No nueva Constitución, sí ayuda social

La presidenta Dina Boluarte parece entender bien que la Constitución no se come y que es necesario atender con acciones concretas las necesidades de los pobres. Si le sirve de algo, le propondría sustituir la mal intencionada atención que hay en la Constitución de 1993 por un pacto social de atención concreta a los pueblos, uno sin carácter constitucional, solo social y con el compromiso de resolver, con recursos tangibles, problemas muy concretos en el Ande. El documento debe surgir de las plataformas de diálogo con las provincias serranas, sondeando las necesidades de la gente. 

El corto gobierno tiene la ventaja de contarcon los recursos económicos y financieros para que las provincias tengan hospitales, escuelas, caminos, agua potable, saneamiento, alimentación y, especialmente, fertilizantes y tecnología agrícola. Debe abrir un puente de continuidad con los gobiernos por venir. Los demagogos aspirantes a sátrapas llegarán antes de las elecciones con las manos vacías, sin recursos para confrontar con la acción estatal. Bien vendría que en la ayuda alimentaria directa colaboren no solo las iglesias, sino también las Fuerzas Armadas, como aliadas de la libertad y de la Constitución, pero también de los pobres. Que los agitadores y violentistas (que son unos pocos miles frente a treinta millones de peruanos que quieren paz y desarrollo) no encuentren el piso del descontento para sembrar sus odios ideológicos, como lo han hecho clandestinamente desde 2001 en adelante, porque les dimos ventajas. 

Es grave que la población económicamente activa en la sierra se dedique en un 80% a la agricultura (en la costa es servicios e industrias). El problema es que la agricultura andina no es rentable y necesita complementos de ingresos para aquellos tiempos en los que no llegan las cosechas, requieren interconexión y sustento de actividades complementarias, nuevos modelos de desarrollo. De esas angustias económicas se valen los protosátrapas de la izquierda radical, a quienes no les importa el pueblo sino el poder. La izquierda solo quiere el poder y lo quiere para cebarse de él. Qué mejor prueba que la pobrísima Venezuela socialista, donde el dictador vive como un jeque junto a su afortunado séquito político, mientras el pueblo se ve forzado a migrar. 

Ps. A decir verdad, sí hay una reforma que hacer en la Constitución de 1993: la regionalización. Esta solo sirvió como dique de contención de los fondos que llegaban desde el MEF, in crescendo año a año, y desde las minas. Llegaban a los bolsillos de una burocracia regional corrupta que se sirvió del poder para enriquecerse y adoctrinar con odio a quienes no tenían nada, culpando a Lima, de donde recibían fondos para malgastarlos y embolsicárselos. Que ahora parte del presupuesto para regiones derive a los proyectos agrícolas y ganaderos familiares y que el canon se reparta como bonos de pobreza entre la población. El verdadero enemigo de la provincia está sentado en el trono regional o local.