¡Que se vayan todos!

La propuesta de adelanto de elecciones del presidente Vizcarra tiene como objetivo acabar con la inestabilidad política generada por la incompatibilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno acusa al Congreso de blindar corruptos y de no aprobar la reforma referida a la inmunidad parlamentaria, y ese hecho —según Vizcarra— es insostenible y por ello deben irse todos. Por otro lado, el Congreso incrimina a Vizcarra de ser un gobernante insignificante y un cobarde porque huye a los retos del gobierno, además señalan que el Gobierno subvenciona con fondos estatales al cartel mediático (Canal N, Canal 4, El Comercio, La República, RRPP, Exitosa y otros medios de comunicación marginales) al que da más de US$ 350 millones anuales en publicidad estatal para que lo respalde militantemente. 

Los opositores regionales señalan que la Presidencia del Consejo de Ministros asigna consultorías a determinados opinólogos, encuestadoras y periodistas que circulan en los programas políticos del cartel mediático respaldando fanáticamente al Gobierno y sobrevalorando una supuesta lucha anticorrupción, que no existe. Por otro lado, los dirigentes sociales del sur andino señalan que Vizcarra es un felón y sirviente del neoliberalismo, porque dice una cosa y hace otra. El ejemplo más claro es su falta de liderazgo en el conflicto de Tía María. La prensa provinciana ha destacado cómo los gobernadores del sur humillaron políticamente al presidente de la República, hasta convertirlo en un vocero ramplón de sus demandas sobre la minería.

En el Cusco, los medios de comunicación y los gremios profesionales y sociales exigen la aplicación de cláusula anticorrupción establecida en el contrato del gasoducto surandino, obra en la que Odebrecht no admitía corrupción. Sin embargo la prensa ecuatoriana develó pagos ilegales en esta obra y otras hechas por la empresa brasileña; incluso el mismo Vizcarra lo dijo en su Mensaje Presidencial. Sin embargo, el Gobierno no aplica la cláusula anticorrupción que tiene ese contrato suscrito en el Gobierno de Humala.

La inmensa mayoría de peruanos quieren que se vayan todos, no quieren tener gobernadores incompetentes y corruptos; menos un Congreso inmundo y lumpenizado. Tampoco quieren —a pesar de las encuestas de la PCM— un Gobierno corrupto como el de Vizcarra, que acusa a otros de corruptos para ocultar sus latrocinios (que serán descubiertos cuando se vaya).

¡Que se vayan todos! Debe haber elecciones generales lo más pronto posible para renovar la clase política nacional para hacer una gran revolución social que afirme las libertades civiles, políticas y económicas que el país demanda; para tener un Gobierno que les de agua y desagüe a más de 10 millones de peruanos sin servicio; para disminuir el déficit de infraestructura social y productiva; para fortalecer los partidos políticos; para reformar el fracasado proceso de regionalización, que solo ha traído corrupción en todo el Perú; para acabar con el crimen organizado que controla extensas zonas del país (como el VRAEM); para refundar o reformar la policía una vez más; para que las empresas delictivas (como Graña y Montero) no sean dueñas de medios de comunicación; para hacer una verdadera reforma educativa y salir de las confusas teorías de género de un grupo de intelectuales soberbios; para abaratar las medicinas y acabar con el monopolio de algunos grupos económicos; para innovar la inversión en recursos naturales y medio ambiente; para entender los conflictos sociales en el Perú.

O simplemente ¡que se vayan todos! para dar un salto al vacío y hacer inviable este país, y seguir el camino de Venezuela o Haití, demostrando una vez más nuestra histórica vocación suicida. En el Perú todo se hace a la loca, rápido, para estar en la nueva moda progresista de las clases medias altas limeñas y soñar con nuestras populares revoluciones de cafetín miraflorino.