría un daño social mayor al daño particular. De ser así, los asuntos públicos serían intangibles para la prensa y, por tanto, para los ciudadanos.