Operación sospechosa

Esta es una materia de la mayor importancia para todos. Para los trabajadores que ahorran en las AFP y para el resto. En los próximos días, el pleno del Congreso decidirá finalmente si insiste o no en aplicar el llamado Régimen Especial de Jubilación Anticipada —conocido como REJA— haciéndolo permanente. Sí, estimado lector, el variopinto legislativo de estos tiempos decidirá ese día gran parte de la suerte económica de nuestro país.

Esto se da, justamente, cuando una alta proporción de los congresistas que votarán en el pleno no parecen tener ni la menor idea de las consecuencias de lo que están decidiendo, y mientras algún par de ellos podría —investigación judicial de por medio— estar involucrado en un negocio turbio con los beneficiarios privados de la aludida insistencia. Vale la pena destacar aquí que la observación a la ley, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, resulta posiblemente el acto más lúcido de la administración económica de Martín Vizcarra desde que asumió el poder.

Hábilmente, diría un mal pensado, les ha dejado una popularísima papa caliente a los congresistas. Y es que hablamos de un cambio de reglas muy popular. Un cambio que permitiría que —discriminatoriamente por sexo— los afiliados que hayan cumplido 50 años (en el caso de las damas) o 55 (en el caso de los varones) y que además se encuentren desempleados (por un año o más), recibirán una pensión (descalzada); o que se lleven —parte de— la mitad de su plata ahorrada. Notemos que eso de regalar plata no solo hace simpático al supuesto regalador sino que constituye la norma desde el 2011.

Por todo esto vayamos al fondo del asunto. La consolidación del REJA es una tremenda sandez de política económica; al menos por las siguientes tres razones.

1. La medida descalzaría financieramente la economía. Para entender esta amenaza vale ponderar que el ahorro previsional del sistema previsional privado no solo alcanza el 21% del PBI, sino que equivale a tres veces todo el patrimonio efectivo de los bancos comerciales. Mermar drásticamente la oferta de fondos de larga maduración —retirar fondos de las AFP para ser entregados a cientos de miles de ahorristas que querrían su plata de inmediato— implica un evento macroeconómicamente suicida. El nivel de calce intertemporal de algunas instituciones podría verse afectado. Afectaría a todos los peruanos. Sorprende la actitud silente del BCRP y la SBS frente a este posible percance, y sobre sus efectos recesivos sobre el empleo y la actividad económica en los meses venideros.
   
2. Dañaría a los trabajadores que optasen por acogerse al REJA, porque solo retirarían la parte descalzada de sus fondos. Y es que este cambio legal reduciría tanto el valor de los fondos ahorrados cuanto su rentabilidad porque —en español sencillo— obligaría a que las administradoras, quebrando sus horizontes de inversión, liquiden su exposición a precios más bajos. Esto perjudicaría en primer lugar a los trabajadores supuestamente beneficiarios del REJA, dado que recibirían una porción indeterminada —léase mal barateada— de su saldo. Pero también dañaría a los trabajadores que continúan en el Sistema Privado, al reducir el valor de mercado de sus ahorros.
3. Por otro lado, la medida generaría impredecibles ganancias especulativas a los privados que —gracias a esta ley del congreso— comprarían instrumentos aefepeados a precio de ganga. Esto gracias a los congresistas promotores de este desparpajo. Personalmente me resisto a creer que estén pensando en una jubilación ilegal ahora que no pueden ser reelectos.

Una última precisión. No confundamos los intereses de los ahorristas —el principal— con los del gobierno de turno o el de las administradoras (las agencias). A través de la regulación, desde su creación, los gobiernos de turno les han proporcionado una conveniente rentabilidad a las administradoras. Aquí el meollo implica descubrir que la insistencia con el REJA, al final, solo esconde el regalo de varios puntos del PBI a ciertos privados que comprarían a precios de ganga instrumentos financieros que hoy respaldan los ahorros de los trabajadores.

Si, como se repite, este es un gobierno piñata (que contra más lo golpeen más cede); y ambos poderes están desesperados por mantener o mejorar sus respectivas popularidades. Pero vale la pena ponderar que ser responsables de que entre en vigencia hoy puede resultarles contraproducente. Hoy pueden lucir populares, pero luego, cuando rija y se liquiden las exposiciones, los montos que finalmente reciban los acogidos al aludido régimen serán probablemente mucho menores a los que Bruce y compañía les ofrecieron. Así como las jubilaciones de los trabajadores que aún ahorramos en el sistema y de aquellos que no deseen acogerse a este esperpento legal. Entonces, señores, nos acordaremos de ustedes y su responsabilidad congresal. De su responsabilidad directa en una operación sospechosa, cuando menos.