¿Por qué Incháustegui está libre?

Reflexiones sobre Sendero Luminoso y las políticas del Estado que lo favorecen

La excarcelación del terrorista de Sendero Luminoso (SL) Carlos Incháustegui ha generado malestar e indignación en la ciudadanía, pero más allá de estos sentimientos, es necesario reflexionar sobre la situación actual del terrorismo y sobre la actitud del Estado frente a aquel: ¿Sigue siendo SL una amenaza para la seguridad y la vida de los peruanos? ¿Por qué están siendo liberados los cabecillas de SL? ¿Qué hace el Estado para prevenir un resurgimiento de la violencia terrorista?

Antes de tratar de dar respuesta a tales interrogantes, es necesario conocer cómo piensan y actúan los terroristas. SL es una organización totalitaria que se orienta por una ideología que considera el poder como fin supremo, por encima de la vida humana. Para alcanzarlo, fanatiza a sus miembros, los convierte en asesinos que no sienten el menor remordimiento de sus crímenes; al contrario, se enorgullecen de matar y desprecian hasta su propia vida con tal de seguir al jefe iluminado.

El terrorista es un psicópata fanático capaz de cualquier atrocidad con tal de cumplir los mandatos de su líder. Por esta razón las leyes que permitieron derrotar a SL en los 90 les dió un trato penal y penitenciario especial. Las penas fueron duras y la prisión rígida (dos horas de patio al día y una visita al mes), para que se arrepintieran y renegaran de sus actos, o sea para quebrarlos ideológicamente. Solo así se puede derrotar estratégicamente a una organización terrorista, así se hizo y funcionó: Miles de terroristas presos se arrepintieron, renunciaron a su banda y el Estado les tendió la mano: flexibilizó su régimen penitenciario y los apartó de los terroristas recalcitrantes.

Cierta izquierda empoderada por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo asumió el control del Ministerio de Justicia y del INPE y desde allí desmontó todo lo avanzado con el argumento de que el régimen carcelario para terroristas no se ajustaba a “los estándares internacionales de derechos humanos”. Nunca se supo que quería decir eso, pero bastó para desmontarlo todo: Los terroristas arrepentidos fueron enviados de nuevo con los avezados, y estos recibieron toda clase de beneficios penitenciarios -hasta indultos y gracias- sin haberse arrepentido. También se anularon los juicios y las ONG politizadas “capacitaron” a los fiscales y jueces de terrorismo, quienes redujeron las penas a los terroristas en los nuevos juicios. En ese período (200-2006) fueron liberados 3,400 terroristas.

En los 90, los jueces sin rostro -iguales a los que juzgaron a las Brigadas Rojas de Italia en los 80- sentenciaron a cadena perpetua a toda la cúpula de SL y el MRTA. Cuando la izquierda mercantilista llegó al poder anuló esa pena para la mayoría de los terroristas alegando que era “incompatible con los DDHH”. Es por ello que hoy solo dos jefes terroristas, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, cumplen prisión “perpetua revisable”. He aquí la primera respuesta: Carlos Incháustegui está libre y Victoria Trujillo lo estará pronto, sin que se hayan arrepentido, porque les anularon la cadena perpetua.

¿Qué mensaje les ha dado el Estado a los asesinos fanáticos al concederles indultos, derechos de gracia, beneficios penitenciarios y penas benévolas sin que aquellos hayan dado ninguna señal de arrepentimiento? El mensaje implícito es: Ustedes no tienen que arrepentirse de nada, con lo cual SL se siente hoy legitimado y, más aún, siente que ha doblegado al Estado peruano.

En consecuencia, SL se encuentra hoy política e ideológicamente fortalecido. Y, como señala el doctor Marcos Ibazeta, bajo el membrete Movadef trabaja a tiempo completo en reconstruir su aparato y lograr la liberación de Guzmán, en la perspectiva de retomar su proyecto de la “guerra popular”, a la que jamás ha renunciado. Segunda respuesta: SL sí es una amenaza latente contra los peruanos.

Frente a esa amenaza, ¿qué hace el Estado? Nada, no tiene ninguna estrategia conocida para prevenir un resurgimiento violento de SL; más bien mantiene intactas las leyes y políticas penitenciarias pro-terroristas que en la década pasada promovió e impuso la izquierda mercantilista. Es que ésta sigue en el Sector Justicia y el INPE, y también influyendo en fiscales y jueces a través de sus ONG.

Lo más sorprendente es que todas las concesiones políticas, jurídicas, penales, etc., al terrorismo se dieron después de que éste había sido derrotado militarmente por el Estado en alianza con los Comités de Autodefensa campesinos y el resto de la sociedad. Y también después de las reuniones secretas entre Abimael Guzmán y Javier Ciurlizza, asesor del ministro de Justicia Diego García Sayán, en el 2000, cuando en el mundo democrático ya era consenso que con el terrorismo jamás se negocia.

El próximo gobierno tendrá que formular una estrategia efectiva e integral que anule la amenaza latente de Sendero Luminoso y que repare el gran daño que la ha hecho la izquierda irresponsable al Perú.

Por Víctor Robles Sosa

(16 sep 2014)