¿Por qué tan minúscula compensación?

Vivimos en tiempos en los que la burocracia gana control en diversos planos de nuestras vidas. Hoy quiere avasallarnos indicándonos hasta qué comer o cómo debemos educar a nuestros hijos. En materia económica, y  aludiendo a algún hipotético déficit de Estado, se ha inflado la intervención estatal hasta niveles extremos; regulando hasta las respuestas endógenas de los agentes económicos frente a desincentivos tributarios (i.e.: la elusión).

Así, en un país donde no hemos derrotado la pobreza, ante cualquier problema o inconveniente no ha faltado alguien que nos ha repetido de que esto se resuelve solo con mágicas intervenciones estatales; esta vez envueltas con el bonito término de “políticas públicas”.

Ellos no nos lo dicen nunca, pero el vocablo de marras siempre implica más impuestos; o más deuda pública; más maquinita del Banco Central (léase: financiamiento inflacionario) o la creación de algún botín o empresa estatal (gracias a alguna licencia monopólica estatal). Si a las cifras de hoy les agregásemos estimados de nueva deuda estatal, recaudación tributaria, ingresos por licencias monopólicas y recaudación inflacionaria, encontraríamos que el sector público consolidado absorbe un tercio de nuestro PBI.

El problema aquí no solo implica la escasez de evidencia sobre naciones que crezcan a un ritmo alto con una burocracia que succiona un tercio de lo que se produce. Implica también lo crecientemente corrupta o prostituida de la burocracia cuando esta se infla irreflexivamente. A pesar de esto y erróneamente, el masivo fenómeno de la corrupción burocrática en nuestro país se trata de explicar aludiendo a una empresa. La constructora brasileña Odebrecht y su accidentada telenovela con inocentes y culpables e invisibles. Por el contrario, su comprensión —y solución— resulta mucho más llana si interiorizamos que este fenómeno es algo burocrático. Hemos inflado la burocracia y sus atribuciones discrecionales en medio de una institucionalidad deplorable.

Sí, estimado lector, existe más de un par de millones de peruanos —la burocracia (desde el presidente, ministros, jueces, fiscales, funcionarios y porteros)— cuyos sueldos son mensualmente pagados para que la corrupción no exista. Nos guste aceptarlo o no, la raíz del problema no implica una banda de brasileños, involucra la disfuncionalidad de nuestros burócratas, o los incentivos procorrupción burocrática en los que ellos se desenvuelven.

Con este marco los invito a repensar tres sencillas interrogantes referidas a las andanzas de la firma Odebrecht en nuestro país. No se las planteo porque estas impliquen per se la solución al problema. Se las planteo porque manifiestan la corrupción burocrática peruana en su plena y actual magnitud.

• ¿Acaso alguien sabe cuánta obra pública (en millones de dólares americanos) se le asignó a la firma Odebrecht en forma directa e indirecta en el lapso 2001-2018?
• ¿Acaso alguien ha identificado cuántos burócratas a todo nivel fueron coimeros, coimeados o simplemente responsables pagados para que esto no sucediera?
• ¿Alguien se ha preguntado hoy por qué razones —santas o no santas— el Gobierno actual no hace públicas tales nóminas y estadísticas?

Pues, nótelo, las respuestas a estas tres preguntas guardan particular relevancia no solo porque el grueso de los medios periodísticos nacionales las omitan orquestadamente; sino porque en el texto literal del tercer acuerdo el Gobierno de Martín Vizcarra y sus teatrales jueces y fiscales han conciliado con el conglomerado brasileño, como toda compensación, pagar solamente US$ 190 millones a lo largo de 15 años, sin establecer el pago de intereses por el paso del tiempo. Un monto difícil de justificar.

Y es que si bien nadie publica las cifras sobre la obra pública asignada directa e indirectamente a la firma Odebrecht y sus relacionadas en el periodo 2001-2018, algunas cifras paralelas sí están publicadas y otras inferencias lógicas pueden ser esbozadas.

Así, sabemos que el sector público peruano no financiero ha registrado entre el 2001 y el 2018 un enorme flujo acumulado de inversión pública por la friolera de US$ 119,372 millones de dólares constantes del 2010.

Se asume que la mitad de esta suma se asignó en infraestructura, un tercio de esta se asignó a la firma de marras y —a su vez—- un tercio de este monto a operaciones estructuradas o coimas. Por ello, una primera aproximación al daño económico sujeto a una compensación debe incluir tanto (1) la devolución de las coimas, (2) el lucro cesante por la merma de infraestructura, (3) la reparación del año institucional y (4) el cargo financiero por el costo de oportunidad de los fondos públicos involucrados. Todo eso nos lleva a una cifra astronómica (US$ 17,906 millones constantes del 2010). Un daño económico enorme que implica una compensación sustancialmente mayor a la pactada.

En este ejercicio importa poco la situación financiera actual de la firma. Después de todo, tenemos casi un quinquenio sin respuesta a los escándalos descubiertos en el exterior.

Si en los próximos días las cifras hoy no publicadas confirmasen grosso modo cifras de obra pública asignada a Odebrecht por una escala similar, nos encontraríamos con que la compensación negociada puede equivaler a un astronómico regalo (que apenas compensaría el 0.4% del estimado del daño económico).

Resulta, pues, un regalo muy difícil de justificar, dado lo poco que lo que hasta ahora se conoce por las recientes declaraciones de los funcionarios de las firmas brasileñas. Estas no ofertan sorpresas ni implicarían nada que un cuerpo de fiscales capacitado o tercerizado no podría obtener verosímilmente. Sobre la lista de burócratas involucrados abruma el secretismo. Parece que estamos muy contentos juzgando a unos pocos y cerrando los ojos sobre los miles de involucrados por acción u omisión.

Por todo esto me quedo pegado a la tercera interrogante: ¿Cuáles habrán sido razones que dibujan este extraño secretismo?