El sombrío futuro de las municipalidades

Los resultados de las elecciones internas de los partidos, para elegir candidatos, indican que no es necesario ser pitoniso para avizorar que los alcaldes y gobernadores regionales que serán elegidos el próximo 7 de octubre serán peores que los actuales, quizá con honrosas excepciones. En general, esas elecciones muestran que no existe una reforma política que permita elevar la calidad de los candidatos y, en consecuencia, mejorar la gestión de los municipios y las regiones.

El nefasto artículo de la Ley de Partidos Políticos que permite a las agrupaciones elegir sus candidatos mediante asamblea de delegados, y sin que la ONPE sea la entidad que organice los comicios internos, ha puesto en evidencia lo peor de nuestro sistema municipal. Aunque en medio de este océano de mediocridad debemos resaltar el esfuerzo de dos partidos: Acción Popular y Juntos por el Perú. Ambas agrupaciones destacan porque han elegido sus candidatos mediante el principio de “un militante un voto”. Incluso Juntos por el Perú, con la participación de Nuevo Perú como aliado, tuvo la audacia de utilizar el sistema de listas incompletas, permitiendo la participación de ciudadanos no militantes, con un padrón adicional y con la fiscalización de la ONPE. ¡Aplausos para ellos!

Más allá de este gesto, el mecanismo de asamblea de delegados provocó en Lima Metropolitana una gran cantidad de casos en los que se hizo evidente el nepotismo electoral y la reticencia de aquellos alcaldes que ya no podían ser reelegidos. Estos últimos han optado entonces por migrar como candidatos a otros distritos y provincias vecinas, imponer a sus familiares o colocarse en los primeros lugares de las listas de candidatos a regidores, con la intención de seguir siendo el poder en la sombra.

En las situaciones más folclóricas, se ha dado el caso que la próxima elección será motivo de resolución de problemas pasionales, pues en una lista el alcalde saliente pone a su amante y en la otra lista postula a su esposa. Es decir, se pretende que el electorado decida una controversia conyugal. Por otro lado, un padre de la patria ha vociferado sin ningún rubor: ¡Mi mamá será mejor candidata a la alcaldía de Trujillo!, pidiéndole permiso al papá —en realidad propietario de un partido-universidad— para no apoyar al candidato de esa agrupación en la que milita. Así estamos, en la era premoderna de la política, anunciando un sombrío panorama para las nuevas alcaldías a elegirse.

Si había la esperanza de que la reforma constitucional que prohibió a los alcaldes ser reelegidos genere una renovación de los partidos políticos, estábamos equivocados. Los grupos de poder, enquistados, han aplicado con gran habilidad aquel dicho de “hecha la ley hecha la trampa”. A tal punto que algunos, a sabiendas de que no pueden ser reelegidos, han sido ratificados como candidatos a la alcaldía en abierta provocación a la legalidad. Y es obvio que pretenderán alguna argucia legal o recurso constitucional para intentar ser validados por el Jurado Nacional de Elecciones.

Las elecciones internas, en su gran mayoría, han mostrado un régimen de franquicias electorales, partidos controlados por familias, dueños de universidades o por empresas unifamiliares. Es una realidad más grave que aquella que vivimos en las elecciones municipales y regionales del 2014. Claro, alguien podría decir, ¡No seas pesimista, porque finalmente es el pueblo el que decide! Esa objeción tendría sentido si no fuera por otra realidad. La alta tolerancia social, que acepta este sistema municipal y los altos niveles de corrupción. Ya hemos visto en las elecciones pasadas como, pese a que los ciudadanos reconocían que el alcalde robaba, si hacía obras preferían votar por él.

En la actualidad, la gran mayoría de candidatos realizan se dan maña para realizar campañas millonarias, sin que la actual ley electoral les impida hacerlo, por los altos parámetros de tolerancia en regalos y prebendas que la modificatoria de la ley electoral permite. Y no nos engañemos, es muy común escuchar en la población aquella frase: ¡Qué dice mi candidato, qué me has traído para apoyarte! Y vaya que funciona, lamentablemente.

Los índices de corrupción que la Contraloría ha mostrado, y los que se ventilan en los medios de comunicación durante estos días, demuestran que entre los años 2015 y 2018 la corrupción municipal no ha disminuido, sino que ha aumentado y con nuevas modalidades, cada vez más perversas y cercanas a la economía delictiva. Varios alcaldes lideran mafias de tráfico de terrenos o bandas de extorsionadores, y otros muestran evidentes síntomas de ser líderes de procesos de lavado de activos, minería ilegal y del narcotráfico.

Claro, siempre puede haber la posibilidad de que, en un arranque de dignidad y de reserva moral, la opinión pública modifique esta tendencia y se imponga una corriente renovadora, con nuevas autoridades honestas y eficientes. Pero a la fecha, a tenor de los resultados de las recientes elecciones internas, no existe ningún indicador, ningún atisbo, de que esta tendencia pueda modificarse. ¡Cuánto quisiera equivocarme!