La memoria secuestrada

Sobre la extraña entrega de restos y el Lugar de la Memoria

Hace unos días, el Ministerio Público entregó a sus familiares los restos de 60 personas asesinadas hace tres décadas en Ayacucho, durante la guerra contra el terrorismo, que fueron hallados en fosas comunes entre el  2011 y el 2013. De manera extraña e incomprensible, el Ministerio Público no ha informado quién les quitó la vida a esas personas, entre las que había cinco menores de edad.

Sorprende que el Fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, que encabezó la entrega, no haya informado las circunstancias en que fueron victimadas, dando lugar a la especulación sobre un posible interés político de encubrir a los asesinos de esas personas.

Según un comunicado oficial, las víctimas fueron exhumadas en 11 lugares de las provincias de Huanta y La Mar, en las que Sendero esclavizó a comunidades enteras y masacró a pueblos que se rebelaron contra el yugo senderista. Si las víctimas fueron asesinadas por terroristas se merecen un justo homenaje como mártires de la nación y nadie tiene derecho a privarlas de ese reconocimiento.

Lamentablemente, las instancias del estado encargadas de esclarecer esos hechos parecen haber sido copadas por funcionarios que actúan con un sesgo ideológico orientado a ignorar la victoria de nuestra nación sobre el terrorismo y a reducirla a unos cuantos episodios criminales.

Es el mismo sesgo que copó la Comisión de la Verdad (CVR) para construir su propio relato de aquella guerra e imponerlo como “verdad oficial”, y que hoy también ha copado la Comisión del Lugar de la Memoria (LUM) con el propósito evidente de consagrar en ese recinto aquella narrativa inexacta.

De los seis integrantes de esa comisión, cinco son de izquierda o amigos de ésta: Diego García-Sayán Larrabure (presidente), Javier Sota Nadal, Hilaria Supa, Pedro Pablo Alayza y Luis Bambarén. El sexto es el empresario Leopoldo Schelje.

¿Quién de ellos podría representar a los 120,000 campesinos que protagonizaron la rebelión campesina que derrotó a Sendero y al MRTA? ¿Quién representa a las familias de los miembros de los Comités de Autodefensa que ofrendaron sus vidas por la libertad de sus pueblos? ¿Quién representa a los líderes populares martirizados por negarse a someter sus organizaciones a Sendero: Pedro Huillca, Malena Moyano, Pascuala Rosado, Alejandro Calderón y tantos más? En otras palabras ¿A quién representan ellos? ¿Con qué autoridad y legitimidad decidirán qué deberá exhibirse en el LUM?

Pero más allá de la representatividad, preocupa la existencia de un supuesto plan para transferir el LUM a un patronato privado promovido por la izquierda que controla hoy el proyecto. Dicho plan estaría siendo ejecutado para impedir que el próximo gobierno abra el LUM a todas las corrientes democráticas y no solo a la izquierda.

Resulta paradójico que los enemigos de la privatización pretendan hoy privatizar el LUM para ellos y apropiarse así de un proyecto levantado con donaciones hechas al estado peruano y en favor de la sociedad peruana, no de un sector político determinado.

Si ello ocurriera estaríamos ante un intento de secuestro de la memoria. Así como la izquierda ha parado con sus relatos importantes proyectos mineros para derribar el modelo económico; igual quiere borrar de la memoria a nuestros héroes y mártires de la lucha contra el terrorismo con su relato sobre aquella.

Así como hoy miente diciendo que la minería se apropia del agua de los pueblos para contaminarla, igual minimiza la rebelión popular que se produjo en el Perú en los 80 y 90 contra la tiranía terrorista. ¿Se puede permitir semejantes despropósitos?

Por Víctor Robles Sosa