Hablando claro

La reciente fusión de dos cadenas de farmacias ha generado iras santas y suspicaces consensos. Se repite, como una suerte de verdad irrefutable, que todo aumento de la concentración en un mercado producirá una drástica elevación de precios. Pero, ¿es esto cierto, o hay algo más detrás de esta súbita batahola?

De hecho, la aludida operación no es la primera fusión de importancia que hemos registrado en las últimas décadas. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí ayuda mucho llamar a las cosas por su nombre. En el Perú —salvo sugestivas excepciones— no se proscriben los monopolios. Solo se proscribe el “abuso monopólico” (término legalmente etiquetado como “abuso de posición de dominio”). Ideologías afuera, tengamos en claro que, per se, mayor concentración no implica necesariamente abuso. De hecho un mercado con un solo ofertante, si es “competible”, no podría hacer abuso monopólico.

Notemos que la ocurrencia de un cuadro de abuso de posición de dominio requeriría básicamente dos cosas: que no existan sustitutos cercanos (y en este mercado existe abundancia de canales globales de comercialización) o que existan barreras de entrada al mercado (que serían muy reducidas en la actualidad).

Esta ideota de que la cadena fusionada pueda fácilmente elevar sus precios en forma sostenida y drástica —sin coludirse con los miles de farmacias y cadenas menores— es algo irreal. No solamente porque esta elevación de precios traería a muchos tiburones a ese mercado, sino porque existe un ente burocrático —el Indecopi— específicamente creado y financiado por los contribuyentes tanto para evitar que esto suceda cuanto para castigar ejemplarmente a los infractores de la libre competencia. Lo curioso en este cuadro es reconocer que hoy el mismo ente admite no tener capacidad para monitorear y castigar oportunamente un cuadro de abuso.

Pero ¿cómo es esto posible? La respuesta es simple: desde los tiempos del prófugo Alejandro Toledo, el Indecopi y el marco legal que acota su operación fueron gradualmente desnaturalizados. Pero eso no es todo. También ayuda mucho entender otros dos detalles. El Poder Ejecutivo actual, bajo el chamuscado liderazgo de PPK, está muy atenuado por acusaciones de corrupción. Por más que el aludido lo niegue y sus colaboradores traten de hacernos mirar hacia otro lado, lo cierto es que —cuando ministro— el Presidente registró vínculos nada santos con la empresa Odebrecht. Esta situación no solo genera incertidumbre y desconfianza respecto a cuánto durará su gestión. Nos deja como plaza en una precaria situación política. Y es que un Ejecutivo débil es como un perro flaco. Se le pegan todas las pulgas. Nótese además que esta situación es toda una ganga política para lo rivales del Gobierno y para cuanta agrupación violentista o mercantilista desee obtener una tajada. De hecho, a la fecha, como destaca un reciente editorial de El Montonero, las exigencias articuladas de aumentos y prebendas no cesan.

Otro detalle clave en esta historia nos es que, ya desde los aciagos días de Ollanta Humala, el abandono de las soluciones de mercado y el tránsito a un mercantilismo más desatado son recurrentemente la norma. Así, el deterioro de las cuentas fiscales, el auge de las obras públicas elefantiásicas (y la corrupción burocrática que las acompaña), la contracción recurrente de la inversión privada y la proliferación de regulaciones absurdas (en todos los ámbitos de la economía) sellan la política económica nacional… desde mucho antes del 2011.

En este contexto —ya maniatado el Indecopi— llega el momento de pedir controles, esos viejos sueños dorados de los demagogos y de los mercantilistas. Algunos de ellos, los más escasos técnicamente, piden controlar los precios de los medicamentos (como los que regían en los aciagos días del joven Alan, la Izquierda Unida y sus secuaces). Todos los peruanos deberíamos saber que, como sucede en Venezuela hoy, los controles de precios generan racionamientos (escasez artificial), mayores utilidades a las cadenas y corrupción burocrática (toma del regulador).

Solo los políticos y comentaristas más avezados y limitados sugieren esta barbaridad.

Por el otro lado están los controlistas más elaborados. Este grupo incluye desde algunas almas de Dios, pasando por la ministra de Economía y la opinión técnicos de organismos multilaterales —dizque— muy neutros. Ellos (que no dicen ni palabra del desmantelamiento gradual del Indecopi) nos plantean una solución burocrática básicamente mágica. Control a las fusiones o concentración.

Mi desconfianza hacia esta propuesta, a pesar de ser una prescripción de toda moda, se basa en reconocer la extrema debilidad institucional de nuestro país. ¿Quién garantiza que los actuales o próximos burócratas no cobrarán una coima por dichas autorizaciones?

Si algo se asocia a los controles en la región es la arbitrariedad; ergo, la corrupción. Pero a esta propuesta no le puedo negar un detalle simpático: le daría trabajo muy bien pagado a docenas de consultores legales y económicos que nos prepararían un esquema de control de fusiones lindísimo. Aunque en la práctica —dada la omisión del detallito de la debilidad institucional— resultaría más que susceptible a accidentes burocráticos.

Es mucho más aconsejable aprender de nuestra propia historia y desandar los retrocesos recientes. Necesitamos recapitalizar el Indecopi, dotarlo de recursos y un marco legal para que cumpla con su función implacablemente. Y notémoslo: un Indecopi débil o pintado, como el actual, no sirve para reprimir efectivamente las infracciones a la libre competencia… ni es casualidad. Es solo otro retroceso.