Intelectualmente honestos

“La cuestión de confianza solo debe aplicarse a la política general de gobierno, no a cualquier iniciativa aislada presentada por el Ejecutivo; si cada proyecto de norma apareja una cuestión de confianza, el Congreso se disuelve fácil. Esa dinámica destruiría la separación e independencia de poderes y la estabilidad política ¿Para qué si ya el Presidente tiene bastantes atribuciones? Quizás sería mejor ponerle algunos cotos a la censura”. Lo decían algunos profesores de Constitucional, pero quizás ya lo olvidaron.

La cuestión de confianza ya no es lo que era, tampoco lo es la presunción de inocencia ni el concepto esencial de partido ni el valor de la prueba ni la potestad congresal ni el mandato imperativo ni la relatividad de los testimonios ni la hermenéutica constitucional ni el debido proceso ni el objeto de la participación ciudadana, pronto casi nada será lo mismo que nos enseñaron en las facultades de Derecho. La reingeniería del Derecho solo ha servido para desnaturalizarlo. No es novedad, quienes hemos estudiado la historia de las constituciones sabemos que son doce documentos inútiles, semántica pura en papel sellado que no sirvió frente a la fuerza del decreto, la manipulación de los juristas o el estruendo de los sables y los tanques.

Pero qué le vamos a hacer si el propio TC resolvió sin consecuencia en el Expediente 0006-2018-PI/TC…darle más facilidades al Ejecutivo para disolver el Congreso. Unas pocas iniciativas presidenciales rechazadas por el Congreso, cuestión de confianza y chau Congreso. Es válido imaginar tres iniciativas presidenciales disparatadas (no necesariamente durante este gobierno) y adiós Congreso si es que este no las aprueba. La razonabilidad es lo de menos, el mandato ahora es imperativo, la ley es el imperio del gobernante, no hay debate en comisión (para qué si están conminados a aprobar cualquier cosa). Las comisiones parlamentarias son mesas de parte porque así lo decidió el TC y lo que dice el TC es verdad irrefutable.

Con el nuevo marco, dicen, el gobierno planteará una ley para modificar la elección de magistrados constitucionales; si no va, entonces va la cuestión de confianza y probablemente se disuelva el Congreso, salvo que este apure el paso y la iniciativa del Ejecutivo rija recién para la elección del TC que siga al que ahora viene. Por principios de seguridad jurídica e independencia, si llega al Congreso la iniciativa presidencial de modificación de la Ley Orgánica del TC, no puede regir para anular un procedimiento en curso ni imponerse con amenaza. La iniciativa del Ejecutivo no debe servir de arma arrojadiza para boicotear procesos avanzados. Si así fuera, el Parlamento peruano sería un poder disminuido. La iniciativa presidencial llega, se ve en la Comisión de Constitución, se estudia (el término “debate” es mucho decir). Mientras se estudia, la elección de nuevos magistrados se aprueba. No es novedad, no sería el primer Congreso que elige al TC, además cumple los plazos (siempre la queja era el incumplimiento o la tardanza en los plazos) ¿Al actual TC no lo eligió el Congreso anterior? “¡Por fin! El Pleno del Congreso eligió este miércoles a los seis magistrados que requería el Tribunal Constitucional, tras varios años de retraso”, dijo un tabloide entonces ¿O este Congreso tiene menos potestades que los precedentes?

Importa poco si los congresistas son de derecha o de izquierda o de tal o cual partido. El Congreso es el Congreso al margen de su composición y tiene entre sus potestades elegir a los miembros del TC cuando los plazos se cumplen. Objetivamente es así. Ser intelectualmente honesto es abrazar la verdad más allá del prejuicio, del odio, del interés, de la ideología o del desafecto. Parece que para muchos la pasión política prevalece a la razón constitucional.