¿Es hora de abandonar el Pacto de San José?

La discusión sobre abandonar el Pacto de San José ha resurgido una vez más, un tema que cobra relevancia cada vez que ocurren hechos lamentables y trágicos, como el reciente caso en Villa El Salvador, donde una niña de 12 años fue violada y asesinada. Es fundamental entender que este no es un problema nuevo; se trata de una realidad que venimos arrastrando durante años en el contexto peruano. La clave está en enfrentarla desde los órganos de justicia de nuestro país.

Uno de los puntos centrales del debate que surge en torno a estos temas es la pena de muerte, una discusión que parece no tener fin. Sin embargo, cada vez que se plantea, queda en el aire, ya que no existe un consenso claro para su implementación. El principal obstáculo es evidente: no se puede aplicar la pena de muerte mientras sigamos siendo parte del Pacto de San José, bajo el amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo limita nuestra capacidad de impartir justicia plena y autónoma frente a crímenes atroces, como asesinatos y violaciones de menores, que indignan profundamente a toda la nación. No obstante, cuando se plantea la posibilidad de abandonar este pacto internacional, sectores progresistas se oponen, argumentando que dicho organismo ha sido un bastión para la defensa de aliados de su ideología marxista.

Es cierto que, salir del Pacto de San José podría otorgarnos mayor autonomía, pero esto no basta. También sería imprescindible garantizar que los órganos de justicia actúen con mayor severidad y que se implemente un riguroso proceso de selección para quienes integren el sistema judicial en nuestro país.

Algunos especialistas señalan que el sistema de justicia peruano es profundamente deficiente, lo que justifica la necesidad de una instancia supranacional para garantizar la aplicación de la justicia frente a actos graves. Sin embargo, tanto el Pacto de San José como la CIDH han sido criticados por estar influenciados por sectores progresistas, lo que genera la percepción de complicidad con ideologías marxistas. Esto ha resultado, en algunos casos, en la indemnización y liberación de personas vinculadas al terrorismo, lo que causa una gran indignación en la ciudadanía.

Salir de la CIDH y del Pacto de San José podría permitirnos implementar una justicia más firme y estricta contra asesinos y violadores en el Perú. Sin embargo, no podemos ignorar que nuestro sistema de justicia enfrenta serias deficiencias que requieren atención urgente antes de que podamos asumir tal autonomía de manera efectiva.