Las Bambas: el Estado no aprende la lección

La tensión actual en Las Bambas y la extensión del conflicto social en casi toda la región Apurímac vuelve a corroborar el hecho de que el Estado y el Gobierno actual no han sacado las lecciones de lo acontecido en Conga, Tía María y Bagua. En lugar de reconocer sus errores a tiempo y dejar de favorecer a la empresa minera, violando la ley, el Gobierno actual optó por una estrategia policiaco judicial, con la torpe idea de que las comunidades iban a retroceder en sus pretensiones. El plan del Ministerio del Interior, avalado por otros sectores, para detener al presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, metiéndolo en el mismo saco que los asesores Chávez Sotelo, ha generado un efecto exactamente contrario, extendiendo la tensión a nuevos sectores.

Y es que el actual conflicto en Las Bambas no tiene como origen principal la agitación de sectores ultras y grupos antimineros, como se insiste torpemente. La causa radica en la ruptura del amplio consenso que se había logrado entre los años 2004 y 2013, entre la empresa suiza Xstrata, las comunidades y el Estado. Hasta ese momento el proyecto —que supone una extracción de 6.9 millones de toneladas de cobre, a razón de 450,000 toneladas cada año—, aparecía como un modelo a seguir, en vista de que la empresa había logrado la licencia social para realizar la ejecución. En la práctica era un pacto de desarrollo territorial que permitía la coexistencia pacífica entre la actividad minera, el desarrollo de la comunidad y mayores ingresos para las municipalidades y el gobierno regional.

Después de un intenso periodo de negociaciones, y bajo un enfoque moderno de la minería a través del liderazgo empresarial suizo, las comunidades aledañas lograron importantes beneficios: se hizo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de manera transparente; se trasladaba a todo un pueblo que ahora se llama Fuerabamba, con modernas instalaciones y servicios; se le entregó US$ 120,00 a cada comunero reubicado; se les entregaba a las comunidades aledañas 8,000 hectáreas de terreno como compensación por la ocupación del proyecto minero; se construiría un mineroducto para evitar la contaminación ambiental, y solo hasta el año 2021 se contemplaba una inversión en 158 proyectos en infraestructura, salud, educación, programas sociales y agricultura, que demandarían una inversión de S/ 2,055 millones, entre otros aspectos.

El primer error de falta de previsión que comete la PCM, como entidad responsable de prever los conflictos sociales y promover la gobernanza territorial, es no haber sacado las consecuencias de lo que significaría la venta del proyecto Las Bambas, de manos suizas (Xstrata) a capitales chinos, a la empresa MMG Limited. Es conocido en el ambiente minero internacional, y en el propio Perú, que en el caso de los capitales chinos, su trato con el entorno minero es de pésima calidad. Y la primera decisión que tomó la empresa en manos de los chinos fue modificar arbitrariamente el traslado de los minerales, que se iba a hacer a través de un mineroducto, por un esquema tradicional contaminante, del siglo pasado, que consiste en movilizar el mineral con camiones sobre una extensión aproximada de 400 km. Esa fue la decisión que la PCM y los otros ministerios no debieron aceptar. Y en todo caso, si el mineroducto ya no resultaba funcional y rentable, por el cambio de dueño del proyecto (que ya no incluía a Tintaya), debió ser remplazado por una vía férrea. Pero el Estado aceptó todo lo que querían hacer los chinos. Craso error.

Es a partir de este hecho que se comenten una serie de errores y medidas arbitrarias de los gobiernos, tanto de Ollanta Humala como el actual. a) No se realizó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ni menos la consulta previa para justificar los cambios del proyecto. Se hizo con procedimiento rápido (ITS) que no se ajustaba a ley. b) No se incluyó en el estudio en cuestión el impacto que iba a tener el uso de una carretera sin asfaltar por donde pasarían cerca de 300 camiones diariamente. c) El Estado modificó arbitrariamente el carácter de la vía (en realidad una trocha) por donde pasarían los camiones con los minerales, convirtiéndola en “vía nacional”, obviando olímpicamente el derecho a la expropiación que ya tenían las comunidades, en gran parte de las tierras que precisamente les habían sido entregadas en compensación. d) La planta de Molibdeno, que es el componente con mayor procesamiento y uso de químicos, que en el proyecto inicial se iba a construir en Espinar, es trasladada sin ningún tipo de comunicación a la zona de Cotabambas. e) El Gobierno incumple diversos compromisos de desarrollo de la zona de influencia.

Es en este contexto de creciente desconfianza y ruptura del consenso logrado el 2013, que el impacto positivo de la producción minera, en lugar de generar un planeamiento ordenado del desarrollo, ha terminado por desatar la actuación de una serie de intereses que configuran un escenario de ingobernabilidad, de extorsión, de enriquecimiento de diversos sectores, “asesores”, falsos héroes y personajes que empiezan hacer negocio del conflicto social.

Es una típica situación de pérdida de control del territorio de parte del Estado y en cuya situación le cabe una responsabilidad central a la PCM, al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No debemos olvidar que ya desde el 2016 —es decir, hace casi cuatro años— funciona el Viceministerio de Gobernanza Territorial, ente encargado de modificar un comportamiento reactivo e ineficiente frente a los conflictos sociales. La gran pregunta es: ¿qué hizo, qué planes, qué estrategias implementó en Las Bambas? Es altamente cuestionable que, incluso, determinados ministros hayan llegado a señalar que el problema de Las Bambas “es un conflicto entre privados”, develando la orfandad de estrategias y capacidad operativa en la zona.

Hay varias preguntas por responder. ¿Quiénes están detrás del negocio de los camiones y porque no tomaron en cuenta la alternativa de construir una vía férrea? ¿Por qué los funcionarios del Minam y el MTC aceptaron todos los cambios que planteaba la empresa china, muchos de ellos de dudosa legalidad? ¿Quién le aconsejó al Gobierno que era eficaz detener a los asesores extorsionadores, junto al presidente Gregorio Rojas? ¿Será capaz el Gobierno de habilitar las vías bloqueadas por los comuneros, sin caer en derramamientos de sangre, tal como ocurrió con el Baguazo? ¿Se investigará a los funcionarios que permitieron que el Estado sea el que pague por la expropiación de una vía, subsidiando a la empresa MMG, con un monto de S/ 1,000 millones, cuando es la empresa minera quien debe financiar esa construcción?

Por ahora, el centro de la tensión del conflicto está en la petición de las comunidades para que se ponga en libertad a su líder y se les pague un justiprecio por la construcción de la vía por donde se trasladan los minerales. Pero sea cual fuere el resultado, el hecho es que el Gobierno, la PCM y el Viceministerio de Gobernanza Territorial no han superado las mismas deficiencias que se percibieron en el caso Conga, el Baguazo y Tía María. De nada valieron tantos estudios sobre la interculturalidad y la teoría de prevención de conflictos sociales, cuando al final se termina priorizando un plan policial y maniqueísta, que les acaba de explotar en la cara. Y que no nos extrañe que al final el Gobierno arrinconado termine arrodillado frente a la movilización de los pobladores, como ha ocurrido tantas veces, a través de las llamadas actas de compromiso y la conformación de otras mesas de diálogo.