Gasoducto y licencia social

¿Se viene un nuevo conflicto en el área del gasoducto sur-peruano? 

La licencia social es un contrato entre tres partes: el estado, la empresa y la comunidad. Este contrato tiene dos instancias: la primera, y las más importante. es la población donde se desarrollará la actividad empresarial; la segunda, la formal o burocrática que otorgan los gobiernos regional o nacional, que son muchas veces los que promueven las inversiones. 

En el Perú, carente de institucionalidad, la licencia social se define como el simple permiso formal del estado, y muchas veces se confunde con consulta previa (este derecho lo tienen solo los pueblos originarios). La licencia social la pueden otorgar diferentes grupos sociales de interés (comunidades, centros poblados, asociaciones, etc.). La licencia social tiene que ver con la legalidad y legitimidad de un proyecto empresarial. 

El viernes pasado Ollanta Humala, acompañado del Edwin Licuona, presidente regional cusqueño, el ministro Eleodoro Mayorga y los directivos de Odebrecht, en Ticumpia, Echarate, anunciaron el inicio de obras del gasoducto sur peruano y señalaron los objetivos: “la masificación del gas en el Perú”, “la construcción de un polo petroquímico”  y “darle una segunda oportunidad al municipio de Echarate, que no ha sabido utilizar los recursos del canon”, etc. Ni una palabra de la planta de fraccionamiento de gas licuado para el Cusco. Menos, del aporte de la empresa brasileña a los centros poblados de Kiteni, Ivochote, Pangoa, Kepashiato, Palma Real, zonas donde se realizará el proyecto. 

Los alcaldes de los centros poblados del valle del medio y alto Urubamba, organizados en el AMUPROK (“Asociación de Centros Poblados en el ámbito de influencia del proyecto del gas de Kamisea”) le han dirigido una carta a  Odebrecht pidiendo dialogar y formalizar el “convenio marco”. Es decir, un contrato entre los centros poblados y la empresa. 

Los alcaldes saben que están solos. No los acompaña el Estado (gobierno nacional, regional o local) en una negociación difícil para ellos, por la expertise del tema. Pero tienen la experiencia de la negociación pasada (en la que todos aprendieron: las empresas, las comunidades y el estado). Hoy es diferente. Todos son conscientes de la importancia del gasoducto y de las obras para sus pueblos. 

El gasoducto sur peruano no tiene licencia social. No existe un acuerdo entre los centros poblados y la empresa. Los concesionarios se arriesgan a perder la legitimidad social y así no pueden empezar a trabajar hasta llegar a un acuerdo. El “permiso formal” del MEM y del Gobierno Regional no es aceptado en La Convención. Reitero, no tienen licencia social. 

Después de trabajar 34 años en el Perú, Odebrecht debiera entender que, en nuestro país se tornan inviables los proyectos que no se sustentan en un acuerdo tripartita entre el estado, la empresa y las comunidades. Es increíble que quienes alejan a la inversión de la gente son funcionarios de una empresa que asumen erradamente una actitud de “dueños de la verdad”, no los “radicales ideologizados contra las transnacionales”. Son burócratas corporativos que desconocen el Perú y no piensan en el desarrollo nacional. Estamos advertidos, si no rectifican su error, no tendrán la licencia social. 

Por Tino Santander Joo
10 - Feb - 2015