El fundamento ideológico del dispendio

 

Llegados a un punto como este, nada mejor que desnudarse. En materia de política económica esto implica dejar de lado la retórica, las poses de sordos irreconciliables (por sus propios intereses económicos) y transitar hacia la contraposición de cifras con métricas transparentes. Es decir, ¿cuánto cuesta cada cosa?, ¿quiénes la pagan?, ¿qué beneficios proporciona? y ¿a quiénes beneficia? Así las cosas, en materia de política económica también sirve ponderar de qué tamaño es el botín estatal en juego y quiénes lo administran. Sobre quienes lo pagan puntualmente —a través de los impuestos, tasas, contribuciones, impuesto inflación, extracción de recursos vía licencias monopólicas (léase: empresas estatales) y nuevo endeudamiento neto a nuestras espaldas— la cosa es clara: ustedes.

Aceptando esto, es menester reconocer que el botín en enorme.Entre los años 2003 y 2017 el aparato estatal registró un gasto acumulado de alrededor de US$ 283,244 millones. Un volumen de recursos implacablemente extraídos a nosotros indiscriminadamente, que no soporta ninguna comparación racional con los que nos entregaron las burocracias de Toledo, Kuczynski, Humala, Concepción Carhuancho o Vizcarra en términos de bienes y servicios. Si alguno de ustedes recuerda que en el Perú hoy se aplican prácticas de asignación de presupuestos por resultados o que existen instituciones como la Contraloría General de la República y el MEF, les recuerdo que la asignación por resultados es hoy un saludo a la bandera —solo evalúa grosso modo al usuario- y la pobre Contraloría no tiene ni para el pan.

Gran botín en el que, como dice Thomas Sowell, el procedimiento lo es todo y donde cada años brillamos por los indicadores de ineficiencia y corrupción burocrática. A pesar de todo esto abundan los supuestamente sesudos análisis que abogan por una mayor extracción de recursos a los peruanos y lo etiquetan con la frasecita “déficit de Estado”. Es decir, no toquemos el desastre administrativo estatal y —para que todo el mundo tenga todo— hay que introducir más impuestos, más tasas, más contribuciones, más impuesto inflación, más licencias monopólicas para las empresas estatales o mayores deudas. Pero no nos preocupemos sobre qué tan mal gastamos los recursos extraídos destruyendo competitividades, endeudándonos y empobreciendo a la gente.

Parafraseando al activista catalán Joan Manuel Serrat, entre quienes abogan por mantener este statu quo y quien escribe “hay un problema personal”. Discrepo hasta la médula con ellos. Y para graficar mi discrepancia me referiré a tres escandalosos ejemplos de dispendio fiscal basado en el sesgo ideológico de toda actualidad.

La primera —y a alto riesgo de ser etiquetado como una suerte de economista odiador— nos lleva a la cantinflesca trifulca referida a la introducción de planos de ideología de género en el currículo escolar. No voy a caer en las masivas negaciones respecto a que eso no es lo que es o que solo es tal cosa. Me referiré a los planos económicos del asunto. El primero nos refiere al hecho de que desde la burocracia —incentivada desde los organismos multilaterales— se imponga una visión que desapega el sexo del género y que introduce subsecuentemente múltiples tratamientos especiales asociados a la imposición de esas ideas no es algo gratuito. Implica un negocio del que muchos lucran. Y de hecho, nos cuesta previsiblemente a los contribuyentes una cantidad significativa de recursos. Si bien no existe nada parecido a la más elemental transparencia respecto a cuánto costaría, los beneficios medibles que proporcionaría, o a quiénes beneficiaría, sí sabemos quiénes pagarían esta pachanga ideológica (los contribuyentes).

¿Qué sucedería ex post si descubrimos que los efectos sociales de esta campaña —ideologías afuera— resultan mediblemente nocivos? Otra interrogante: ¿Existe conflicto de intereses entre quienes reciben financiamientos paralelos e implementan estas medidas sobre los hijos de otros que no tienen opción sino de enviarlos a escuelas descapitalizadas? Algún día lo sabremos y, como en el caso de otros botines burocráticos (como las empresas públicas), podría ser tarde. Otra vez vemos privados inescrupulosos medrando desde una posición estatal y maquillando este vergonzante cuadro con posiciones ideológicas financiadas. Sí, como en los años setentas y las empresas estatales y su secuela de corrupción y endeudamientos tolerados.

El segundo caso es la flagrante responsabilidad de varios entes estatales (como Sedapal, varios ministerios, reguladoras y municipios, la Contraloría y demás) y el desastre de saneamiento de San Juan de Lurigancho. Lo curioso aquí pasa por ponderar las centenas de millones de dólares que pagamos año tras año en mantener a estos burócratas, sus edificios y gollerías, la cómplice pasividad del Poder Judicial (que no los encarcela) y lo peor: las poses de acusadores (de privados que ellos contrataron) y de víctimas indirectas que asumen en medio de la desgracia de otros. Recordémoslo, ellos fueron y son pagados para que esto no suceda.

No podría cerrar esta entrada sin referirme a la peudo lucha anticorrupción burocrática (o la plana y llana complicidad con esta) que caracteriza el accionar estatal de estos tiempos. Un estimado propio de costo —en menor crecimiento— asociado a la corrupción burocrática de las últimas dos décadas fluctúa sobre un PBI entero. Somos muchos más pobres por ella y lo pagamos todos, mientras que solo beneficia a los coimeros, coimeados y a los cómplices pasivos que también deberían estar presos. ¿Se ha puesto a pensar que si los delincuentes quedan impunes, de secretarias a presidentes, por la ineptitud y corrupción de nuestras instituciones, les estamos pagando millones de millones por un buen circo mediático y no meter preso a nadie? Dispendio puro y duro con una bonita justificación ideológica.

La solución aquí es muy sencilla. Un manejo fiscal transparente y con asignación de gastos bien medida. Eso sí, con incentivos implacables anticorrupción burocrática y presupuestos asignados afiladamente por resultados. Ideologías de género, defensas a los botines y gollerías burocráticas al tacho.