La explosiva rentabilidad de ser candidato

En pocas semanas los peruanos participaremos en nuevo proceso para elegir autoridades locales y regionales. Hace pocas semanas también nos enteramos de que los Jurados Electorales Especiales recibieron un total de 368 candidaturas dizque regionales, 2,016 provinciales y 12,197 distritales. Solo en el caso de Lima Metropolitana se presentaron 25 listas. De ellas, 14 resultaron admitidas, ocho catalogadas como inadmisibles y tres legalmente improcedentes. ¿Pero que refleja esta enésima avalancha de candidatos? ¿Efervescencia democrática? ¿O solo otra muestra de las desbordadas corrupción burocrática e informalidad —léase: tolerancia flagrante con lo ilegal— que caracteriza al Perú de estos tiempos?

Para aclarar este asunto nada más útil que cuantificar algunos detalles. Este ejercicio lo haremos enfocando cifras referenciales para el caso de las elecciones para Lima Metropolitana, con la intención de clarificar, como diría un funcionario público, cómo es la nuez. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles hoy compiten 14 listas por la Alcaldía/Gobernación Regional y cuerpo de regidores de la capital de la República. Como punto de partida vale reconocer que en estos días el sueldo bruto del alcalde de Lima bordearía los US$ 4,233 cada mes; mientras que el máximo recibido por cada regidor por concepto de dietas sería de US$ 1,300 al mes. ¿Son estos montos atractivos o muy bajos? La respuesta a esta interrogante es... depende.

Como cualquier economista informado conoce, el atractivo del puesto per se dependería del costo de oportunidad para cada candidato. Para un personaje con bajo costo de oportunidad —es decir, desempleado, desprestigiado o con bajos ingresos personales— estas remuneraciones serían muy atractivas. En cambio, para un personaje altamente demandado por su capacidad e integridad, los ingresos aludidos resultarían más bien magros. Les podría interesar por vocación de servicio público, altruismo o por configurar alguna combinación de asceta, soltero o millonario.

Aun entendiendo esto, el meollo de este asunto es descubrir los determinantes de la rentabilidad de la condición de alcalde de Lima Metropolitana. La rentabilidad del puesto, para quienes distan de ser conocedores en temas económicos o financieros, implica descubrir que la actividad produce una renta remuneradora. En este caso concreto estaríamos enfocando una renta neta que cubra con exceso todos los gastos asociados. Vale tener en cuenta que el costo de la campaña (en aras a tener una competitiva presencia pública y mediática) superaría los US$ 3 millones, según la opinión de un respetable experto en la materia, e implicaría una suerte de valor mínimo referencial. Así las cosas, considerando el valor actualizado al 5% anual de este flujo de ingresos (asumiendo que sus ahorros o alguien cubriría todos sus castos en el proceso electoral), equivaldría a grosso modo al 2% del valor mínimo referencial del costo de la campaña.

Es decir, para aquel que gastase/invirtiese los aludidos US$ 3 millones (para tener una campaña con posibilidades de éxito) y no tuviese éxito, el castigo sería enorme. Un abultado castigo de unos US$ 2.97 millones. Tamaña pérdida, diría un lector bien intencionado, si creyese que la lista que perdiese hubiera sacrificado sus ahorros o tomado plata prestada. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de trece listas que perderían muchísimo dinero.

¿Y los ganadores? Ellos, al ganar, harían en el papel un pésimo negocio. Solo recibirían el 2% de lo invertido. Otra alma bien intencionada diría que no es necesario que sean ascetas, millonarios o solteros. Como son agrupaciones políticas, recibirían aportes de sus simpatizantes. Dejando, solo por simplicidad, la corrupción preelectoral —al estilo de los esposos Humala con sus aportantes brasileños y venezolanos— el terreno se vuelve fangoso. ¿Quiénes y por qué razones económicas invertirían a pérdida tamaños montos, usualmente mucho mayores al aludido costo mínimo de la campaña, porque los candidatos podrían sentirse tentados a tomarse un guardadito? ¿Qué le exigirían al candidato (aquí cabe visualizar el vergonzoso caso de la ex alcaldesa Villarán)? ¿Por qué, las autoridades encargadas de supervisar el proceso electoral, toleran un cuadro, que por la explosión de candidatos interesados, resulta visiblemente chocante?

Cualquier lector acucioso debe estar escandalizado por la candidez de estas líneas. Pero no, estimado lector acucioso. Dejé la carne para el final. El grueso de las listas mal llamadas perdedoras —esas por las que seguramente no votan ni los hijos, ni los hermanos de los involucrados— resultarían los grandes tiburones de esta historieta. Nadie sabe cuánto reciben, cuánto gastan, cuánto lavan o cuánto desvían del dinero recibido como aportes de campaña. Y parece que a nadie le interesa. Un criollazo diría que con conseguirse algún tonto aportante y levantar algún milloncito por allí, ya la hacen. Después de todo la tradicional tolerancia burocrática local a la ilegalidad (eso que algunos llaman “informalidad”) les permite pasar desapercibidos. Recuerde que desde hace mucho tiempo los peruanos nos preguntamos, haciendo gala de candidez supina, ¿por qué tenemos tantos candidatos?

Con plata fácil —y dada la rentabilidad por ser o fungir de candidato— a nadie debe sorprender la lluvia de candidatos en Lima y en todo el país. Eso sí, puede darse el caso de alguna lista de cándidos de esos que pierden hasta la camisa al participar en una aventura electoral a pérdida. Alguno debe haber, tanto como un elegido que no acepte ningún compromiso con los aportantes y actúe como un funcionario derecho.

¿La solución? Es muy sencilla. Un estricto y minucioso monitoreo de los gastos de campaña nivel nacional, antes y después de la elección. Para ello aquí también requerimos lo que no tenemos: instituciones capaces. Si se corrigiese lo anterior, muchos candidatos sin opciones ni aportantes transparentes (la abrumadora mayoría de las listas), se dedicarán a otra cosa. Y tendremos como máximo un puñado de opciones por localidad.