GAMBETTA, la misma cantaleta

Las imágenes de la televisión han grabado en nuestra retinas el modo cómo actúa la policía cuando se produce la obstrucción de una carretera y el impedimento consecuente del libre flujo vehicular. También tenemos grabadas las imágenes de las persecuciones a las que se ven sometidos los ambulantes por ocupar espacios públicos. Y –claro está- tenemos registradas en nuestra memoria las batallas campales que suelen darse cuando invasores de terrenos tratan de ocupar espacios públicos que no les pertenecen.

En una nota anterior decíamos que a lo largo de la Avenida Gambetta –que une al puerto del Callao con Ventanilla- hay muchos depósitos de contenedores. Operados por grandes empresas y gestionados por destacados y reconocidos empresarios. Decíamos también que los camiones al servicio de estas empresas habían convertido las dos vìas auxiliares de dicha Avenida –y aun uno, dos y hasta tres carriles de la propia nueva autopista- en lugares de estacionamiento permanente o transitorio. Porque en los depósitos de contenedores no se había invertido para prever estacionamientos ni patios de maniobras.

Se acababa de producir el affaire de un señor vicepresidente de la CONFIEP que había sido condenado a prisión por asuntos impositivos. Y el presidente de dicha institución había declarado enfáticamente que “Los empresarios honestos del Perù no se sienten representados por este tipo de conductas empresariales”. Censura a la cual se había sumado la distinguida abogada Cecilia Blume al añadir –en un artículo periodístico- “Y no, señores, no todos somos iguales…”. Obviamente se referían a la comisión de delitos.

Para comprobar aquello de “los empresarios honestos” y aquello de que “no todos somos iguales” nos preguntábamos en la nota anterior –refiriéndonos al tema Gambetta- “¿No es un delito aquello? ¿Es lícito que seamos los contribuyentes los que, con nuestros impuestos, financiemos terrenos con los que debería contar para estos fines cualquier empresa seria? ¿Para qué el Estado amplió un carril más la autopista? ¿Para que sirva exclusivamente de estacionamiento a estos señores, seguramente miembros de la CONFIEP?”.

Creo que empresas como Fargo Line, Neptunia, Imupesa, Unimar –entre otras y comprometidas con este tipo de prácticas- nos deben una explicación. Porque sus operaciones no distan de la ilegal e inconstitucional obstaculización al libre tránsito. Y tampoco distan de la indebida ocupación de espacios públicos. Sería saludable esta explicación para poner en evidencia fáctica lo expresado por el presidente de la CONFIEP: “Los empresarios honestos del Perú no se sienten representados por este tipo de conductas empresariales”.

Visto lo dicho en el primer párrafo de este artículo y la diferente reacción de las autoridades ante situaciones en la práctica similares, no es posible que censuremos violaciones del Estado de Derecho en unos casos y en otros callemos en todos los tonos.

Entiéndase que esta reflexión no es contra la inversión. Simplemente lo es precisamente sobre el Estado de Derecho y la necesidad de que empresas que se califican como serias y que buscan competitividad lo hagan –como en todo país civilizado- cumpliendo con las leyes.

Esperemos que los propios empresarios o las autoridades a las que competa actuar de oficio impidan que Gambetta sea la misma cantaleta.

Por Eduardo E. Zapata Saldaña
14 - May - 2015