Liderazgo autoritario en democracias disminuidas

Desde el inicio de esta semana diversos analistas, entre los que destaca el politólogo Fernando Tuesta, han sostenido que en el Perú actualmente estamos viviendo una democracia deficiente. ¿A qué se refiere con ello? Pues básicamente parten de la premisa de que no estamos viviendo un régimen autoritario o dictatorial; que no hay condiciones para que haya persecución política.

Les doy la razón en que vivimos en una democracia deficiente, pero se olvidan (¿involuntariamente?) que para que el régimen democrático se consolide o sea deficiente, el estilo de liderazgo en un sistema presidencial, entre otros factores, ayuda a entender su consolidación o su deficiencia. He ahí el detalle. Eso lo venimos apreciando por estos tiempos en el accionar —con tinte autoritario— del presidente Martín Vizcarra. Su estilo de liderazgo, con el fin de tener respaldo momentáneo de la gente, transita hacia la intromisión de la autonomía de poderes.

En lo que respecta al Poder Legislativo, mediante el referéndum que se llevará a cabo en diciembre, como sostiene el analista político José Carlos Requena (El Comercio 20/11/18), lo que le interesa a Vizcarra es más el asunto plebiscitario (quedar bien con la gente) que la necesidad de una reforma política. No importa si atenta contra el pilar de la democracia, lo importante es lo que ansía históricamente la mayoría peruana: deslegitimar el Parlamento. Vale decir, le importa los resultados de la encuesta a costa de la representación política.

Sobre el Poder Judicial, si bien fueron importantes los audios para saber sobre las operaciones corruptas de los jueces (léase Hinostroza Pariachi y César San Martín), fueron un pretexto para descabezar esta institución democrática y, así, judicializar y criminalizar a la oposición democrática, mediante prisión preventiva e impedimento de salida del país.

Ni qué decir del Ministerio Público. Claramente apreciamos la presión política por parte del Ejecutivo para que se destituya al fiscal superior Pedro Chávarry. Y no solamente ello, mediante un proyecto de ley (que la bancada aprista en su momento denunció ante la opinión pública) se trataba de tomar el control de dicha institución. ¿Con qué fin? Pues de quedar bien con la ciudadanía judicializando a la oposición política.

A esta situación de injerencia a la autonomía de poderes, por parte del autoritarismo de Martín Vizcarra, se suma la alianza implícita que hay con cierto sector de la prensa que —sin objetividad alguna— no investiga ni es tan mordaz con los que sí recibieron dinero corrupto de la empresa constructora Odebrecht; como Graña y Montero, cuyo dueño es familia de los accionistas del El Comercio, Perú 21, El Trome, Canal N y América Televisión. Por su parte, Alejandro Toledo recibió US$ 20 millones, Susana Villarán recibió US$ 3 millones y Ollanta Humala recibió US$ 3 millones.

Presidente Martín Vizcarra, esa no es la forma de gobernar. Rectifíquese por el bien del país ante la comunidad internacional.