Elusión o tributación destructiva

Según cualquier buen diccionario de español, el vocablo “elusión” implica algo muy preciso: la acción y efecto de evitar una dificultad. Por milenios, la humanidad ha sobrevivido eludiendo racionalmente muchos peligros. Léase: actuando para evitarse problemas. Los Impuestos también son una cosa muy precisa: cargas legales —con o sin contraprestación— a privados para financiar gastos estatales. Económicamente hablando, la diferenciación del código peruano (entre tasas, contribuciones y tributos) es solo otra cantinflesca forma de arbitrariedad institucional.

Pero referirnos a impuestos implica tomarse un cuidado adicional. Los impuestos destruyen. Al ser cargas compulsivas —directas o indirectas— a privados, aunque necesarias para financiar el aparato estatal y ciertos servicios públicos básicos en cualquier sociedad moderna, no son inocuas. Nos empobrecen o deterioran nuestra competitividad per se.

En la teoría económica el conjunto de impuestos que otorga el mayor nivel de bienestar —mientras extrae los ingresos requeridos por la burocracia—- se denomina “óptimo”. Al determinar este conjunto de impuestos, los consumidores y las empresas deben tener la libertad de elegir sus planes de consumo preferido y a los precios resultantes, para continuar maximizando las ganancias. De no observarse esto, se distorsiona y daña consistentemente a la sociedad.

Podemos discutir sobre los efectos parciales de un impuesto ponderando las elecciones entre criterios de equidad, neutralidad y eficiencia; pero lo cierto es que, óptimamente, las cargas tributarias (se etiqueten o no como impuestos) deben idealmente conducir a precios que equiparen la oferta con la demanda. Las reglas tributarias abusivas son, pues, un sello característico de la política de las naciones pobres o de bajo y esporádico crecimiento.

Establecido esto vayamos a los afanes de nuestro novísimo presidente del Consejo de Ministros y su interés por recaudar más impuestos, como el expectorado ex ministro Tuesta. Pero esta vez usando la etiqueta de combatir la elusión. Algo muy diferente, debe notarse, a combatir la evasión tributaria.

Como un preámbulo necesario, aquí cabe reconocerse que lo primero que hacen los abogados del llamado combate a la elusión es abrazarse a la ideología. Para un hacedor de política económica mercantilista-socialista (o caviar, como se les etiqueta periodísticamente en estos tiempos) los tributos y los abusos tributarios son acciones justicieras. Para ellos la presión tributaria más alta es siempre la más deseable. Eso de que los impuestos deben tener límites y permitirse que los mercados funcionen es inaceptable.

Para ellos, la elusión tributaria es un fenómeno oscuro. Eso sí, a diferencia de la evasión tributaria (no pagar los impuestos claramente precisados en una ley), la elusión implica un cuadro arbitrario que penalizaría cualquier acción de los contribuyentes que persiga racionalizar el pago de impuestos. Así, en tono casi policial, sostienen que cualquier respuesta endógena al desincentivo tributario —a pesar de estar estrictamente apegada a la ley— sería un delito. Y a pesar de que el eludir implique la utilización del conocimiento de la ley y de estructura de costos (lo llaman aprovechamiento de vacíos legales) para sobrevivir como firma o ser rentable (lo llaman obtener ventajas no proscritas por la normativa tributaria).

No me sorprende que el ministro Del Solar, el furtivo ex ministro de PPK, en sus primeras declaraciones luego de asumir el cargo haya enfatizado que la burocracia necesita cobrar más impuestos para gastar más. Y que, para ello se encargará de que la ley antielusión sea una realidad. Aunque una afirmación así de tajante implique el explícito avasallamiento del actual Congreso de la República. Sí, de ese particionado, accidentado y cabizbajo poder del Estado que de acuerdo la Constitución Política peruana es el responsable final de legislar tributariamente. Pero aquí, con tal de gastar más, todo vale. Incluso proscribir comportamientos racionales y —nótese— deseables. Y es que un país florece cuando las firmas locales no evaden tributos, y mucho más cuando estas son eficientes y reaccionan rápidamente a los desincentivos. Incluidos los tributarios.

Tampoco me sorprende que el buen Del Solar no haga ni la más mínima referencia a la deplorable calidad del gasto burocrático, por el que se pide más extracciones a los privados. Ni que el aludido tampoco sugiera ninguna acción definida por introducir desincentivos drásticos a la corrupción burocrática. De hecho, pedir más impuestos para gastarlos con tan baja calidad y tan masiva corrupción administrativa es algo cercano al escándalo. Pero recordemos, la ceguera ideológica es eso: ceguera.

Desde los aciagos días de la elección de los candidatos de Odebrecht y de sus cuadros, quienes gestionan el Estado peruano solo parecen querer aumentar el tamaño del botín… perdón, de los presupuestos estatales. Y para eso, les vale todo. Por eso, en los próximos días debemos tener mucho recelo con los afanes gubernamentales de tomar —o reformar el sistema que administra— los ahorros previsionales de más de siete millones de personas en las AFP. Después de todo, a pesar de este estentóreo combate a la elusión, además de deprimir inversiones y negocios, seguramente recaudarán tres chizitos.