Pobreza energética en combustibles comprende a 45.7% de la población

Las cifras de pobreza le han sido adversas al precario gobierno de Dina Boluarte: mientras el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) anunciaba que en el 2023 la pobreza monetaria alcanzaba al 29% de la población y la extrema el 5.7% –cifras difundidas ampliamente–, la gremial empresarial de los exportadores, Comex, publicaba que la pobreza multidimensional era del 33.2%, que es la que considera la privación de acceso a determinados servicios.

La evaluación multidimensional es una medida que nos aproxima más a la realidad, pues abarca diversos rubros. Comex considera 4, mientras que el INEI toma en cuenta 8: salud, educación, vivienda-entorno, servicios básicos, energía, empleo-previsión social, seguridad y conectividad. En cada uno de los grupos hace medición con indicadores, sumando 29 en total, y sobre este tema ha empezado un debate pues el gobierno, mediante decreto supremo (DS-014-2024-MIDIS) publicado el 31 de diciembre pasado, pretende que se maneje con un solo indicador. 

Para graficar la importancia de los indicadores me referiré al sector donde me desempeño, energía. Aquí hay un indicador para electricidad y otro para combustibles para cocción de alimentos. Las cifras publicadas por el INEI señalan que el 50.5% de la población “no tiene acceso a la energía eléctrica mediante la red pública, o tiene acceso inadecuado según área de residencia”. Adicionalmente afirman que el 45.7% de la población “usa combustibles sólidos contaminantes para la cocción de alimentos”

Vale la pena entrar al detalle de los combustibles contaminantes; se está refiriendo a carbón y leña. Tener al 45.7% de la población usándolos dice muy mal de una economía donde desde el 2012 nos vienen repitiendo la monserga del ingreso al grupo de países de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Si se agudiza más el análisis se tiene que los usuarios de estos combustibles son el 34.0% en áreas urbanas y el 93.7% en zonas rurales. 

Esta información de la pobreza multidimensional es importantísima para la toma de decisiones en las políticas de Estado. Es más que evidente que un manejo responsable debe apuntar al reemplazo de carbón y leña en zonas rurales, y eso se hace con el gas licuado de petróleo (GLP), pues el tendido de redes de gas natural sería demasiado costoso. 

El GLP en área rural significa proporcionar la cocina, el balón de 10 Kg y un vale de descuento para el GLP, que debería ser de unos S/ 25 soles, que equivale una reducción promedio del costo del orden del 50% respecto al valor de mercado. En términos anualizados esto implica un egreso del orden de S/ 550 por hogar. Por cada 100,000 hogares la inversión alcanzaría 55 millones de soles (MMS/) al año.

No hay punto de comparación en la inversión en GLP con un tendido de redes y conexiones externas e internas de gas natural (GN) que demandan 1,047 MMS/ por cada 100,000 hogares. Con GLP se llega rápidamente al sector rural, que es el más necesitado, con una inversión que es el 5.3% de lo que se necesitaría con GN para la misma cantidad de hogares

La evaluación económica señalada es relevante porque se acude a los recursos del FISE (Fondo de Inclusión Social Energética), que provienen de cargos de los consumidores de electricidad y combustibles, y lo mínimo exigible es que se use de manera eficiente y no se está haciendo. 

Se propagandiza por grupos de interés de la distribución del GN por redes la costosa masificación, y la clase política hace suya la prédica, pero en ningún momento se prioriza el uso del FISE donde más se requiere. Las cifras hablan por sí solas: se destina el 40% al GN y solo el 20% al GLP; eso no es trabajar a favor de los más necesitan con fondos aportados por los ciudadanos

Es hora de que la participación ciudadana se sume a enmendar rumbos.