La ilusa pretensión de un alcalde sheriff

Hace por los menos dos décadas que, en las campañas electorales para la alcaldía de Lima, el tema de la seguridad ciudadana ocupado un lugar privilegiado en el discurso de los candidatos. De hecho, es una de las demandas principales de los ciudadanos, junto a otros temas prioritarios como la reforma del transporte, la corrupción, la limpieza pública o la escasez de áreas verdes. La alta percepción de inseguridad ciudadana, con las diversas modalidades del delito, hace que la población requiera una especie de gran sheriff para una ciudad tan grande como Lima. Eso explica por qué dos personas —Daniel Urresti y Renzo Reggiardo— muy ligadas a los temas de seguridad, son favoritos para ganar la presente elección capitalina.

Ocurre, sin embargo, que cuando pasa la campañas electoral la prioridad de la seguridad se difumina y pasa a un cuarto o quinto lugar, desentendiéndose la autoridad del problema y de los hechos delictivos. Las gestiones metropolitanas terminan por reducir su rol al distrito del Cercado de Lima, dejando el problema en manos de los alcaldes distritales, de la Policía Nacional y de esporádicas coordinaciones en la Asamblea Metropolitana. Y así volverá entonces la próxima elección, tras la búsqueda y promesa de una suerte de gran sheriff; pero todo quedará ahí, solo en grandilocuentes promesas.

El problema radica en que un alcalde que, a la vez, cumpla las funciones de un gran sheriff es inviable por la alta fragmentación institucional de la ciudad y por las escasas competencias que tiene el alcalde metropolitano para tomar el mando de la seguridad. Veamos algunos casos de estas limitaciones. En primer lugar, si se promete en campaña crear un Serenazgo Metropolitano con una Escuela Metropolitana, a la hora de verdad no lo pueden hacer porque cada alcalde distrital quieren “dominar su territorio”, oponiéndose a una supeditación al alcalde metropolitano y su concejo.

En segundo lugar, si prometieron crear un sistema metropolitano integrado de cámaras de video vigilancia, con un gran centro de monitoreo, tampoco lo pueden ya que los alcaldes distritales quieren hacer a su antojo su propio microsistema, no exentos de negocios nada santos, utilizando esos pequeños sistemas como los grandes logros su gestión.

En tercer lugar, si el alcalde quiere tener verdadero poder sobre la Policía Nacional, tampoco lo puede hacer porque la ley no ha empoderado a los burgomaestres y sus concejos municipales para tener efectivo mando sobre la Policía Nacional. Y es que la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propia Constitución reducen la relación del alcalde con los mandos policiales a una mera “coordinación”; peor aun cuando en el Organigrama Estructural de la MML ni siquiera existe el equivalente metropolitano de lo que en cada distrito se denomina Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec).

En cuarto lugar, otra de las iniciativas planteadas por algunos candidatos es crear las llamadas “cárceles municipales” para aquellos ciudadanos que hayan cometidos delitos menores. En lo inmediato también es una propuesta inviable, en vista de que también se requerirá otro tipo de relación entre las municipalidades, la policía, los jueces y las fiscalías, lo cual implica una modificatoria de varias leyes.

Finalmente, una prueba fehaciente de las limitaciones que tendría el nuevo alcalde de Lima para tomar las riendas efectivas de la seguridad ciudadana es la reticencia de la propia policía para que el serenazgo pueda contar con armas no letales, a fin de fortalecer la presencia de las municipalidades y que el serenazgo surja como una incipiente policía metropolitana. ¿Qué poder tiene el serenazgo cuando ni siquiera tienen competencia para pedir el DNI a cualquier vecino en patrullajes, y menos aún capacidad de retención de un malhechor?

Lo anteriormente señalado indica que, en realidad, la verdadera y mejor acción que debería tener el nuevo alcalde de Lima es liderar una reforma institucional que permita que el gobierno metropolitano y el alcalde de la ciudad tengan los reales poderes y competencias que la situación exige. En el fondo se trata de una demanda de mayor autonomía en la gestión de la ciudad, específicamente en materia de seguridad ciudadana.

Con las actuales las dimensiones de la capital y de sus apremiantes problemas, el alcalde de Lima debería tener mando sobre la Región Policial, pero no en todos los planos. Debería tenerlo para el caso de los delitos menores, la Policía de Tránsito, entre otros planos; y escalonadamente, en cada jurisdicción el alcalde distrital sobre los 23 comisarios, en otros ámbitos. Pero en otros planos de acción de élite —como la investigación criminal, la policía antimotines, el Escuadrón de Emergencia, Los Halcones, Grupo Terna y otras unidades especializadas— la dirección regional y la policial debe mantener un mando exclusivo, aunque sujeto a una permanente rol de coordinación con la autoridad metropolitana en el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana (Comesec).

Todo lo demás puede quedar al voluntarismo de las promesas realizadas por los diversos candidatos. Pero difícilmente otorgarán el verdadero poder que requiere el gobierno metropolitano para liderar de verdad una estrategia de seguridad ciudadana en la capital.