El gasoducto sur peruano

Sobre la importancia del proyecto y sus problemas con la licencia social.               

“El gasoducto sur peruano” es la obra más importante para el desarrollo de la región sur del país. El 2008 una incitativa privada se adjudicó la concesión de esa obra (Kuntur). El proyecto se basa en tres condiciones: la certificación de las reservas; utilizar el 90% de la capacidad del ducto, y tener un periodo de financiamiento de aproximadamente 18 meses.

El estado no podía esperar más y por ello lo puso en licitación. La condición era que no dependiera de la certificación de reservas y los objetivos son: asegurar el sistema eléctrico nacional; promover la construcción de ductos regionales (Quillabamba, Anta-Cusco, Arequipa y Puno), y crear y desarrollar una industria petroquímica.

La licitación la ganó la empresa brasilera Odebrecht. La obra cuesta unos 7,328 mil millones de dólares. Uno de los mayores cuestionamientos al proyecto es la financiación a través de las tarifas eléctricas (Garantía de Red). Sin embargo Marko Harasic, director de Odebrecth, señalo a “SEMANAeconomica.com”, el 4 de julio del 2014: “el concesionario hará toda la inversión en la construcción del gaseoducto sur antes que exista cualquier tipo de pago… utilizará fondos propios y buscará financiamiento de acuerdo al contrato”.

El Ministro Eleodoro Mayorga, en noviembre del 2014, señaló: “Odebrecht utilizará el estudio de Kuntur y estará “obligado” a complementar algunas zonas distintas a las de Kuntur, esto con el objetivo de agilizar la construcción del gasoducto…”.

El pueblo cusqueño, a pesar de la  errática política energética del gobierno, celebró la iniciación del proyecto. En la provincia de La Convención y particularmente en los centros poblados de Echarate, esperaban ansiosos concretar una serie de proyectos que el estado (Gobierno nacional, regional, y local) no podía realizar debido a su incompetencia y corrupción. Los alcaldes de los centros poblados de Echarate señalaron: “ahora tenemos experiencia para negociar la licencia social con obras de desarrollo local”.

El 31 de enero pasado, en el centro poblado Kiteni, la empresa Odebrecht se reunió con delegados de 57 comunidades agrarias, dirigentes barriales, empresarios y organizaciones sociales, para concertar obras de desarrollo local. Los dirigentes señalaron: “seremos vecinos por más de 30 años y todos debemos colaborar por el bien de nuestro pueblo”.

Mientras los pobladores de Kiteni esperaban  llegar a acuerdos, los funcionarios de la transnacional bajaban de sus camionetas soberbios. Pertenecen a esa tecnocracia “liberal” que desde las alturas pretende imponer políticas “anti populistas”. Como los tecnócratas del MEF, que decían que si se derogaba la ley pulpin renunciarían, pero no renunció ninguno.

Representan a una burocracia corporativa, dogmática, arrogante, que no entiende el Perú, que les dice a los agricultores “no estamos para solucionar la pobreza”; “podemos colaborar pintando el colegio y arreglando el jardín”; que “las carreteras son públicas” y que pueden transitar con sus camiones de más de 45 toneladas de peso y malograr la vía (bicapa, angosta), que tanto costó conseguir. La lista de agravios es larga. Fueron echados entre gritos y amenazas de expulsarlos de La Convención.

Costará mucho que los pobladores de Kiteni, Quellouno, Ivochote, kepashiato, Pangoa le den licencia social a Odebrecht. Será una confrontación dura. La empresa tiene el deber de estar a la altura de este gran proyecto que el sur demanda.

Por Tino Santander Joo

03 - Feb - 2015