El punto de quiebre

Urge acuerdo político para virar el timón y retomar el crecimiento económico. 

Lo que algunos denominan benévolamente “ruido político” y otros dramáticamente “crisis política” tiene que acabar porque, a pesar de los altibajos del sistema político, es preferible generar institucionalidad antes que una interrupción abrupta de los períodos gubernamentales. 

El punto de quiebre puede estar representado por la convocatoria al diálogo nacional, pero ésta implica el reconocimiento de debilidades, omisiones, errores y otros por acción propia. La oposición crece y se fortalece porque quienes tienen las responsabilidades de gobierno han generado un vacío ante la opinión pública, por eso ella voltea a mirar a los otros actores de la clase política. 

El punto de quiebre es necesario porque la política implica, per se, la toma de decisiones de consecuencias colectivas. Por el contrario, el debilitamiento de la autoridad hace que ésta se inhíba de resolver y, en consecuencia, se genere incertidumbre. 

El ritmo de crecimiento de nuestra economía se ha visto afectado por factores externos, pero principalmente por factores internos. La poca convicción en el modelo de desarrollo y reducción de la pobreza hizo que se priorice un gasto social que garantiza cierta satisfacción de la urgencia y aminora la conflictividad, pero que tiene que ser cubierto y la única manera de hacerlo es solventándolo. 

Si se incrementa el gasto y no se generan nuevos ingresos, ni se promueve la inversión, el resultado es el que estamos viendo: desaceleración de la economía. En paralelo, el país registra un crecimiento vegetativo, casi inercial. 

¿Qué queremos transmitir con esto? Que el panorama económico, político y social se tornará más incierto si no decidimos girar el timón, mirar hacia adelante y comprometernos todos, oficialismo, oposición, agentes económicos y organizaciones sociales a recuperar la estabilidad que el país requiere. 

La inversión pública puede acelerarse, pero el impacto positivo que pudiese representar es poco con respecto de la inversión privada. Ésta compromete los ahorros de los ciudadanos, principalmente; y, en adición, los que corresponde a la inversión extranjera directa. Por lo tanto, la decisión de inversión corresponde a cientos de miles y millones de personas, quienes libremente deciden sentar las bases del crecimiento futuro, cada uno con su expectativa de crecimiento, reclamando solamente a sus autoridades emitir señales de confianza. 

Sin confianza no hay credibilidad, sin credibilidad no hay largo plazo ni predictibilidad. Los agentes económicos deciden inversiones en función a escenarios de recuperación de su dinero y de una expectativa de ganancia razonable que les permita reinvertir y alimentar el círculo virtuoso del crecimiento. 

Optar por el crecimiento implica una opción política, sí. Es confiar en la ciudadanía, en que ésta será capaz de generarse su propio bienestar y no depender de quien, desde el gobierno, le pueda entregar un beneficio efímero que, en vez de dignificarlo por medio del trabajo, lo convierta en un personaje sometido a la decisión de quien ejerce el poder. 

Nos preguntamos, porqué en vez de tanta maraña burocrática el Estado no elabora la arquitectura jurídica que permita al ciudadano, mediante Declaración Jurada expresada por medio de una Carta Notarial, asumir los compromisos de cumplimiento que decide autónomamente cumplir en un plazo razonable. El control del Estado sería ex post, corrigiendo aquello que amerite y reconociendo y estimulando a la persona que cumpla la ley. De esta manera se destrabarían infinidad de proyectos, grandes, medianos y pequeños. La recuperación de la confianza se daría casi de inmediato y volveríamos a la senda del crecimiento y a la drástica reducción de la pobreza. 

Por. Guillermo Vidalón del Pino
11 - Feb - 2015