Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana

La intervención de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado  es un asunto muy discutible. No se aprecian con claridad  los objetivos; y, en todo caso, debería entenderse como una participación temporal. Lo que no puede suceder es que, bajo la necesidad imperiosa de vencer al crimen transnacional, se dé pie a la idea de  convertir a las Fuerzas Armadas en Policía, lo que ha sido  incentivado desde décadas atrás, por sectores del Partido Demócrata norteamericano a través de la extinta USAID, empleando a la izquierda cosmopolita y su red mediática y académica en Latinoamérica, quinta columna que ha contribuido a minar la seguridad  nacional de nuestros países.

Para afrontar el problema del orden interno que afecta tanto la vida del país, el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional debería emitir  urgentemente  una estrategia de seguridad nacional firmada  por la jefe suprema de las Fuerzas Armadas. Es más, tendría que  promulgarse  una ley en la que se especifique qué implica esta función y cuáles son sus alcances y, más aún, modificar el artículo 167 de la Constitución en el sentido de  reemplazar el término “jefe” por el de “comandante” supremo, incluyéndolo  en el artículo 118, inciso 14. No es lo mismo mandar que comandar.

Paralelamente, es indispensable realizar una profunda reestructuración de la Policía Nacional en un nuevo modelo  que la divida en las áreas que tuvo por muchas décadas hasta su unificación, lo que en los hechos ha acarreado gran perjuicio en su institucionalidad, moral y  eficiencia. Cambiar los paradigmas de gestión y acción en la PNP. Para el combate de la delincuencia avezada, como la que hoy nos ataca, sería necesario formar grupos especiales de fuerzas élites de las Fuerzas Armadas y de la PNP con un incorruptible e implacable, Eliot Ness como comandante y  sus Intocables. Se puede tomar en consideración el modelo que  actualmente  emplea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas; o como se hizo en Colombia para derrotar a los cárteles de Medellín y de Cali en los noventa. La alianza Fuerzas Armadas-PNP que ha sido tan exitosa en otros tiempos, tiene que darse ahora con urgencia,   sin recelos ni cuestiones subalternas. Trato drástico a los criminales, así los  caviares y sus alcahuetes se horroricen y pretendan defenderlos sutilmente como suelen hacer. Que mueran los que nos quieren matar.

Asimismo, para efectos del despliegue urbano de las Fuerzas Armadas, se tendría que cambiar el esquema principalmente estático empleado hasta hoy, por uno móvil en grupos de tarea asignados en los diferentes puntos críticos de la ciudad. Para ello se tendrá que incrementar el uso de vehículos adecuados, para darles continuo desplazamiento, como hizo la Marina de Guerra con el Servicio de Protección Naval desde 1987, y que fue tan eficiente que en poco tiempo redujo a su mínima expresión la tasa de atentados contra el personal naval, que había sido blanco de continuos ataques.

Adicionalmente, se debería considerar que estos grupos de tarea estén conformados por fiscalías mixtas, es decir, militares y ordinarias, debiendo definirse una estrategia para mantener una comunicación permanente con el ciudadano a fin de que tome conocimiento de los objetivos trazados y de las metas que se vayan logrando en esa dirección, teniendo como objetivo la  recuperación de  la confianza de aquel en el Estado. Por otra parte, será indispensable asignar a las Fuerzas Armadas equipos de interceptación que permitan favorecer el esfuerzo de captura de los criminales; y también, como medida de contrainteligencia, para detectar infiltración o traición en sus filas.

En cuanto al anunciado control perimétrico de penales a cargo de las Fuerzas Armadas, es vital revisar los antecedentes de los penales de El Sexto, El Frontón y el exitoso modelo del Penal de la Base Naval en los 90 y su posterior  declive a partir de los nefastos Paniagua y García Sayan. Es vital también la seguridad del personal a ser seleccionado, mediante el empleo de pasamontañas y de alias, como en los ochenta y noventa.

Se deberá considerar que las Fuerzas Armadas estarán distrayendo esfuerzos profesionales en áreas que no les son propias, con el respectivo perjuicio al entrenamiento operacional que debe realizar su personal a lo largo del año, para el más eficiente cumplimiento de las tareas que la Constitución y la ley les asignan.  De ahí que sea imperativo tener en cuenta, como parte del análisis para el planeamiento,  el impacto que tendrá  en el servicio interno de las Fuerzas Armadas  la reubicación del personal que dejará de realizar sus funciones habituales, tal como sucedió en el caso de los balicos (batallones ligeros de combate) de la institución naval en los 90 durante la lucha contra el terrorismo. Por consiguiente, insistimos en que, aunque no estemos de acuerdo con el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana, al ser esta una decisión de la jefe supremo de las Fuerzas Armadas, esta disposición tiene que necesariamente ser de carácter temporal, para no afectar las  capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para  el cumplimiento de su rol fundamental. Esto no puede perderse de vista por el Ministerio de Defensa, por solo el afán de tomar medidas improvisadas para impactar a las galerías.

Por otra parte, las zonas periféricas de los penales, que se pretende que sean controladas por las Fuerzas Armadas, deberían considerarse como zonas de seguridad militar, de modo que, para efectos de la administración de justicia  solo tenga injerencia la  Justicia Militar.

Para el control de accesos y salidas del penal, se debe establecer un sistema de protección del personal (rostros e identidades ocultas) y vigilancia tanto móvil como fija en el puesto de control, que contenga equipos de última tecnología, como, por ejemplo, la interceptación de celulares en el área. Todo ello controlado por un Centro  de Operaciones de Combate, como el Comando de Operaciones del Frente Interno del Comando de las Fuerzas Armadas en los noventa.

Para el planeamiento correspondiente, es indispensable también recepcionar informes de inteligencia de la PNP sobre la situación del penal, además de la inspección y el conocimiento interno del penal en caso de que haya que intervenir por algún motín que eventualmente se presente. Y, por supuesto, la colaboración del personal del INPE que también tiene que ser reestructurado con urgencia.

Finalmente, tendría que considerarse el incremento de la flota de helicópteros para las Fuerzas Armadas y PNP  —que en el país, gracias a los recortes presupuestales en seguridad nacional dictados por el MEF en época de bonanza, llegan a niveles vergonzosos—, así como maximizar el empleo de drones. Si se quiere ganar la guerra al crimen, se tienen que tomar medidas draconianas.

A todo el esfuerzo que se haga en   Defensa e Interior, tiene que sumarse  el Ministerio de Justicia y el de Educación, el cual tendría que desarrollar un plan de fomento de una cultura de paz mediante acciones educativas preventivas. Por supuesto, los gobiernos  regionales y municipales tienen que estar obligatoriamente involucrados, lo mismo que  la administración de justicia ordinaria y militar.

Para vencer se requiere todo el esfuerzo de guerra en ese único objetivo: acabar con el crimen organizado. Lo principal: el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el empleo de la justicia militar y jueces sin rostro, considerando los excelentes resultados obtenidos en la década de los noventa. Veremos si hay capacidad y real voluntad para vencer.