Exoneraciones tributarias, ¿por qué?

 

El país se recupera incipientemente. Las cifras del crecimiento del PBI en los últimos dos meses han mejorado, y anualizadamente crecemos en estos días por encima del 3%. Sin embargo, es sano ponderar que estamos muy lejos del ideal. La inversión privada es baja todavía (la mitad de la tasa objetivo de 40% del PBI).

En este ambiente, los noticiarios diariamente nos recuerdan que los niveles de deterioro de la calidad del gasto público hoy resultan escandalosos. Por las megaobras, subsidios y juegos panamericanos es previsible también que el déficit fiscal tienda a expandirse en los meses venideros. Y que —dada la abultada carga para los formales— la informalidad tributaria también crezca. Un detalle a no descuidar es el que el tema previsional está sospechosamente en el pedido de facultades al Congreso.

Aquí debemos recalcar que tenemos un Ejecutivo timorato en los esfuerzos de mejora de calidad y recorte de gastos, pero histérico es afanes recaudatorios. Deteriorado el afán político de elevar renta, IGV e ISC, ahora se enfoca en las exoneraciones tributarias, a algunos sí y a otros no. En principio enfoquemos lo obvio: la exoneración de un tributo a una región, actividad o persona es un evento arbitrario. De hecho la exoneración tributaria ideal siempre es la disciplina fiscal. E idealmente la exoneración tributaria a todos.

Los problemas surgen cuando los hacedores de política económica actúan irracional, populista o ideológicamente, e introducen tasas y modalidades impositivas muy torpes. Plantean aplicar un impuesto obviando restricciones económicas (a quienes no pueden pagar o no se les puede cobrar) o políticas (a quienes no quieren pagar y tienen poder coercitivo), evidentes en ambos casos.

Como resultado de esta abrumadora torpeza gubernamental aparecen las exoneraciones puntuales, que son una maraña. Un enfoque peculiar requieren las exoneraciones a los proyectos de inversión asociados a convenios de estabilidad o contratos específicos, reflejo palmario de que pocos creen en la palabra tributaria del Gobierno peruano. Y de que las condiciones tributarias ofrecidas a quienes quieren invertir en el país no resultan pocas veces sino un reflejo de la ideología y la torpeza en el Gobierno de turno. El respeto a las reglas constitucionales resulta por eso fundamental. Sin respeto a nuestro propio orden jurídico hay un futuro, pero muy negro.

Enfocado esto, vayamos al asunto de los desesperados afanes de recaudar a través de las exoneraciones tributarias. Eliminarlas en ámbitos rurales e informales sería una gran torpeza en un ambiente donde la inversión tiene un tímido rebote y la informalidad crece. Más allá de las simpáticas proyecciones del MEF, estas iniciativas recaudarán muy poco; pero encenderán la pradera política y previsiblemente podrían afectar hasta la supervivencia del Ejecutivo.

Paralelamente, sería negativo eliminarlas en los ámbitos donde opera la inversión privada que apostó por el país. Desconocer este ambiente tributario implica un camino contraproducente y dañino para el Perú. Es justamente la receta de otras naciones sudamericanas fracasadas, como las socialistas Cuba, Venezuela o Bolivia. Pero la cosa es aún más compleja. No olvidemos que hablan de eliminarlas selectivamente. A unos sí, a otros no. Y esto se agrega a la omnipresente corrupción burocrática. Esta interrogante se comienza a responder sola dado que parecería que quieren eliminar las exoneraciones a solo algunos.

Rebobinemos: primero no hacen ningún significativo esfuerzo por limpiar la asignación del gasto. Hoy piden más impuestos para financiar una burocracia despreciablemente inepta, sobredimensionada y corrupta. Segundo, recaudar irresponsablemente quebrando el marco constitucional implica un camino probadamente dañino. Una suerte de traición económica al país. Tercero, hacer esto para beneficiar a un proveedor (al que por ideología o un interés nada santo se le mantiene la exoneración tributaria) sobre otro. A uno le mantengo la exoneración y al otro lo reviento. Y cuarto y último. ¿Qué hay de los estudiantes, enfermos o usuarios de los oferentes formales que pasarán a pagar 18% por IGV? ¿Qué hay de los que no accederán al servicio? ¿Qué de los otros estudiantes que —vía la menor competencia— también pagarán más? ¿Y todo esto para qué? ¿Para mantener esta inflada burocracia?

Nuestros gobernantes deben ser responsables. Primero, gasten bien. El Gobierno gasta casi un tercio de lo que producimos, y lo hace penosamente. Mínimos esfuerzos darían enormes resultados. Ya no nos endeuden tanto. Y luego exoneren a todos, en la mayor cantidad de tributos que sea posible. Tan simple como esto.