¿País de burócratas ineptos?

Esta vez la tramoya llegó en enero y no en julio, como era habitual. La semana pasada, la persona contratada para desempeñar las funciones de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, uno de los dieciocho ministerios del vizcarrato, declaraba que nuestro país era una “país de violadores”, con gran despliegue y respaldo de los medios dependientes de la pauta fiscal. Repito lo que no debemos olvidar: el nuestro no es un país de violadores ni es un país de burócratas incapaces y ladrones. Abundan los hombres y mujeres de bien, así como –en menor medida– existen burócratas capaces y honestos. Es incorrecto, inapropiado e irresponsable generalizar. Las ideologías aquí apestan. 

Cuando se generalizan los casos de violencia contra la mujer y –en menor medida– cuando se propaga la corrupción burocrática (de presidentes, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, directores y servidores públicos en general) la desgracia tiende a usarse políticamente. Esto sucede tanto cuando se inflan los crímenes, usando las cifras in crescendo, como cuando se construyen cortinas de humo, subestimando la escala de la corrupción burocrática o minimizando la persecución legal de personajes en el poder o ideológicamente afines.

Es cierto, con más de dos millones de servidores públicos, unos cien mil coimeros, coimeados y cómplices, implican –a simple vista– un mar de corruptos impunes y un gran daño a la economía peruana. Pero estos apenas equivaldrían al 5% de la población burocrática peruana. Por el lado de las violaciones y los feminicidios, con cada año mucho mayores presupuestos para el registro de estos crímenes, las cifras disponibles no solo resultan socialmente escandalosas sino explosivas. Sugestivamente explosivas.

Vayamos al punto. La tasa de feminicidios en nuestro país, que venía reduciéndose desde el 2011 al 2015, desde el 0.8 al 0.5 por cada cien mil), se duplicó el año pasado, con un indecente 1.0. Esto, en un ambiente de muchísima mayor intervención estatal, donde en solo cuatro años el presupuesto público anual se elevó en la sideral cifra de US$ 9,075 millones. Si multiplicamos esto, usando las cifras de las personas atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual –supongo que implica niños y niñas, hombres y mujeres– e introducimos manifestaciones de violencia de todo tipo (física, psicológica, sexual y hasta patrimonial o económica); medidas todas con criterios de todo tipo y bastantes difusos, cuadros de violencia que –en agregado– llegan a crecer un 41% el año pasado. Versus el apenas un 1.4% del crecimiento demográfico femenino. 

Es cierto, ahora que se dispone de cada vez mayores recursos (y más definiciones) para medir la violencia, descubrimos que esta violencia o violaciones diversas se abultan por un factor de 3.5 en solo ocho años. Es decir, entre los días de las gestiones de Ollanta Humala y Martín Vizcarra, dos destacados exponentes de la izquierda mercantilista latinoamericana.

Nótese aquí que estamos midiendo a muchos distintos tipos de violadores o violentistas, en cotejos donde la participación de las personas atendidas por el aludido observatorio por violación sexual, se reduce desde el 12% al 2011 al 9%. Esto, en un ambiente donde los casos de violación sexual explosionan de 5,222 el 2011 a 12, 839 el 2018; donde el registro de feminicidios en ese lapso pasa de 123 el 2011 a 150 el 2018, y donde los intentos de feminicidio pasan de 66 el 2011 a 328 el 2018. 

Y todo esto mientras el presupuesto estatal en dólares americanos se infla sostenidamente: 72.7%. Todo un monumento al fracaso de las políticas públicas (léase: regulaciones y gastos) aplicadas para combatir esta lacra social. Por supuesto, los miles de burócratas, consultores y oenegés que medran con esta lluvia de millones podrán indignarse y aludir que es difícil medir sus resultados o que estos se verán algún día –tal vez– en el largo plazo.

En nuestro país, rara vez las supuestas soluciones burocráticas resultan exitosas. Eso sí. Tienen su público electoral; sus medios beneficiados y entiendo que mucha gente necesita creer en ellas. Pero el drama de los abusos, las violaciones y la violencia resulta un asunto demasiado serio para ser entregado a burócratas que no solo son exitosos usando retórica estentórea. Es decir, dividiéndonos por su carga ideológica y usando presupuestos públicos para implementar propaganda política progresista. Pero, insisto, el asunto es demasiado serio. No basta con un Observatorio que obtenga cifras en explosión. No basta una burócrata que insulte a los demás. No bastan y no sirven. Tampoco sirve que nos vendan soluciones que fracasan probadamente.

Creer que se combaten las violaciones sexuales, los feminicidios y otros cuadros de violencia con mayores regulaciones y presupuestos es algo iluso. Abramos los ojos. Esta situación es la contra carátula de una portada con el masivo fracaso de la proveeduría pública de salud, educación, seguridad ciudadana y servicios judiciales. Es el mediocre e intermitente crecimiento económico peruano (léase: sus índices de pobreza e ilegalidad) y la creciente corrupción e ineptitud de los servicios públicos en estas cuatro áreas, mantenidas desde los años setenta a la fecha, las fuerzas que explican las desgracias por Violencia Familiar y Sexual. 

Y esto dentro del fracaso de las políticas públicas que los acompañan, explica también muchas garrapatas (jugosos negocios privados e ineptitudes estatales, vestidos de indignación, denuncia y empatía social). Ojo con esto. Nuestra pasividad e indiferencia resultan cómplices de esta desgracia nacional y explosión. Nada de autocomplacencia. Y por favor, para que la educación pública ayude habría que enfocarla en la calidad e integridad, no en la ideología. Y paralelamente,deberíamos contar con aparatos de salud pública, servicios judiciales y seguridad ciudadana que estamos muy lejos de tener.